En el límite

No confundan: recortar no es reformar

Admitámoslo, tal como recogía el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Mariano Rajoy habría aplicado con firmeza los ajustes presupuestarios que exigían nuestros socios y recomendaban los organismos internacionales: importantes recortes del gasto y, sobre todo, enormes subidas de impuestos. Aun así, estas medidas distan de ser suficientes, por sí solas, para contener la hemorragia o para garantizar una posición sólida en el futuro. Ante la reticencia a transformar ciertos aspectos cruciales de nuestra economía, corremos el peligro de deslizarnos por la peligrosa pendiente griega: muchos ajustes, pocas reformas.

Aunque los recortes resulten imprescindibles para reducir el gigantesco déficit, constituyen solamente una primera cura para la grave enfermedad. Una medida de corto plazo que debe ir acompañada inmediatamente de profundas reformas, capaces de erradicar las causas generadoras del despilfarro y de transformar radicalmente el sistema económico, abriendo las puestas a un crecimiento sostenido. 

Desgraciadamente, el gobierno parece poco dispuesto a acometer verdaderas reformas creyendo quizá que, con un certero manejo de la tijera, buena voluntad de nuestros socios y una recuperación de la economía internacional, la situación puede estabilizarse e, incluso, mejorar. Y podrán atribuirse los esperados éxitos al sacrificio realizado. Pero este enfoque se encuentra un tanto alejado de la realidad: aunque se intente confundir, recortar no es reformar. Mientras el recorte es una medida excepcional, reversible en el futuro, que puede solucionar una eventualidad de corto plazo, la reforma se dirige a resolver de manera permanente aquellos problemas que venimos arrastrando desde el pasado.

Reformamos o nos hundimos

Reformar es transformar las instituciones para que funcionen con mayor rigor e imparcialidad. Cambiar las reglas del juego por otras más justas, garantizando que todos los agentes se atendrán a ellas. Eliminar las barreras que sostienen privilegios, impidiendo la participación de muchos y la libre competencia. Abrir las instituciones para poner límites al monopolio del poder, a la connivencia entre políticos y conocidos “empresarios”, al reparto inconfesable de rentas o al intercambio de favores. Es sencillo concluir que estos cambios no sólo afectan al sector privado sino también a las normas impuestas a los gobernantes: reforma económica y reforma política son, inevitablemente, dos caras de la misma moneda. Y constituyen la única salida para evitar el definitivo hundimiento de nuestro carcomido sistema.

Pero hay demasiados asuntos problemáticos a los que se aplica un mero recorte, eludiendo la necesaria reforma. Algunos casos son ilustrativos. Se reduce el gasto de inversión en líneas de Alta Velocidad pero no se suprime el estrafalario proyecto de extender la red a todas las capitales de provincia: tan sólo se aplaza la ruinosa subasta del “llegue en AVE hasta su pueblo”. La reforma consistiría en transformar radicalmente el método de planificación de las infraestructuras: en lugar de atender a la imagen que generan, a las comisiones ilegales que proporcionan o a las necesidades electorales de los caciques de turno, el criterio debería basarse siempre en un riguroso cálculo de rentabilidad social para asignar unos recursos escasos que son de todos.

Se reducen ligeramente las ayudas a patronal y sindicatos pero no se señala la ineficiencia y falsedad de un sistema en el que los mal llamados “agentes sociales” están comprados por el poder. Una colección de sindicalistas que no recuerdan ya el último año que trabajaron y una patronal que difícilmente representa al verdadero empresario, competitivo e innovador. Para fomentar agentes verdaderamente representativos, la reforma debería eliminar definitivamente cualquier subvención a estas organizaciones y a sus correspondientes fundaciones. Y, por supuesto, cambiar radicalmente financiación de la formación para el empleo, retorcida e inconfesable vía para engrosar las mismas arcas.

Se apunta la posibilidad de reducir el número de diputados autonómicos pero no se señala el verdadero problema: la absoluta inutilidad del parlamento (sea nacional o autonómico) pues no cumple en la práctica ninguna de las funciones teóricamente encomendadas. Una cuadrilla de aprieta-botones, a señal convenida, que no elabora las leyes, ni controla al ejecutivo, ni ejerce la representación de los ciudadanos. La crisis no debe servir de excusa para acometer una reforma de la ley electoral, que garantice a los ciudadanos una representación directa y devuelva al parlamento su función de supervisión y control.

Un sistema autonómico en espera de cambios

Se recorta el volumen de transferencias a las Autonomías pero, a pesar haberse roto el correspondiente tabú, los gobernantes continúan sin admitir el completo fracaso de un modelo autonómico que no responde a las necesidades de los ciudadanos sino a los intereses de las oligarquías locales. Piden austeridad a las Autonomías pero no señalan la necesidad de redistribuir las competencias atendiendo a criterios de eficiencia y economía, de arbitrar los correspondientes mecanismos de control para reducir las enormes redes caciquiles y clientelares (que alimentan la corrupción) o de establecer algún sistema capaz de desmontar las innumerables trabas a la competencia, y a la creación de empresas, que los políticos autonómicos implantaron en beneficio propio y de sus amigos.

Podrían citarse decenas de casos adicionales pero, a la vista de un puñado de ejemplos, resultan explicables esas reticencias de los gobernantes hacia las transformaciones profundas y su inclinación a los meros recortes. No en vano, las reformas tienden a eliminar privilegios de la clase política y de sus amigos. Los recortes, por el contrario, pueden concentrarse en las partidas que menos perjudican a las oligarquías partidistas, aunque dañen a amplias capas de la población. Aquellos conceptos presupuestarios que alimentan las redes clientelares, que nutren los mecanismos de intercambio de favores o que engordan los aparatos de propaganda, son los que menos probabilidad tienen de sufrir reducciones.

En definitiva, acometer las reformas requiere claridad de ideas, convicción, valentía, generosidad, sentido del deber y grandes dosis de visión de futuro. Para recortar y subir los impuestos, basta con llamarse Cristóbal Montoro.


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