En el límite

Una brigada 'montorizada'

A esa inevitable tendencia de los políticos españoles a gastar a manos llenas –el dinero de otros, no el suyo– respondieron nuestros socios europeos exigiendo tres medidas que, supuestamente, corregirían tan calamitosa trayectoria. Obligaron a introducir una enmienda constitucional que limitara el déficit estructural, a promulgar una ley de estabilidad presupuestaria que asegurase el equilibrio de las cuentas públicas y, por último, a crear una autoridad fiscal, un órgano independiente que, como omnipresente ojo de halcón, vigilase permanentemente los presupuestos y pusiera coto a tan desmedida afición al despilfarro. Una estrategia que destilaba cierta ingenuidad. ¿De verdad creían las autoridades europeas que la Constitución, o las leyes, suponen barreras insalvables a la acción de nuestros políticos o que en España pueden existir organismos independientes?

Para cumplir la tercera exigencia, el Consejo de Ministros sacaba a la luz el pasado viernes el anteproyecto para la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ese órgano de rimbombante nombre, teóricamente encargado de moderar la prodigalidad de nuestros gobernantes para empujarlos hacia una sana austeridad, aunque sus informes no vayan a ser vinculantes para la Administración. Con su acostumbrada modestia, la nota de prensa del Ministerio de Hacienda señalabaque “se dará, así, cumplimiento sobresaliente a la exigencia europea de crear un órgano que se coloca en vanguardia de las instituciones fiscales independientes de nuestro entorno”, una muestra adicional de esos usos oficiales que anteponen la palabrería a la sustancia, el autobombo a la objetividad.

La lógica de una Autoridad Fiscal Independiente

Pocos niegan la necesidad de un organismo independiente que supervise gastos e ingresos públicos, detecte con anticipación situaciones peligrosas e impida a los gobernantes actuar con su familiar lógica del corto plazo. Al igual que la política monetaria fue arrancada hace muchas décadas de las manos de los políticos, y supuestamente encomendada a técnicos independientes, las corrientes actuales abogan por una limitación en la discrecionalidad de la política fiscal, imponiendo reglas obligatorias y una férrea supervisión de gasto e ingreso por parte de una institución ajena al Gobierno.

Este órgano fiscal independiente debe componerse de expertos pues no resulta sencillo ni inmediato identificar los riesgos ni dar la alarma a tiempo, dado que el exceso de gasto se origina mucho antes de que afloren sus funestas consecuencias. El problema no suele surgir en las crisis sino en las etapas de expansión, en los momentos en que no hay signos aparentes de alarma. En las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, el Estado recibió cuantiosos pero temporales ingresos procedentes de la burbuja inmobiliaria que, por prudencia, debían haberse ahorrado para tiempos peores. En su lugar, los políticos actuaron con el cortoplacista espíritu de la cigarra y, para mayor recochineo, se jactaban de sus desmedidos gastos sin que tan imprudente proceder se tradujera en una señal alarmante de déficit excesivo… por el momento. Sin embargo, al convertir los ingresos transitorios en compromisos de gasto permanentes, en interminables estructuras burocráticas autonómicas, los gobernantes cebaban y cebaban una devastadora bomba que estallaría al llegar la crisis, poniendo al país al borde de la bancarrota y en la tesitura de acometer drásticos recortes en el peor momento posible.

Para prevenir estos peligros, el organismo fiscal debe examinar ingresos y gastos con un enfoque intertemporal, separando la parte estructural (la duradera) de la coyuntural (la efímera, en función del ciclo) y tocar fuertemente la campana de aviso cuando la estructura del presupuesto no resulte prudente ni sostenible en el tiempo. Además, estos expertos no sólo deberían analizar cuánto gastan los gobernantes sino también cómo gastan. Por ejemplo, un organismo dotado de medios suficientes podría calcular el precio de mercado de los bienes y servicios que compran las administraciones para compararlo con el precio, generalmente muy inflado, que éstas realmente pagan. Aunque no constituya prueba definitiva, el margen entre esos dos valores es un buen indicador de esas omnipresentes comisiones ilegales que tan gravosamente repercuten en el bolsillo del contribuyente.

La independencia como adscripción al ministro de Hacienda

Pero estos órganos de control fiscal sólo son eficaces cuando sus miembros son verdaderamente independientes. Sólo así pueden exponer y mantener, contra viento y marea, criterios molestos e inconvenientes para el poder político, resistiendo las habituales presiones. ¿Será independiente esta Autoridad Fiscal en España? No, de ningún modo, pero al menos la nota hace gala de cierto sentido del humor: “la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se adscribirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta adscripción en ningún caso afectará a su autonomía e independencia funcional”. Ya se sabe, excusatio non petita… Además, sin tapujos ni disimulos el texto añade que “la designación del Presidente se realizará por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Hacienda”. La independencia, made in Spain, se encuentra aquí perfectamente definida como una adscripción personal al ministro de Hacienda, más paseado en el texto que el baúl de la Piquer.

Pero también patinan y se deslizan aquellos que exigen con vehemencia que sea el Parlamento, no el Gobierno, quien nombre los miembros de esta Autoridad Fiscal. O bien creyeron la cantinela de que el Parlamento es la representación de la soberanía popular, y no una cuadrilla de aprieta-botones a una orden del jefe de partido, o bien trabajan para el partido de la oposición. Sólo existe una diferencia de matiz entre las dos opciones: los designados por el Gobierno deben obediencia a un solo partido mientras que los nombrados por el Congreso se reparten por cuotas entre los que acatan las órdenes de Rajoy y los que las reciben de Rubalcaba. Dos resultados a cual más indeseable.

Dado el actual funcionamiento institucional, es mucho más difícil encontrar en España algún órgano no manipulado por los partidos que diez hombres justos en la antigua Sodoma. Si las autoridades europeas deseaban realmente un supervisor fiscal eficaz, con criterio propio, sólo tenían un camino: nombrarlo directamente ellas mismas. Y, aun así…


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