En el límite

¿Vacío legal u océano de leyes?

Siempre me ha resultado bastante sospechosa la expresión “existe un vacío legal”, utilizada para explicar algún etéreo o supuesto mal y para animar a la elaboración de nuevas leyes o normas que regulen algún aspecto concreto de nuestras relaciones sociales o económicas. Sin embargo, la simple idea de encontrar en nuestro entorno un ámbito insuficientemente legislado o regulado se me antoja un imposible categórico. No en vano, desde su aparición hace unos 30 años, las Administraciones Autonómicas han promulgado más de 100.000 leyes, normas y regulaciones, con gran frecuencia incoherentes entre ellas y una gran complejidad de detalle. Más de 700.000 páginas de boletines oficiales. Alguien capaz de leer 100 páginas diarias de estos farragosos y aburridos textos tardaría en leer todas las normas… unos 20 años.

Quizá por ello, uno de los argumentos más contundentes del actual Presidente del Gobierno en el debate de investidura consistiera en afirmar que en España existen demasiadas leyes, muchas de ellas imposibles de cumplir. Completamente de acuerdo, don Mariano: el sistema actual impone enormes costes a las empresas y pone trabas a la innovación, a la competencia y al mercado único interior. Por ello, resulta imprescindible simplificar esta maraña legal, reduciendo drásticamente el número de normas. Lo que evitó mencionar Rajoy son las causas que pueden explicar esta hiperactividad legislativa de las Comunidades Autónomas y las fuerzas interesadas en mantener el caótico statu quo.

Hay quien ha interpretado este exceso de leyes, muchas de ellas innecesarias o contraproducentes, como una excusa de las Comunidades Autónomas para establecer más y más organismos y, con ellos, nuevos cargos donde colocar a los propios a costa del contribuyente. Sin embargo, este objetivo de crear nueva burocracia no explica más que una parte del fenómeno. Hay algo todavía peor: los modernos estudios señalan que existe una relación muy estrecha entre exceso de regulación y corrupción.

A pesar de que, sobre el papel, todas estas leyes se promulgan con el declarado y loable propósito de proteger al consumidor o velar por los intereses del ciudadano, muchas de las regulaciones no tendrían otro objetivo que el de restringir la competencia favoreciendo así a algunas empresas, que pueden obtener beneficios adicionales a costa de otros productores rivales y de los consumidores. Se trataría de imponer barreras a la entrada, de manera que las pocas empresas que puedan establecerse (comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) obtengan unas rentas no competitivas, que a la larga compartirán con los políticos. Las contraprestaciones a los dirigentes pueden oscilar entre sufragar gastos para la campaña electoral, pago de comisiones, colocación de familiares, ofrecimiento de un puesto muy bien pagado en la empresa cuando el dirigente se retire de la política etc. Se crea, de este modo, una connivencia estable entre ciertos sectores empresariales y políticos a través de un intercambio de favores.

El exceso de normas es el caldo de cultivo en el que crece y se reproduce la corrupción pues la consecuente complejidad del sistema regulatorio y la imposibilidad de alguien pueda cumplir todas las normas favorece la discrecionalidad en las decisiones públicas, condición necesaria para el comportamiento corrupto. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. A la hora de conceder una licencia, un permiso para operar en un sector o una contrata pública, la administración encontrará en todos los casos alguna argucia legal para otorgar el favor o privilegio a los “amigos” pues siempre es posible señalar alguna norma que no cumplen las empresas o particulares que deben ser excluidos. Y los estudios internacionales indican que suelen ser los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente buena parte de estas complejas trabas y contradictorias normas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito.

La situación más extrema suele darse cuando una empresa debe solicitar permisos a varias administraciones diferentes para llevar a cabo su actividad. Como todas las licencias resultan necesarias, el poder de negociación de cada administración es enorme, pudiendo elevar la contraprestación de forma muy considerable. Por ello, resulta muy interesante la propuesta de Rajoy consistente en impulsar un “sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias” por parte de las Comunidades Autónomas. De llevarse a cabo esta medida, el permiso obtenido de una Comunidad serviría para operar en todas las demás. Un cambio revolucionario en la dirección del Estado de las Autonomías. Puede que sin saberlo, o sin decirlo, el Presidente del Gobierno haya señalado un proyecto que no sólo favorece la unidad del mercado interior sino que constituye una medida anticorrupción de manual ya que, al eliminar la exclusividad, rebaja sustancialmente el poder de negociación de cada administración con las empresas en la concesión de los permisos.

Es seguro que la medida no va a gustar en ciertos ámbitos políticos aunque, probablemente, la resistencia a este cambio no vaya a ser abierta sino encubierta, disfrazada con otros argumentos aparentemente benéficos y altruistas. Permanezcamos atentos: a ver quién es el primero que se retrata.


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