En el límite

Ulises y la estabilidad presupuestaria

Interesante es recordar aquel pasaje de la Odisea en el que su protagonista, Ulises, traslada a sus marineros una insólita orden. Era consciente de que las crueles Sirenas mataban a cuantos navegantes se aventuraban en las cercanías de su isla tras atraerlos con sus melodiosos cantos. Por ello, mientras el resto de la tripulación sellaba sus oídos con cera, nuestro héroe decidió escuchar pero pidió ser amarrado fuertemente al palo mayor y no ser liberado bajo ninguna circunstancia convencido de que, dejado a su libre albedrío, acabaría sucumbiendo a la poderosa tentación, arrastrando a sus compañeros a una muerte segura.

El pasado viernes, y como parte de otra odisea bastante más prosaica y mucho menos heroica, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, con el propósito de proscribir el déficit estructural y evitar el crecimiento excesivo de la deuda pública. Como Ulises, los políticos conocerían bien los peligros de los números rojos pero también la irresistible atracción que ejercen los cantos de sirena del gasto a raudales y el déficit desbocado. Por ello, si nos atenemos a las declaraciones oficiales, habrían decidido establecer unas prohibiciones para sí mismos, amarrándose firmemente al mástil del rigor presupuestario en la seguridad de que, en ausencia de ataduras, una y otra vez volverían a navegar por las procelosas aguas de la desmesurada prodigalidad con el dinero ajeno. Una medida acertada que, aplicada eficazmente, podría corregir graves problemas de nuestra economía. Sin embargo, cabe discutir si la actitud de nuestros políticos es tan sincera y decidida como la del famoso personaje homérico y si las ligaduras que contempla esta ley poseen tanta resistencia como las que aplicaron a su jefe los esforzados marineros griegos.  

Los objetivos del presente anteproyecto son ciertamente loables. Establece una regla fiscal que pretende eliminar a largo plazo el déficit estructural, esto es, aquél que se debe únicamente a decisiones deliberadas de los gobernantes y no a los efectos automáticos del ciclo económico. No entra en este cómputo, por ejemplo, la caída de la recaudación impositiva debida a la crisis ni el mayor gasto en prestaciones por desempleo, consecuencia de una contracción de la actividad económica. Pero el saldo estructural no puede medirse directamente a través de las cuentas públicas sino que requiere un complejo cálculo  ¿A quién corresponderá realizar oficialmente la estimación y determinar su cuantía? Debería tratarse de un organismo que goce de independencia de los poderes públicos. Por otro lado, el período transitorio hasta 2020 para cumplir estos objetivos se antoja un tanto excesivo ya que, por su propia naturaleza, el equilibrio estructural de las cuentas públicas no depende de las circunstancias económicas, tan solo de la voluntad de los gobernantes.

Para que la regla fiscal propuesta tenga éxito es necesario garantizar que sea difícilmente reversible y que existan mecanismos eficaces de disciplina y sanción para los que la incumplan. Aunque venimos conviviendo varias décadas con el déficit estructural, sólo se ha comenzado a poner remedio cuando las circunstancias han llegado al límite. Se ha llevado a cabo con prisa e improvisación, poca discusión, bajo la presión de los mercados y de una manera que se antoja un tanto reversible. Así, una reforma de la Constitución en pocas semanas, por un simple acuerdo de los dos partidos mayoritarios, abre la posibilidad de otra reforma en sentido contrario, con la misma sencillez, cuando el apremio remita. Una aprobación mediante  referéndum habría contribuido a asentar la firmeza de la norma.

También pueden suscitar ciertas dudas los mecanismos establecidos para garantizar el cumplimiento, especialmente en un país donde los sistemas de control del poder político son inexistentes o prácticamente inoperantes. Así, se contempla que el gobierno podrá establecer una sanción del 0,2 % del PIB para la administración que incumpla reiteradamente el objetivo, esto es, se castiga el déficit excesivo… con más déficit. Mayor eficacia podría aportar un aumento automático de los impuestos correspondientes al ámbito territorial donde se produce la desviación, de manera que esta información se trasladase de forma inmediata a la cuenta corriente de los votantes. Tampoco parece sencilla la posibilidad de obligar al gobierno nacional en caso de inobservancia de la norma. Probablemente, ni siquiera podríamos contar con un pronunciamiento reprobatorio del Tribunal Constitucional, si continúa siendo nombrado a cuotas por los partidos políticos. En definitiva, resulta poco probable que, sin una adecuada reforma política que garantice un adecuado juego de contrapoderes y establezca los oportunos mecanismos de control, una simple ley de equilibrio presupuestario, junto a una apresurada reforma constitucional, sean capaces de romper tan asentada y perjudicial inercia.

Ulises forcejeó hasta el límite sin conseguir zafarse de las gruesas sogas. Necesitaríamos muchos cambios radicales en la política española antes de dejar de sospechar que nuestros gobernantes van a amarrarse con un simple hilo de coser para permanecer inmóviles justo el tiempo que tardan los mercados, las agencias de calificación y nuestros socios europeos en sacar la correspondiente foto.


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