En el límite

Trillo y Pujalte: los 'compatibles'

Las últimas revelaciones sobre Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, no generan mucha sorpresa en la España actual. Gracias a despiadadas luchas intestinas, la filtración de conductas discutibles constituye el desayuno de cada día, un rutinario suma y sigue. Ambos personajes habrían recibido suculentos honorarios por dudosos servicios de consultoría, sospecha ya formulada hace tres siglos por Jonathan Swift en "los viajes de Gulliver":Su Majestad no entendía que tanta gente ansiara formar parte del Parlamento cuando el puesto ocasiona tantas molestias y proporciona tan magra remuneración. Sospechaba que tan exaltada virtud y tan enorme espíritu cívico podrían no ser tan sinceros. Y que algunos parlamentarios abrigasen el propósito de resarcirse de gastos y fatigas sacrificando la conveniencia pública.

¿Necesitamos una ley advirtiendo que los actos irregulares, o presuntamente delictivos, son incompatibles con la condición de diputado?

Los tiempos cambian pero las peleas por ocupar cargos permanecen crueles y salvajes, con unos contendientes que no se mueven precisamente por virtud y espíritu cívico. Nada nuevo bajo el sol. Lo llamativo es la ocurrencia para resolver el problemilla: endurecer la incompatibilidad de diputados y senadores. Un método tan eficaz como cazar tigres a pedradas. Las leyes de incompatibilidad sirven para garantizar la exclusividad, obligar a concentrarse en una determinada actividad pública. Pero difícilmente evitan conductas dudosas; en todo caso sirven de coartada para justificarlas bajo un tramposo argumento: si es compatible, es legal, incluso ético. Una forma de desviar la atención de la naturaleza de los actos para focalizarla en los aspectos formales. ¿Necesitamos una ley advirtiendo que los actos irregulares, o presuntamente delictivos, son incompatibles con la condición de diputado? Si los interesados no lo saben... apague y vámonos.

Una actividad podría respetar las normas de incompatibilidad pero ser reprobable. Incluso ilegal. O, por el contrario, perfectamente ética pero incompatible. Todo depende de lo que se comercie. En las transacciones corruptas, el cargo público se beneficia personalmente de algo que, en puridad, no le pertenece. Delinque quien vende aquello, tangible o intangible, de lo que no es más que un mero administrador o depositario. La separación de lo público y lo privado, el trazado de su frontera, no requiere leyes complejísimas que contemplen una por una las miles de eventualidades. Ni normas que encadenen al parlamentario. Basta con el sentido común. No hace falta un catálogo exhaustivo que recoja todas las malas prácticas posibles de un cargo público: todo el mundo las identifica... si quiere. 

¿Poseen estos dos personajes cualificación profesional para cobrar cantidades astronómicas por una asesoría sin documento escrito?

Unas preguntas interesantes

Enfrentado al caso de Trillo y Pujalte, un parlamento serio y honrado se abstendría de entrar en disquisiciones sobre compatibilidad. Formularía preguntas más interesantes. ¿Poseen estos dos personajes cualificación profesional para cobrar cantidades astronómicas por una asesoría sin documento escrito? ¿Acostumbran las empresas a pagar semejantes tarifas a profesionales no relacionados con la política? ¿Y aceptan asesoramientos puramente verbales? Si la respuesta a estos interrogantes fuera negativa, si las tarifas estuvieran notoriamente infladas o el informe escrito fuera la norma, cualquier comisión de investigación debería concluir que existen indicios racionales de tráfico de influencias. Especialmente cuando las empresas son constructoras que contratan con la administración. Y actuar en consecuencia relevando a los personajes de todos sus cargos públicos. Las empresas no sólo pagan por meros conocimientos técnicos: también por contactos, legislación favorable u obtención de contratas.

La depuración de responsabilidad política debe ser rápida y directa ante indicios racionales, sin perjuicio de lo que pudieran determinar, años o décadas después, los tribunales. El cargo público no es un derecho del titular, sino una función delegada por los ciudadanos: es imperativa la revocación cuanto exista sospecha de irregularidad o falta de honradez. Nadie es imprescindible ni faltan candidatos para la sustitución.  

Sin embargo, en instituciones donde la corrupción se encuentra generalizada, donde casi todos regentan suculentos negocios, incluyendo el malvado filtrador, pocos se formulan las preguntas relevantes. Al contrario, muchos intentan judicializar la política para eludir responsabilidades mientras no exista condena. Apelan a la desgastada presunción de inocencia, a sabiendas de que el derecho penal es un elefante lento, bastante torpe en un entorno con muchas dificultades para obtener pruebas concluyentes. Y donde los jueces aplican las garantías con mucha más generosidad que en otro tipo de delitos. Otros sugieren cortar por lo sano, proponiendo que el escaño sea incompatible con cualquier actividad. Pero ello no impide que las dudosas asesorías se traspasen a hermanos, hijos, primos, cuñados o testaferros. Hecha la ley, surge rauda la trampa.

Donde hay putrefacción, los poderosos acostumbran a saltarse a la torera el espíritu, la intención de las leyes, aunque puedan cumplirlas formalmente

Exceso de leyes; mayor corrupción

Donde hay putrefacción, los poderosos acostumbran a saltarse a la torera el espíritu, la intención de las leyes, aunque puedan cumplirlas formalmente. Allá van leyes, do quieren reyes. De ahí la tentación a legislar hasta los detalles más nimios, a promulgar normas complejísimas, capaces de contemplar cualquier eventualidad. Pero se trata de un círculo vicioso que genera efectos perversos. El exceso de leyes enrevesadas es el mejor caldo de cultivo para la arbitrariedad y la corrupción pues favorece interpretaciones torticeras e interesadas. Corruptissima re-publica, plurimae leges.

No hay texto legal capaz de imponer normas éticas en la política. Solo funciona el ejemplo, el control del entorno, la buena selección de los gobernantes, la fiscalización de otros poderes del Estado y, en última instancia, la vigilancia de la opinión pública y los ciudadanos. Pocas leyes, claras y sencillas, voluntad de supervisión, principios, buena fe y sentido común. ¡Qué contrariedad!, justo lo que falta en la política española. Y con pocas perspectivas de mejora: cientos de personajes de todo pelaje, algunos famosos, se afilian a toda prisa a los nuevos partidos al ritmo de las perspectivas electorales. ¿Qué tendrán esos cargos cuando tanta gente se toma enormes molestias en conseguirlos?


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba