En el límite

Soplan vientos de apaños

Los húmedos vientos traen rumores de pactos entre los grandes partidos, es decir, entre sus cúpulas dirigentes. Rubalcaba tiende la mano a Rajoy, ofrece su hombro para luchar juntos contra la crisis y el paro, un acuerdo con efecto taumatúrgico que obre el milagro de conjurar los profundos males de la economía española pues, ya se sabe, empujan con más fuerza dos que uno. Desgraciadamente, el acuerdo o desacuerdo entre Gobierno y oposición resultan bastante irrelevantes en la resolución de los problemas cotidianos de los españoles. El remedio sólo llega cuando los gobernantes toman con valentía las decisiones correctas, aun duras y difíciles, sea con compromiso entre fuerzas políticas o sin él. Entonces ¿por qué algunos muestran tanto empeño en los pactos?

Desde hace años, el compromiso entre partidos, el mal llamado consenso, viene disfrutando de una dimensión especial, casi mágica, en el imaginario de la política española. La propaganda oficial lo presentó como la panacea, el remedio definitivo, un moderno bálsamo de Fierabrás, que todos los males cura. Al fin y al cabo, todos los políticos no pueden equivocarse a la vez ¿o sí? El error implícito, cuando no deliberado, consiste en atribuir al pacto entre partidos las mismas características, virtudes y cualidades que poseen los acuerdos privados, ocultando que la política democrática se rige, o debe hacerlo, por otras reglas distintas. Por ello, en España los acuerdos entre partidos han traído más desgracias que dichas.

La negociación y acuerdo entre privados tiende a dar solución a una disputa, abierta o latente, entre partes. Sin embargo, la política no consiste en la resolución de un originario conflicto entre partidos. Por el contrario, la democracia se basa en la competencia entre formaciones, en la crítica racional y argumentada, dentro de unas reglas previamente aceptadas. Los acuerdos partidarios son más bien un apaño, un intercambio de favores, que beneficia a los líderes más que al cuerpo social.

Consenso no es apaño entre partidos

El consenso, o consentimiento, es el acto originario de fijación de reglas del juego dentro de las que se desarrollará la política de un país. Es el acuerdo sobre los principios básicos, el fundamento y los límites de la acción de los gobernantes, la fijación de los pilares que establecen una Constitución. Pero, por propia definición, este consenso no puede ser un mero acuerdo entre élites gobernantes, ni siquiera entre partidos, sino un consentimiento amplio del cuerpo social, del conjunto de la ciudadanía que constituye la nación.

Un vez establecidas y aceptadas ampliamente estas reglas, la política del día a día se fundamenta en una crítica constante y en una confrontación de argumentos entre partidos. La contrastación de ideas, propuestas y políticas o el gobierno decidido de las mayorías, constituyen las esencias de la democracia moderna mientras que el abuso de los arreglos, componendas o enredos, acaban impidiendo la sana competencia de ideas en el terreno político y conducen al anquilosamiento, a la apatía y al reparto tácito de lo público en esferas de intereses. La democracia se basa en decisiones responsables de gobierno, explicadas y razonadas con profundidad ante el parlamento y la opinión pública. Y en una leal oposición, que contrapone ideas y razonamientos alternativos. Nunca en una política errática, improvisada, no explicada, ni en un superficial intercambio dialéctico entre gobierno y oposición, plagado de frases hechas, simplezas, burdos recursos retóricos o meras descalificaciones.

La oposición puede coincidir o no con las medidas del gobierno, pero su criterio debe ser profundo y desinteresado. Nunca depender de contrapartidas y compensaciones. En una democracia digna de tal nombre, el asentimiento se basa en la convicción, no en el intercambio de favores.

Unos acuerdos en beneficio de los dirigentes

Desgraciadamente, la política española se alejó desde el principio de estos básicos principios. El pretendido consenso constitucional nunca se construyó desde ese amplio consentimiento social que pretende el relato oficial. El debate abierto a la opinión pública fue sustituido por una discusión secreta entre partidos y un arreglo de conveniencia, origen de las profundas deficiencias de un sistema político viciado desde la raíz y carente de las apropiadas reglas y controles eficaces. A partir de ahí, la dinámica entre gobierno y oposición ha evitado siempre el debate de ideas, sustituyéndolo por la descalificación, la frase aprendida, la teatralización de la disconformidad y la ausencia de argumentos profundos o alternativas concretas. Una política más dirigida a los veinte segundos televisivos que al elector pensante y ávido de argumentos.

Por ello, los acuerdos entre partidos raramente se basaron en coincidencias programáticas, en una voluntad de impulsar conjuntamente medidas a favor del ciudadano ni en el propósito de arrimar el hombro en nombre de un sano patriotismo sino, más bien, en un intercambio de prebendas y favores o en pactos entre facciones para defenderse y protegerse de las críticas. Un “te apoyo a cambio de algo” o “no te saco las vergüenzas si tú ocultas las mías”, un compromiso con letra pequeña para beneficio y ganancia de los firmantes, no de los ciudadanos. Una privatización de la vida pública para reparto del pastel entre unos pocos privilegiados. Ejemplos notables fueron los pactos establecidos por PSOE o PP con los nacionalistas para poder gobernar en algunas legislaturas y que, lejos de acuerdos programáticos, no eran más que una cruda compra de votos a cambio de jugosas concesiones a costa del ciudadano.

Los partidos mayoritarios pueden pactar entre ellos cuantas veces lo deseen, deteniendo por un tiempo ese teatral y aburrido intercambio de desgastadas invectivas. No por ello va a empeorar, ni mejorar, la banal política española. Eso sí, muchos agradecerían que, de producirse, los firmantes excluyesen del discurso conceptos tales como bien común o futuro de los ciudadanos. No cuela. El respetable está ya suficientemente toreado como para saber que los partidos convencionales no mueven un dedo, ni una triste comisión, salvo en beneficio propio o de sus dirigentes.


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