En el límite

¿Solución al problema autonómico?

La crisis política que atraviesa nuestro país es tan profunda que incluso algunos sectores de la intelectualidad han comenzado a tomar conciencia de su gravedad. Nunca es tarde para percibir que la recesión económica venía acompañada de un agotamiento del modelo institucional. Encomiable osadía al reconocer que el modelo autonómico, envuelto hasta hace muy poco en un terrible tabú, pudiera crear disfuncionalidades. Quizá por ello comenzamos a escuchar soluciones a vuelapluma, remedios inmediatos al caos territorial que nos acogota. Como ese que consiste en dotar de capacidad financiera plena a las autonomías. Que los gobiernos regionales cubran el gasto recaudando sus propios impuestos. Una buena idea... en principio.

La financiación mediante transferencias del centro ha creado incentivos perversos en los gobiernos autonómicos, incitando al despilfarro. Pocos frenos sujetan a quien no percibe vínculo entre gasto excesivo y mayor presión fiscal. Quién puede derrochar a manos llenas sin fastidiar a los votantes locales, sin tocarles la cartera. Por ello, continúa el razonamiento, cada palo debe aguantar su vela. Si un gobernante autonómico desea gastar más… allá él y sus votantes. En último término, ante la imposibilidad de pagar la fiesta, que la autonomía… quiebre. Y es aquí donde este argumento de la responsabilidad se debilita. Si el Estado no ha dejado caer ninguna caja, ¿permitiría que una administración entrase en bancarrota? Es probable que los gestores autonómicos percibieran, a pesar del cambio, que sus peligrosas piruetas continúan cubiertas por una resistente red.

Un medida correcta puede ser, por sí sola, insuficiente. Aceptable, pero ineficaz si se aplica aisladamente. La irresponsabilidad fiscal es “un” problema pero no es “el” problema de las autonomías en España. Las deficiencias del sistema territorial español son mucho más complejas, con profundas raíces en el vigente sistema institucional. Poner en duda el dogma de las autonomías constituye un avance muy loable. Pero falta todavía un trecho hasta aceptar que el desastre territorial no es más que un reflejo del deficiente diseño del Régimen de 1978. Y que su resolución sólo puede pasar por una profunda reforma del sistema político. 

Descentralización: una discusión inacabada

Aunque inédito en España, el debate sobre la descentralización es bastante antiguo. Sus defensores argumentaron desde el inicio que se trataba de una vía para combinar las ventajas de un país grande con las de un país pequeño. Para disponer de un gran territorio, de un gran mercado, sin renunciar a la cercanía entre gobernante y gobernado. Para preservar esa capacidad de los votantes de vigilar y controlar de cerca a sus dirigentes y representantes. Esa idea clásica de que la democracia se perfecciona en ámbitos reducidos. Como la polis griega.

El ideal descentralizador cristaliza en el siglo XX con una teoría económica que contempla entes regionales, controlados de cerca por los votantes, capaces de adaptar los servicios públicos a las preferencias locales. Fiscalmente responsables y dispuestos a competir entre ellos por atraer más contribuyentes mediante impuestos reducidos, mejores servicios públicos y una administración pequeña y eficiente. Pero este postulado, justificado por elegantes modelos económicos y apoyado en el buen resultado de países como EEUU o la RFA, pronto se dio de bruces con la realidad. Justo cuando algunos intentaron aplicarlo a países distintos y distantes.  

En contra de lo previsto, la descentralización generaba en otras latitudes más corrupción, creciente ineficiencia, nuevas barreras a la competencia, una administración hipertrofiada y muy intervencionista, inestabilidad presupuestaria e, incluso, menos crecimiento. ¡Qué contrariedad! Ahora se descubría que el resultado final dependía crucialmente de las instituciones imperantes de un país. Que los mecanismos de control de una democracia solo se perfeccionan en el ámbito regional allí donde ya eran eficaces en la política nacional. Y que los defectos se reproducían a escala local, sustancialmente agravados. La democracia podía mejorar en unidades más pequeñas… o acabar de corromperse hasta extremos impensables. Todo dependía del marco institucional.

Un paraíso para caciques

Dentro del sistema político español, sin mecanismos eficaces de control del poder, una descentralización improvisada y caótica no podía llevar a buen puerto. Los vicios se trasladaron al ámbito autonómico y engordaron con celeridad. Para los políticos, era más sencillo dominar los medios de comunicación en espacios más pequeños. Y, para los votantes, más complicada la supervisión de los gobernantes cuando se solapaban competencias de varios escalones administrativos. El clientelismo, los privilegios, la corrupción, el reparto de rentas, la excesiva regulación o las trabas a la competencia alcanzaron cotas desconocidas. Un caciquismo de nuevo cuño que creaba nuevos problemas sin resolver los antiguos.

Y, una vez llegados a este colosal desbarajuste, algunos consideran que, traspasando la capacidad recaudatoria a las autonomías y procediendo a algún ajuste parcial, el problema puede solventarse a satisfacción. Quizá a la de unos pocos. Los ajustes incrementales, las medidas puntuales, sirven para mejorar sistemas que funcionan aceptablemente. Sin embargo, un régimen basado en el intercambio de favores, desde la cúspide a la base, y sometido a una poderosa inercia, solo puede transformarse mediante una profunda reforma política que instaure los controles, la separación efectiva de poderes y la representación directa. Y permita la existencia de una prensa libre e independiente del poder. Una reforma que establezca un criterio de reparto de competencias entre territoriales basado en la eficiencia en la prestación del servicio, no en los intereses de las élites locales. Y que fije límites a la capacidad normativa de las autonomías para evitar trabas y exceso de regulación, salvaguardando la unidad de mercado.

Es urgente tomar conciencia del papel crucial que desempeña la calidad de las instituciones a la hora de proponer medidas transformadoras. Especial esfuerzo de concienciación se solicita a aquellos que gozan de acceso a casi todos los medios de comunicación. Desgraciadamente, vivimos en un país donde importa muy poco lo que se dice. Y mucho quién lo dice. 


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba