En el límite

Negociación colectiva: los intereses creados

La reforma de la negociación colectiva constituye una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. A pesar de las últimas enmiendas, su regulación conserva los principales rasgos de su diseño original con consecuencias muy negativas para el desempleo estructural y la eficiencia de nuestra economía. Sin embargo, la sola mención a la reforma parece atraer una discusión agria, con muy pocos argumentos racionales, como si muchos intereses particulares anduviesen en juego.

La regulación actual establece muchas trabas a una negociación independiente en cada empresa, favoreciendo unos acuerdos únicos y homogéneos, de aplicación obligatoria a muchas empresas en todo un ámbito sectorial o territorial. La potestad para negociar los convenios se concede a unas asociaciones patronales y a unos sindicatos, poco representativos, en detrimento de los empresarios individuales y de los comités de empresa. Por ello, el poder y la influencia de los sindicatos no proviene tanto de la afiliación (que es baja) como de la capacidad que la ley les confiere para decidir por amplios colectivos de trabajadores no afiliados. La legislación fomenta, además, que, en ausencia de acuerdos, se prorroguen los convenios anteriores: es lo que se conoce como “ultraactividad”.

La forma de negociar los salarios constituye un factor muy relevante en el funcionamiento del sistema económico. Los salarios son ingresos pero también son precios que desempeñan importantes funciones de ajuste. Con flexibilidad suficiente, responden a ciertas fuerzas económicas, aumentando más en las etapas de expansión y menos durante las crisis, ayudando así a equilibrar la oferta con la demanda de trabajo y a estabilizar el desempleo. Reflejan también las evoluciones de la productividad, proporcionando a los trabajadores unas señales y unos incentivos para dirigirse hacia aquellas empresas o sectores más pujantes y a cualificarse en aquellas profesiones que más van a contribuir al crecimiento. Sin embargo, si los salarios se fijan por medios que no responden a la productividad o al ciclo económico, la información en el mercado de trabajo se trastoca, la eficiencia del sistema y las perspectivas de crecimiento disminuyen, dando lugar a inflación y a una elevada tasa de desempleo estructural.

Con la negociación colectiva actual, los salarios tienden a responder incorrectamente a las variaciones de la productividad. Los incrementos salariales se aplican por igual a muchas empresas heterogéneas, que pueden haber experimentado variaciones de la productividad muy distintas. La negociación a un nivel de empresa tiende a generar en las partes unas posiciones más realistas pues conocen bien la productividad y los límites para trasladar individualmente los incrementos excesivos de costes a precios. Por contra, una negociación a nivel de sector o territorio, que es lo habitual en España, lleva a las partes a considerar que un incremento de salarios superior al de la productividad no genera gran quebranto pues la repercusión a precios se ve más factible cuando todas las empresas deben hacerlo a un tiempo. Así, la consiguiente subida de precios en todos los sectores lleva a que los aparentes incrementos salariales se diluyan, dejando por el camino un aumento del desempleo.

Mientras la ultraactividad de los convenios dificulta el ajuste de los salarios al ciclo económico, la falta de consonancia de los salarios con la productividad contribuye a emitir unas señales distorsionadas en el mercado de trabajo, entorpeciendo una adecuada reasignación sectorial y espacial de los trabajadores. Tampoco favorece que los estudiantes elijan eficientemente su profesión futura pues los incentivos pecuniarios de cada ocupación no reflejan su productividad ni su demanda.

Además, la negociación colectiva actual puede constituir una práctica no competitiva de algunas empresas en contra de otras. La patronal, que representa preferentemente a las grandes empresas, negocia los convenios de sector y puede pactar unos incrementos salariales artificialmente elevados, que son de aplicación obligatoria para todas las empresas. Las grandes se ven menos afectadas por este aumento de costes ya que poseen generalmente una mayor capacidad para trasladarlos a precios (y más contactos con la Administración para obtener favores y subvenciones). Las pequeñas, por el contrario, experimentan mayor dificultad para asimilar estos nuevos costes: muchas de ellas tendrán dificultades para competir. Por ello, la actual regulación otorga indirectamente a algunas grandes empresas un mecanismo con el que expulsar del mercado a sus competidores más pequeños.

En resumen, el actual marco de la negociación colectiva constituye una vía por la que nuestros políticos han concedido favores y privilegios a las cúpulas sindicales y a ciertas empresas grandes a costa de la competencia, el empleo, la eficiencia y el crecimiento de nuestra economía. Su reforma implicaría un buen paso en la resolución nuestros problemas económicos y, por ello, debería ser incluida en un lugar prioritario dentro de la agenda del próximo gobierno. El cambio podría generar resistencias al menoscabar los intereses de las cúpulas sindicales y patronales. Sin embargo, abriría una puerta para hacer realidad la tan repetida reivindicación de “que los ricos y poderosos carguen con una parte del peso de la crisis”.


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