En el límite

La Inocentada Constitucional

Cada 6 de diciembre, partidos y autoridades rinden homenaje a la Constitución que, según la disparatada frase, “los españoles nos dimos a nosotros mismos” como si de un fortuito y desgraciado tiro en el pie se tratase. Sin embargo, a pesar de esa insistente propaganda oficial que identifica Constitución y Democracia y convierte su crítica en tabú, no hay tantos motivos de celebración en una Carta Magna de torpe factura y escasa eficacia, incapaz de establecer una estructura institucional equilibrada. Y generadora de una organización territorial tan caótica, indefinida y gravosa, que ha desembocado en el complicado laberinto actual. Aunque muy poco tiempo después de su promulgación comenzaron a notarse sus graves deficiencias, ninguno de los partidos mayoritarios planteó seriamente su reforma: “sostenella y no enmendalla, era el lema.

Algunos defienden la validez de la Carta Magna de 1978 atribuyendo el actual desastre institucional a aquellos gobernantes que la violentaron, degradaron, retorcieron o pervirtieron: “la idea era buena pero fue incorrectamente aplicada”, sería el argumento. Sin embargo, una constitución fracasa cuando no establece mecanismos fiables que impidan el quebrantamiento de las leyes, el abuso o la arbitrariedad. Hay que juzgar la Constitución, no por sus intenciones retóricas, sino por su eficacia para promover un funcionamiento equilibrado del sistema democrático y por su capacidad para garantizar el cumplimiento de las normas.

Consenso entre partidos; ruina para el ciudadano

El principal defecto se encontraba en la supuesta virtud esgrimida por los constituyentes: el mal entendido consenso. Una Constitución debe fijar unas reglas del juego coherentes y diseñar una estructura institucional apropiada que garantice los controles recíprocos entre instituciones. Debe asegurar el imperio de la ley, la representación efectiva de los ciudadanos y el funcionamiento neutral de las instituciones. Requiere, por tanto, un texto muy preciso y congruente. Sin embargo, en lugar de partir de un borrador consistente, se sometió a discusión abierta la redacción de cada artículo por separado, intentando buscar una imposible aquiescencia de todos los partidos involucrados.

El método de apaño y componenda no podía llevar más que a la incoherencia, la contradicción o la indefinición, como resultado de un infame e intenso mercadeo en el que cada cual presionaba para introducir reivindicaciones en los artículos de su interés. Cuando el acuerdo no era posible, se recurría directamente al embrollo: no mencionando el tema, remitiéndolo a una ley posterior, esgrimiendo distintas opciones o introduciendo conceptos suficientemente ambiguos. Así, los valores técnico-jurídicos fueron sacrificados en aras del pacto entre partidos, siendo finalmente políticos, no expertos constitucionalistas, los responsables de la redacción. No importaba tanto el texto definitivo de la Constitución, o sus consecuencias a largo plazo, como la foto final con la sonrisa de todos los representantes de los partidos. Se inauguraba así esa política que prima el corto plazo sobre los principios, la imagen sobre la sustancia y la palabrería sobre los fundamentos.

El pretendido consenso sustrajo el debate a la opinión pública. Los acuerdos se alcanzaban frecuentemente en el transcurso de cenas en restaurantes de lujo, fuera de las miradas de la plebe. En la mejor tradición del despotismo ilustrado, los partidos políticos se reunieron, discutieron y consensuaron aquello que era mejor… para los propios partidos. Quedaba así patente la permeabilidad de la frontera que separa el acuerdo del enjuague y el consenso de la componenda. Se argumentó que las direcciones de los partidos representaban los intereses de los ciudadanos cuando, en realidad, tan sólo defendían los suyos propios.

Un limbo jurídico-político “por su propia naturaleza”

El resultado fue un texto constitucional que tendía a la inconsistencia y a la ambigüedad. Mostraba claridad en lo obvio y elemental: la enumeración retórica de derechos y libertades. Pero no diseñaba con precisión ni coherencia una arquitectura institucional equilibrada. Concedía implícitamente el protagonismo a los partidos, sin poner freno a su permanente expansión por las instituciones. Y era tan ineficaz en su definición de la organización territorial que no planteaba un modelo concreto sino un arriesgado e imprevisible proceso, al albur de la voluntad y discrecionalidad de los partidos gobernantes.

Se definió el Estado de las Autonomías de manera tan confusa, improvisada y abierta, que los expertos discrepaban sobre si caminaría hacia un modelo regional, federal, confederal, plurinacional o hacia un híbrido de todos ellos. La Constitución reconocía la existencia de “nacionalidades”, sin nombrar cuales eran. Como las meigas, parecían existir aunque los constituyentes no supiesen donde, quedando este concepto en un limbo político-jurídico.

La Constitución se abstuvo a la hora de preservar para el Centro mecanismos suficientes de coordinación territorial, introduciendo un grave riesgo de fragmentación política, jurídica y económica. No delimitó aquellas competencias que debía retener obligatoriamente el Estado pues, ante la imposibilidad de acuerdo, el texto acabó rizando el rizo de los absurdos: las materias que no podían transferirse a las Comunidades Autónomas eran tan sólo aquéllas intransferibles… “por su propia naturaleza”. Un momento cumbre que unía, en estelar actuación, el derecho constitucional con la metafísica.

Una buena inocentada

Aunque la Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, no fue publicada el día siguiente, como era la costumbre. Se aplazó al 29 para eludir el apodo que hubiera correspondido en la socarrona tradición española: “la Inocentada”. En poco tiempo, los partidos superaron las pequeñas barreras que establecía el texto constitucional y comenzaron a colonizar todas las instituciones del Estado, amenazando la separación de poderes, teóricamente contemplada.

El marco territorial completamente abierto condujo a un lamentable cambalache, donde las competencias se transferían a cambio de algún favor entre partidos, nunca con criterios de eficacia y economía en la prestación de los servicios. En este contexto, fueron traspasadas a las Autonomías atribuciones imprescindibles para la consistencia territorial y el mantenimiento del mercado interior. Los partidos vendían la autonomía como un bálsamo que todo lo remediaba tras percatarse de que el traspaso de competencias incrementaba de forma exponencial el número de cargos a repartir entre sus miembros. Finalmente, el caótico sistema autonómico ni siquiera logró su principal propósito: integrar a los partidos nacionalistas en el marco constitucional español.

Ante el grave deterioro de las instituciones, la reforma constitucional no puede esperar. El régimen de 1978 otorgó a los partidos una función de tutela de los españoles. Hoy los ciudadanos no son tan “inocentes” pero los partidos tradicionales parecen haber regresado a una infancia consentida y caprichosa. En contra de lo que la propaganda vendió hace 35 años, la democracia no es un fin en sí misma sino un medio para garantizar la libertad y el buen funcionamiento de las instituciones. El simple voto no es suficiente: debe servir para controlar a los gobernantes y proporcionar una eficaz representación. Y la prioridad de la constitución debe consistir en garantizar unas instituciones neutrales, sometidas al oportuno juego de contrapoderes y al imperio de la ley. Por desgracia, los políticos no contemplaron estos sencillos principios en 1978.


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