En el límite

¿Funcionan los funcionarios?

La notable pérdida de empleo, la anunciada reforma de la Administración y, últimamente, los resultados de una encuesta que situaba los salarios públicos por encima de la media del sector privado, han contribuido a concentrar la atención de cierta opinión pública sobre los funcionarios. Algunos consideran su estabilidad en el empleo como un agravio comparativo con el resto de los trabajadores: un puesto de trabajo asegurado constituye hoy día un activo tan valorado, que puede percibirse como un privilegio aun cuando no lo pareciera tanto en la larga etapa de bonanza.

Quizá por ello hay quien discute la fórmula de empleo de por vida, proponiendo que los funcionarios se acojan a las mismas condiciones laborales que el resto de los trabajadores. ¿Implicaría este cambio una mejora para la sociedad y para la Administración? Caben dos respuestas diferentes. Se llegaría a la primera obviando las circunstancias concretas y aplicando el razonamiento lógico a las condiciones de un mundo ideal. La segunda se obtendría considerando el funcionamiento real de las instituciones en ese incomparable marco de la política española.  

En condiciones óptimas e ideales, una carrera funcionarial menos rígida aportaría ciertas ventajas. Los gobernantes contratarían profesionales a de forma más flexible, según las necesidades cambiantes del servicio público, mejorando así la eficiencia. Una mayor rotación laboral entre el sector público y el privado aportaría savia nueva y contribuiría a difundir en la Administración nuevos métodos de gestión provenientes del sector privado. Las empresas se beneficiarían también de un mejor conocimiento de las administraciones, con las que deben interactuar. Desde el punto de vista personal, el cambio de trabajo puede resultar saludable: demasiados años en el mismo puesto conducen, en ocasiones, a una sensación de desmotivación, a la convicción de que no hay más retos o poco adicional por aprender.

El funcionariado: la última frontera por colonizar

Naturalmente, para aquellos que mantienen los pies asentados firmemente sobre el suelo, la narración anterior se acerca, más bien, a una historia de fantasía o a una lejana utopía. La fuerte inclinación de la política española al nepotismo, al amiguismo y a la corrupción diluiría las ventajas, dando lugar a muy negativos resultados. En un sistema carente de contrapoderes reales, los funcionarios de carrera constituyen uno de los últimos mecanismos de contención del poder político que todavía siguen en pie, uno de los pocos estamentos del Estado que escapa al control absoluto de los partidos. Un funcionariado profesional actúa como un freno que desincentiva conductas irregulares y aporta un carácter más neutral a algunas instituciones. Estos oficiales públicos pueden denunciar manejos irregulares del poder político, o corruptelas, u oponerse a ellos sin temor a ser despedidos. Sin la garantía de permanencia, los políticos conseguirían un funcionariado mucho más dócil y tolerante con sus arbitrariedades.  

En este sentido, el funcionariado es para los partidos la última frontera por colonizar, uno de los últimos bastiones por conquistar. La manera de vencer esta fortaleza ha sido indirecta, no tanto un ataque frontal como una maniobra de envolvimiento, de soslayo. Han introducido por la puerta trasera, y sin la preceptiva oposición, una cantidad ingente de asesores y empleados de la Administración, muchas veces fieles al partido. Han retirado importantes atribuciones a oficiales públicos encargados de ejercer ciertos controles. Incluso algunos han intentado colar a los suyos en la carrera funcionarial haciendo trampas en las oposiciones, como en ocasiones han denunciado los medios.  

En los sistemas políticos que disponen de oportunos controles, rigor y un adecuado juego de contrapoderes, el carácter inamovible de los funcionarios es un elemento que reviste menor importancia. En España, sin embargo, la aceptación del despido, o la no renovación, en el régimen funcionarial generaría probablemente una Administración con una fuerte tendencia a llenarse de miembros de los partidos, amigos y familiares. O de funcionarios mucho más sumisos y dispuestos a hacer la vista gorda ante el abuso y la corrupción.

Algunas reformas son convenientes

Esto no quiere decir que, en las circunstancias actuales, no pueda reformarse la gestión de la Administración para promover mayor eficiencia y austeridad. La eliminación de todos aquellos servicios y organismos que solo sirven para colocar a los propios y la limitación drástica del número de cargos de libre designación, serían pasos en la buena dirección. También la mejora de los criterios de selección de los funcionarios, reduciendo el peso de las pruebas meramente memorísticas en las oposiciones y primando ciertas cualidades personales, como la facilidad para el aprendizaje o la capacidad de resolver problemas. En algunos cuerpos de la Administración hay actitudes personales tan relevantes como los conocimientos de la materia. Por ejemplo, para seleccionar un buen juez puede tener menos trascendencia el conocimiento de memoria de unas cambiantes leyes que la capacidad de interpretarlas correctamente o un firme talante de ecuanimidad y rectitud. Y, sobre todo, es imprescindible reformar las pruebas para evitar que muchísimas personas dediquen años de su vida a preparar oposiciones. Un enorme despilfarro social de recursos pues la mayoría no logra pasar la selección y acceder al puesto.

Se pueden proponer otros métodos de selección pero éstos deben ser siempre objetivos, evitando especialmente la discrecionalidad de los gobernantes. Dentro del deplorable marco político actual, es sumamente peligroso aceptar algún esquema en el que el que la continuidad del funcionario dependa de una decisión interesada de los políticos. No podemos permitirnos el lujo de renunciar a uno de los últimos mecanismos de freno y control del poder que todavía permanece.


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