En el límite

España, el concepto tabú

Una amenaza amedrenta a Europa: el regreso del nacionalismo. Para explicar su sustancia, informadores, intelectuales y analistas han venido aportando argumentos, razonamientos, puntos de vista. Atribuyen el crecimiento del independentismo en Cataluña al proceso globalizador, a la profunda crisis económica que arruina a las clases medias, a un permanente adoctrinamiento escolar que reblandece el pensamiento crítico generando ciudadanos de consigna y frase hecha. O a unos medios de comunicación comprados por las autoridades locales, esa prensa siempre al servicio de la chequera más abultada.

Pero existe algo más, un elemento que suele pasarse por alto: muchos de los que abrazaron el independentismo a última hora se habrían visto espoleados por una justificada decepción con el marco institucional vigente. Por un hartazgo del ‘modélico’ sistema político surgido de la Transición, que se ha revelado inoperante, disfuncional, disgregador. Un nido de clientelismo, arbitrariedad y corrupción.

Se habrían sumado a la corriente independentista gentes sin convicciones nacionalistas pero hartas del generalizado latrocinio

Se habrían sumado a la corriente independentista gentes poco reflexivas, sin grandes convicciones nacionalistas, pero hartas del generalizado latrocinio. Personas que canalizan su rabia, su decepción, rompiendo la baraja. Al sentirse estafadas reaccionan de manera impulsiva, identifican erróneamente la causa de los males, toman el rábano por las hojas y abrazan causas equivocadas que, lejos de resolver los problemas, los agravan. En su desesperación se agarran al clavo ardiendo de la ruptura, de la demolición de España, sin reparar en que ese camino conduce de nuevo a las puertas del infierno, esta vez sin escapatoria posible. Olvidan que el nacionalismo catalán, gran muñidor de la aventura, no es un agente modernizador, nuevo en la plaza, sino uno de los fundadores, partícipe, protagonista y, sobre todo, gran beneficiario del denostado Régimen. No faltan personajes ‘ejemplares’, evasores y grandes comisionistas, que así lo muestran.

¿Quién destrozó la cohesión territorial?

Muchos se han dejado llevar por la confusión entre España y el marco institucional, una equivocación inducida por el insensato relato oficial. Durante años, el vocablo Constitución ejerció de sustituto de la palabra España, sobre la que pesaba un terrible tabú. La desatinada propaganda de la Transición no tuvo mejor ocurrencia que identificar autonomía territorial con democracia, relegando la palabra España, y sus supuestas connotaciones centralistas, al purgatorio de lo políticamente incorrecto. Para reemplazarla, se rescataron eufemismos como el Estado e incluso en el País Vasco y Cataluña muchos contrarios al nacionalismo dieron en llamarse constitucionalistas, defensores del marco legal e institucional, una acomplejada metonimia dirigida a esquivar el prohibido término.

Han sido décadas de descabellada autocensura, de un oscurantismo tan ridículo que no encontraría parangón en ningún lugar del mundo. Se puede defender la unidad de España, o su disolución, pero riza el rizo de los absurdos considerar tabú la mera mención a aquello que se quiere unir o disolver.

La identificación de España con su marco institucional, de la nación con la Constitución, de la comunidad con un marco legal contingente y transitorio, conduce a un falso silogismo de consecuencias demoledoras: percibir como fracaso de España lo que no es más que un disparatado diseño del Régimen surgido de la Transición. Quien ha quebrado la cohesión territorial no han sido los nacionalistas: fue la Constitución del 1978, que generó unos incentivos perversos y una dinámica fuertemente centrifugadora sin establecer los correspondientes contrapesos. Un texto legal basado en la improvisación, la componenda, el reparto de la tarta entre oligarquías locales. Una verdadera picadora de carne donde el traspaso de competencias quedó al albur de intercambios de favores entre partidos.

Regateo tras regateo, apaño tras apaño, cambalache tras cambalache, hemos desembocado en el caos actual. Los secesionistas no hicieron más que aprovechar todo el impulso disgregador que, sin freno alguno, proporcionaba el marco institucional. He ahí la tremenda contradicción: o se es partidario de la vertebración territorial o de la actual Constitución. No es posible sorber y soplar a un tiempo.

España es mucho más que la Constitución

Enderezar el rumbo de la España política constituye la única vía eficaz para detener y revertir esa corriente de decepción que incita a sucumbir al embrujo de peligrosos visionarios. La conclusión resulta paradójica: los contrarios a la independencia podrían sumar nuevos apoyos, aglutinar buena parte de los descontentos en Cataluña criticando abiertamente el marco institucional vigente, pronunciándose a favor de su reforma radical. Rompiendo ese tabú que exige apoyar la actual Constitución para defender la idea de España. A medida que el sistema político va perdiendo legitimidad a los ojos de los ciudadanos, la impostada identificación resulta cada vez más contraproducente. Es menester salir de Matrix, percibir que España es mucho más que la actual Constitución. Acatar las leyes, sí; defenderlas en su estado actual, no. Una buena advertencia a esos partidos nuevos que están "a por uvas" mientras "Podemos" les come la tostada.

De nada servirá continuar por el camino de las últimas décadas: conceder más y más poder a las oligarquías locales

Pero el necesario cambio constitucional no es precisamente el que insinúa Mariano Rajoy o el que apunta Pedro Sánchez. De nada servirá continuar por el camino de las últimas décadas: conceder más y más poder a ciertas oligarquías locales para que callen por un tiempo. Otorgar crecientes ventajas a unas camarillas corruptas que pretenden trocear el territorio para engullirlo con mayor facilidad. No es posible curar el mal con el mismo veneno que lo causó. Ni aplazar el desenlace cuando no quedan apenas caramelos, pasteles o chocolatinas que repartir.

La auténtica reforma constitucional debe hacer tabla rasa del pasado, partir de cero. Restablecer los controles sobre los gobernantes, garantizar la separación de poderes, la representación directa y poner coto a la generalizada arbitrariedad. Romper las barreras que impiden la participación del ciudadano. Y distribuir las competencias entre Estado y Autonomías de forma precisa, con criterios de eficiencia, economía para el contribuyente y mejor servicio al ciudadano. Por una vez en la historia, buscando el interés de la población, no el beneficio del cacique de turno. La regeneración política profunda, radical, genera ilusión de futuro, metas justas y racionales; no quimeras o ensoñaciones. No existe mejor antídoto contra populismos y nacionalismos. 


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