En el límite

¡Escapan los 'corrutos'!

Gran decepción, tras la euforia anticorrupción, por el insólito auto de la Audiencia de Palma revocando la imputación de la infanta Cristina. Un nuevo traje jurídico a medida, comparable al que vistieron los famosos 'Albertos', también por cercanía a su graciosa majestad. Mejora el horizonte para Urdangarin y Torres ante la posibilidad afrontar un mero delito fiscal, mientras algunos medios se ensañan con el incauto juez por creer que en España la justicia es igual para todos. Por su parte, el 'caso Bárcenas', ahora en la nevera, parece tomar ese acostumbrado guion que eterniza y embrolla los procesos con exageradas garantías. Terminará previsiblemente con poca gloria y menos penas. Resulta frustrante que, las raras veces que se descubre a los presuntos “corrutos”, éstos acaben escapando entre los dedos como si de resbaladizos peces se tratase. ¿Por qué resulta tan difícil luchar contra la corrupción?

En países como España, la búsqueda de limpieza en las prácticas públicas es un combate contra molinos de viento. La corrupción generalizada no es un cuerpo extraño que pueda extirparse de forma sencilla sino una consecuencia de la lógica del sistema. Pretender eliminarla sin reformar radicalmente la estructura institucional es como achicar agua con un cesto. Se comprobó en África, cuando diversos organismos internacionales impulsaron decididas medidas para erradicar la corrupción. Algunos gobiernos establecieron oficinas específicas para vigilar actividades irregulares y crearon mecanismos supuestamente inhibidores de tan perniciosa conducta. El resultado no pudo ser más decepcionante: la corrupción no sólo no disminuyó sino que incluso llegó a aumentar como consecuencia de tan ingenuas acciones.

Un subproducto del sistema de intercambio de favores

Lo que se entiende coloquialmente por corrupción es un elemento consustancial a las relaciones de tipo particularista. Un subproducto del intercambio de favores y privilegios que otorga el poder político, práctica que constituye la piedra angular de los sistemas de acceso restringido. Tal como el 'caso Urdangarin' se encargó de mostrar, las administraciones no tienen dificultad alguna para saltarse las normas, adjudicar los contratos a los amigos o pagar sobreprecios astronómicos. Un moderno “Patio de Monipodio” donde la trampa, el abuso y el desafuero campan por sus respetos.Los políticos siempre reciben algo por cada merced que conceden aunque la opinión pública sólo considere corruptos aquellos episodios en los que se solicita dinero, o bienes, a cambio del privilegio. Pero siempre se trata de un intercambio interesado y aprovechado, un trato no objetivo ni ecuánime que atenta contra la igualdad efectiva de los ciudadanos ante la ley.

Los gobernantes que crean puestos públicos para colocar a militantes y simpatizantes no esperan dinero a cambio sino apoyo incondicional para sí o el partido. Pero la inexistencia de maletines, o cuentas en Suiza, no confiere a este hecho una naturaleza distinta o menos censurable. La corrupción se encuentra enraizada en las propias relaciones particularistas y clientelares; en la selección por amistad, afinidad o expectativa de ser correspondido; en la ausencia de criterios objetivos y neutrales. En ese arraigado 'enchufe' o favoritismo. La contraprestación en dinero no es más que la guinda, el elemento más llamativo y alarmante que corona todo el régimen de arbitrariedad.

Las convencionales medidas anticorrupción sólo funcionan allí donde las relaciones particularistas constituyen la excepción, no la regla. En los países con sistemas de libre acceso y trato objetivo, donde las prácticas corruptas parten de oficiales públicos que aprovechan la escasa vigilancia, confianza o asimetría de información para sacar tajada. Aunque la parte mayoritaria del aparato político se encuentre comprometida con el trato impersonal y objetivo, aparecen relaciones de favor cuando los agentes públicos no son perfectamente controlables, poseen capacidad de maniobra y algunos deciden correr el riesgo ante la perspectiva de elevada ganancia. Las medidas anticorrupción actúan ahí como un desincentivo, incrementando la probabilidad de detección o las pérdidas en caso de ser descubierto. 

“Si combates la corrupción, ella te ataca a ti”

Pero no son efectivas en regímenes de acceso restringido, donde no existe esa estructura estatal que vele por la objetividad. O, si existe, es minoritaria y carente de poder suficiente. “Si combates la corrupción, ella te ataca a ti”, sostenía con pesar un alto funcionario africano tras dirigir la oficina anticorrupción de su país. Por denunciar a altos cargos fue destituido y obligado a exiliarse: una típica historia repetida en diferentes países de ese continente. Al poco tiempo, esas nuevas instituciones creadas para vigilar actividades irregulares eran captadas por el sistema de intercambio de favores, pasando a engrosar la corriente corrupta. Tampoco el voto suele servir como mecanismo de control en estos ambientes: si los electores consideran a todos corruptos, no pueden utilizar este elemento para discriminar entre partidos.

Triste el sino de un país donde muchos dependen del arbitrario favor para prosperar. El intento de romper las reglas no escritas, denunciando la corrupción, puede acarrear desagradables consecuencias. Si tras los ascensos en la judicatura se esconde la larga y arbitraria mano del poder político, siempre habrá jueces que colaboren para hacerse merecedores de buen trato. Si alguno pretende llevar su deber hasta el final, corre el riesgo de ser apartado y sufrir despiadadas críticas de esa parte de la prensa cuya subsistencia depende de la “buena voluntad” del poder. Pocos valientes deciden jugarse su plato de lentejas por expresar la verdad, muchos menos en momentos de profunda crisis.

Allí donde imperan las relaciones particularistas, donde la mayoría de gobernantes, del rey al concejal, cobra comisiones o se encuentra inmersa en un indecente intercambio de favores, enormes sinsabores y dificultades esperan a quienes pretendan denunciar o combatir la corrupción. Sin una profunda reforma que instaure unas instituciones neutrales y objetivas, garantizando el trato impersonal y la selección ecuánime, el riesgo no será precisamente para los corruptos: “allí donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.


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