En el límite

Desconfían de nuestra política

La recurrente desconfianza de los mercados en la deuda española tiende a suscitar cierta sorpresa en algunos analistas ¿Cómo puede contemplarse la posibilidad de insolvencia de un país que tan sólo soporta una deuda del 65% del PIB? No en vano, Grecia supera el 150 %, Irlanda e Italia el 100%, Portugal el 90%, Gran Bretaña, Francia y Alemania el 80%. De ahí que los inversores sean tachados con frecuencia de caprichosos o irracionales. Pero puede que no lo sean tanto.

Los mercados miran al futuro, lo anticipan y deciden basándose, no tanto en el estado financiero actual del país como en que prevén se verificará en los años venideros. La deuda acumulada no es más que un reflejo del pasado: proporciona información pero no es la única ni la más relevante para determinar la solvencia o insolvencia a largo plazo. Mayor transcendencia poseen el crecimiento económico futuro y los déficits estructurales esperados, elementos que dependen en gran medida de las decisiones políticas que se vayan tomando. En este sentido, es muy probable que los mercados anticipen unas decisiones inadecuadas en los años venideros y, como consecuencia, una posibilidad de insolvencia en el largo plazo.

Pero ¿cómo se puede prever la política que se llevará a cabo en el futuro? La ciencia económica descubrió hace ya tiempo que, al igual que la de otros agentes económicos, también era posible predecir en cierta medida la conducta de los políticos. También ellos son racionales y persiguen su propio interés aunque sus incentivos y el límite de sus actuaciones dependen del funcionamiento de las instituciones. Si éstas no funcionan eficazmente o no existen adecuados controles o contrapesos, los gobernantes tienden a unas actuaciones que son perjudiciales para la sociedad: favorecer a ciertos grupos de presión a costa del resto de los ciudadanos, incurrir en un gasto clientelar excesivo, acometer preferentemente aquellos proyectos que generan un flujo importante de comisiones, legislar a favor propio y de sus cercanos, tomar decisiones con una lógica de corto plazo y evitar aquellas reformas estructurales con efectos beneficiosos en el largo plazo pero que pudieran generar ciertas resistencias en el presente.

Los políticos descubrieron que las etapas de expansión y rápido crecimiento de la economía permitían incurrir permanentemente en déficit sin que la deuda constituyese un problema en el corto o medio plazo. También observaron que los ingresos coyunturales conducían a un déficit contable muy inferior al estructural, que es el relevante en el largo plazo. Era posible gastar a manos llenas, crear nuevas estructuras administrativas y generar múltiples derechos de cobro duraderos con el objetivo de comprar votos y voluntades, todo ello sin que las cuentas se resintiesen gravemente…. de momento. Así, unos ingresos temporales se iban convirtiendo en gastos permanente, algo que tiene lógica desde la visión de un político, que se imagina en un retiro dorado cuando acabe estallando la bomba de relojería. Dado que en la gestión de los recursos públicos resulta muy sencillo dar pero mucho más dificultoso quitar, la prudencia dictaría comprometer tan sólo aquellos gastos permanentes que puedan financiarse razonablemente a largo plazo, justo al contrario de lo que ha sido la tónica general.

Muchos coinciden en que, para superar nuestros problemas de solvencia y credibilidad a largo plazo, son necesarias unas reformas que promuevan nuestro crecimiento económico y permitan una consolidación fiscal duradera y sostenible. Pero algunos olvidan que, sin una adecuada reforma política que modifique los incentivos de los dirigentes y su proceso de selección y someta su actuación a unos controles eficaces, es poco probable que algún dirigente se encuentre inclinado a acometerlas dada la previsible resistencia de poderosos grupos de presión, privilegiados por el sistema actual. Como señalaba con agudeza un personaje de Los intocables de Eliott Ness, “lo difícil no es averiguar dónde está el alcohol, sino encontrar algún policía dispuesto a incomodar a Al Capone”.

Nuestro problema de deuda consiste en que los mercados podrían estar apostando a que no se reformará el marco político actual y, por tanto, a que nuestros dirigentes continuarán tomando unas decisiones similares a las del pasado. Anticiparían que no se limitará el déficit estructural a pesar de que ya es una obligación recogida en la Constitución sospechando, quizá, que en España las leyes se cumplen, o no se cumplen, según conveniencia política. Y que el Tribunal Constitucional acabará estableciendo una nueva e insólita doctrina acerca del déficit, a petición de los partidos. Seguramente pronostican que no se reducirá sensiblemente la tasa de desempleo estructural pues los políticos descartarán una reforma laboral profunda para no enfrentarse a los sindicatos.

Presagian que no se eliminará el sistema de favores y privilegios, que impide la libre competencia y la eficiencia de nuestra economía. Y que el sistema autonómico no se ajustará a la lógica de la eficiencia sino que seguirá respondiendo a los intereses de las oligarquías locales. Auguran que no se garantizará la seguridad jurídica, ni se establecerán mecanismos eficaces para frenar la omnipresente corrupción. Tampoco creen que se reformará seriamente el sistema de pensiones para garantizar su estabilidad en el tiempo. Sospechan que, tan sólo, se llevarán a cabo unas reformas menores y algunos cambios superficiales para salir del paso.

Visto así, quizá no sean tan irracionales los mercados. Aun así, estamos todavía a tiempo de lograr que se equivoquen.


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