En el límite

Cristina en el país de las injusticias

La llamativa visita al juzgado de la infanta Cristina no se apartó un ápice de ese conocido libreto que recitan los políticos acusados de corrupción: “no lo sé, no me acuerdo, no me consta, no me enteraba, yo era un mandado y a mí que me registren”. Imposible encontrar en nuestra clase dirigente, menos aún en la realeza, rasgo alguno de grandeza, distinción, hidalguía, principios o responsabilidad. Menos aún de vergüenza torera. Pero sí alguna dosis de mezquindad. ¡Qué fácil es soslayar las preguntas cuando se cuenta con el poco disimulado apoyo de la Fiscalía, gran parte de los medios, los servicios de Hacienda e, incluso, las “dotes adivinatorias” de Mariano Rajoy! “A la Infanta le irá bien”. Por supuesto. Como mucho, le confeccionarán un bonito manto de responsable civil.

A pesar de su atractivo mediático, el caso Urdangarin-Cristina tiene muy poco de excepcional en esta España política carcomida hasta los cimientos por la deshonestidad. Un acelerado proceso degenerativo que comenzó cuando el Régimen de la Transición sustituyó la tradicional corruptela individual y artesanal por una corrupción organizada por los partidos, mucho más eficaz. Se trataba de superar esas arcaicas prácticas donde la misma persona otorgaba el favor y cobraba a cambio. Implantar un nuevo método donde prevaricación y cohecho fueran ejercidas por personas distintas, acaso sin conocerse entre sí. El perverso sistema favoreció la participación de pequeños cargos que, al no beneficiarse personalmente ni conocer la maquinaria en su totalidad, no tomaban plena conciencia de su indigno proceder. Aun conociendo la irregularidad de su acción, podían justificarse pensando que sólo ayudaban al partido.

La desaparición de los controles sobre el poder y el dominio partitocrático de todos los órganos del Estado, incluyendo las más altas instancias de la judicatura, condujeron a un universo paralelo, a un mundo sin rendición de cuentas. Un caldo de cultivo donde la corrupción creció y se multiplicó sin encontrar límites, diluyendo conciencias, quebrando rectitudes, retorciendo integridades.

Corrupción, una historia edulcorada

La prensa convencional representó un decepcionante papel. Ocultó el carácter sistemático de la corrupción, su naturaleza consustancial al sistema, o minimizó su importancia aduciendo excepcionalidad: “los políticos son en su mayoría honrados”. En ocasiones sacó a la luz, total o parcialmente, una versión edulcorada, falsa o hábilmente manipulada del fenómeno. Hay casos especialmente llamativos.

Al trascender a la opinión pública la alarmante extensión y profundidad de los cobros de comisiones, los partidos difundieron, a través de sus periodistas de confianza, el benigno rumor de que esos ingresos ilícitos se destinaban íntegramente a financiar campañas electorales. La sociedad debía disculpar la corrupción como un mal menor, un simple coste añadido para mantener el sistema de partidos, la democracia. Años después se descubriría el pastel. El grueso de los fondos corruptos no se dirige a sufragar gastos del partido, como creían ingenuamente los militantes colaboradores, sino a enriquecer a los máximos dirigentes, asegurando una dorada jubilación.

Hace 14 años un grupo de empresarios regaló al Rey el controvertido yate Fortuna, valorado en 21 millones de euros. En una auténtica democracia, tal obsequio al jefe del Estado hubiera desencadenado un gigantesco escándalo y precipitado la inmediata intervención de la Fiscalía del Estado. Pero España era diferente. El episodio se vendió a la opinión pública como un caso de generosidad, desprendimiento y patriotismo, demostrando que la mejor ocultación es aquella que mantiene el objeto a la vista. Unos ejemplares ciudadanos habrían estirado su cartera para cubrir las apreturas y estrecheces del Monarca, con el único objetivo de fomentar el turismo. Sin esperar favor a cambio, por supuesto.

Pero el devenir de los acontecimientos acabó aplicando el criterio opuesto al caso de Urdangarin y Cristina. Ambos debieron quedar desconcertados al descubrir que su lógica fallaba. Si el regalo de 21 millones al Rey era una loable vía para fomentar el turismo, ¿por qué no se aceptaban los ingresos de Nóos como un medio para fomentar el deporte y la cultura? Olvidaban un sutil detalle. Las reglas no escritas contemplan diferentes categorías. E impiden actuar con tanta libertad y desparpajo a quienes no pueden devolver los favores por sí mismos. A quienes dependen de la voluntad de un tercero, en este caso el Rey, para corresponder a los generosos pagos.

El vendaval amenaza con llevarse el Régimen

La corrupción generalizada no tiene su origen en nuestra cultura, ni en el carácter de los españoles. Es producto inevitable de un Sistema de Acceso Restringido, donde el intercambio de favores prima sobre la valía, el mérito o el esfuerzo. Una degradación que no conoce freno ante la ausencia de equilibrios y controles. Que sólo puede resolverse con una profunda reforma del sistema político.

Tras la evidencia de que los sucesivos escándalos han minado profundamente el crédito de la Corona, algunos contemplan una pronta abdicación de Juan Carlos como la fórmula mágica, el bálsamo de Fierabrás que todos los males remedia. Pero no es tan sencillo. Y no sólo porque, como heredero, Felipe tendría que dar cuenta de esa fortuna, valorada en 1.800 millones de euros, que la prensa internacional atribuye a su padre, y ofrecer alguna explicación de su origen. Lo verdaderamente grave es que no sólo la Corona ha sufrido daños irreparables por el escándalo Cristina: el affaire ha resultado demoledor para el Régimen en su conjunto.

El ciudadano ha presenciado desde su butaca demasiadas trampas, demasiados trapicheos, demasiados cambalaches para exculpar a la Infanta. Ha sido espectador en primera fila de la enorme capacidad de manipulación que posee el poder en un sistema repleto de favoritismos y privilegios, dirigido a proteger al poderoso y avasallar al humilde. Un panorama desolador que sólo puede conducir a la pérdida de confianza en las Instituciones. La legitimidad, esa cualidad que los ciudadanos sólo otorgan cuando consideran que la autoridad se ejerce de manera objetiva, limpia, correcta y justa, ha recibido un tremendo revés. Tan fuerte, que el podrido edificio se tambalea y amenaza con desmoronarse en bloque.


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