En el límite

Capitalismo de amigotes

Según dicen, la declaración londinense de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, molestó mucho a Mariano Rajoy. "¿Cómo se atreve a insinuar que nuestro país no dispone de un marco regulatorio estable y seguro? ¡La marca España arrastrada de nuevo por el lodo! ¡Con la enorme cantidad de recursos que costó convencer a la opinión pública mundial de la excelencia y solidez de nuestra economía!". Pero no debe enojarse tanto el presidente del Gobierno. Poco perjudica pregonar aquello que todo el mundo sabe: la dudosa seguridad jurídica que impera en España. Sólo podría reprochar a Galán que sus declaraciones lleguen con tantos años de retraso. Y recordarle que el inseguro marco regulatorio permite hacer muy buenos negocios… a algunos.

La propaganda pinta ciertos sectores como un conjunto de grandes empresas compitiendo entre ellas por ofrecer más calidad a precios más bajos. Esforzándose por mejorar su eficiencia en un mercado sin barreras bajo la amenaza de potenciales competidores, siempre al acecho para saltar al ruedo y arrebatarles limpiamente la merienda. Todo regido por un marco regulatorio objetivo, igual para todos. Pero la realidad es muy diferente. 

Bajo la alfombra existe poca competencia y muchos acuerdos, tácitos o explícitos, entre esas grandes corporaciones y el poder político, siempre en beneficio mutuo. Una alianza para impulsar un marco regulatorio favorable a las empresas implicadas, con normas orientadas a mantener fuera del mercado a los potenciales competidores. La regulación suele recoger cláusulas tan complejas y enrevesadas que permiten a las autoridades una aplicación discrecional, diferente para cada empresa. Una peculiar ley del embudo que otorga el privilegio a algunos productores en perjuicio de otros. En resumen, enormes barreras artificiales impiden la entrada a nuevas empresas, reservando la parte más suculenta del mercado a los amigos. Todo a costa del consumidor, que acaba pagando elevados precios. 

Tú pones barreras; yo te pago

Es lo que se conoce como capitalismo clientelar o capitalismo de amigos, una utilización perversa e interesada del poder político para imponer normas abusivas e injustas, entorpecer la competencia, garantizar enormes beneficios (rentas no competitivas) a algunos y exigir buena parte del botín a cambio del favor concedido. No puede sorprender que los partidos reciban comisiones, regalos a discreción o condonaciones de créditos. Que se multiplique el patrimonio de muchos políticos y proliferen las cuentas en paraísos fiscales. O que demasiados exgobernantes se incorporen a grandes corporaciones con elevados sueldos, desorbitadas dietas y reducidas obligaciones. Es lo que se conoce como puertas giratorias: las empresas no sólo contratan al expolítico por la influencia que pudiera mantener sino, sobre todo, como pago a los jugosos favores que concedió en el pasado. Demasiados ex altos cargos españoles han atravesado tan particular puerta.

Así como en EEUU muchas leyes fueron bautizadas con el apellido del senador que las impulsó, en España algunas cláusulas regulatorias podrían adquirir un nombre propio, no de diputado alguno, sino de la empresa beneficiada por la retorcida norma. La seguridad jurídica y el Estado de derecho se van difuminando a medida que la aplicación de la ley pierde su carácter objetivo, universal, impersonal y previsible para todos. Las empresas dedican más recursos a la compra de favores que a la satisfacción de sus clientes mientras la frontera entre lo público y lo privado se torna cada vez más borrosa. Estas trabas artificiales para acceder a los mercados sacralizan el privilegio, el amiguismo o las buenas relaciones con el poder a costa del mérito, el esfuerzo y el trabajo bien hecho. A la larga, desalientan el desarrollo tecnológico, socavan las bases de una economía sólida y dificultan la creación sostenida de empleo.

Unas instituciones abiertas implican el acceso libre, no discriminatorio, a la política y a la economía. Requieren un parlamento independiente que legisle, de manera neutral, una regulación mucho más sencilla, recortando las cláusulas innecesarias, meras excusas para proteger a empresas o empresarios bien identificados. Y unos órganos reguladores compuestos por técnicos verdaderamente independientes, que la apliquen objetiva y equitativamente, garantizado la igualdad de oportunidades para competir.

Ciegos que recuperan la vista

No obstante, cada participante en este capitalismo de amigotes retiene sus privilegios mientras mantiene el pacto con los gobernantes. Pero nada dura eternamente. Puede cambiar el Gobierno, y con ello las alianzas empresariales, o producirse un hecho fortuito, perturbador, que impulse al poder político modificar sus acuerdos, dejando fuera a alguno de los beneficiados. Se producen entonces notorias mutaciones. Algunos que nada cuestionaron en el pasado se vuelven críticos implacables del injusto sistema, pregonando sin pudor las verdades del barquero. El citado Sánchez Galán proclamó las miserias del marco regulatorio justo después de que el gobierno retorciese la tarifa eléctrica. Pero olvidó mencionar los buenos negocios que se hacen a la sombra del poder.

El fenómeno de la conversión sobrevenida es todavía más frecuente en la política, donde la pérdida de privilegios es un remedio inmejorable para curar sospechosas cegueras. Algunos políticos callan mientras disfrutan de las mieles del sistema pero se revuelven enfurecidos al ser expulsados del paraíso. Y comienzan a advertir esas insoportables injusticias que nunca antes atisbaron. Así, José Bono denunció la intrínseca maldad de unas listas electorales que sólo incluyen a amigos del jefe, recuperando oportunamente la visión tras perder el poder de confeccionar listas en su partido. Por su parte, Francisco Granados reveló, justo al abandonar su escaño, que las tareas del Senado se limitan a apretar un botón. Refutaba así la arraigada creencia de que diputados y senadores acaban la legislatura herniados del tremendo esfuerzo. Unos y otros olvidan que tales argumentos recibirían mejor aceptación del público si los interesados, en un ejercicio de coherencia, renunciaran a los panes y peces embolsados gracias a ese sistema que ahora consideran tan injusto.


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