En el límite

Baltasar Garzón o la justicia como espectáculo

Para cualquier observador imparcial, no contaminado con las patológicas emociones características de la España actual, Baltasar Garzón Real, 56, podría ser definido como alguien que tuvo la mala fortuna de elegir la profesión equivocada, aquélla que peor se adaptaba a sus cualidades e inclinaciones personales. En efecto, por su especial relevancia y por constituir una pieza clave en el ordenamiento constitucional, la judicatura requiere de las personas que la ocupan una escrupulosa imagen de integridad, de neutralidad política, de imparcialidad, de discreción ante los medios de comunicación, de nulo protagonismo y de anteposición del interés de los ciudadanos al propio interés. Los jueces deben mostrar una dedicación completa al servicio público, un respeto escrupuloso a las leyes y a los procedimientos, una gran capacidad intelectual y un notable dominio en el desempeño del lenguaje escrito. Aunque, desgraciadamente, pocos o ninguno de estos atributos parecen concurrir en Garzón, lo verdaderamente llamativo, sorprendente y necesitado de una explicación convincente es el hecho de que este juez haya ocupado durante tantos años un lugar destacado en el estrellato mediático, gozando de total impunidad, del aplauso, la ovación e incluso de la admiración de una parte importante de la prensa y de la ciudadanía.

El fenómeno de los llamados jueces estrella, surge en un contexto muy particular y anómalo, conformado por una inconveniente evolución de nuestro sistema político, la generalización de determinadas ideologías que favorecían un activo papel de la judicatura y ciertos medios de comunicación caracterizados por un mediocre desempeño de sus funciones. En definitiva, se trata de un síntoma bastante significativo de algunos problemas muy serios que afectan a nuestra organización institucional.

Activismo judicial

La muerte de Montesquieu, declarada por un vicepresidente de gobierno, significó el anunció de una progresiva desaparición los mecanismos de control consustanciales a un sistema democrático. Por ello, algún segmento pensante de la sociedad española pudo mostrar cierta complacencia con algunos sectores del poder judicial que, rebasando sus funciones, iban asumiendo papeles que, en puridad, deberían corresponder a otras instituciones, ya inoperantes. Pensaban, erróneamente, que el activismo judicial, con un sesgo peligrosamente político, podría contribuir a restaurar el deteriorado equilibrio de poderes. Así, la judicatura adquiriría un protagonismo anómalo, reforzado por el hecho de que los gobernantes tendían a eludir su responsabilidad política mientras no se sustanciase la penal. Transferían así, de forma no deliberada, unas importantes funciones políticas a la judicatura y contribuían a crear una peligrosa identificación entre las sentencias judiciales y la concepción de la realidad. Al Capone fue un famoso dirigente de la mafia, responsable de muchos asesinatos pero, limitados a la verdad judicial, no fue más que un mero ciudadano evasor de algunos impuestos.

Tampoco resultó muy propicia para la separación entre política y judicatura la formación de las asociaciones judiciales, una puerta a la influencia de los partidos en la justicia, ni la aplicación de la llamada excedencia especial a los jueces, algo que les permite participar en política y reincorporarse de nuevo a su juzgado. No menos perjuicios han causado aquellas corrientes de pensamiento según las cuales, el juez no sólo debe adaptar sus decisiones a la ley sino mostrarse abierto a la sensibilidad social y a unos usos del derecho que rebasan la estricta observancia del principio de legalidad. Esta concepción del papel de la judicatura contribuye a abrir una vía por la que, a través de la creatividad judicial, la ideología acaba contaminando la función jurisdiccional, con la aprobación de amplios sectores. Por su parte, algunos medios de comunicación fueron experimentando una malsana evolución en la que la información iba imbricándose de forma creciente con las secciones de entretenimiento, escándalo, cotilleo y morbo hasta acabar formando una amalgama difícilmente asimilable por ciudadanos críticos y suficientemente sensibles.

Una justicia de héroes y villanos

Personajes como Garzón habrían aprovechado toda esta confusión para pescar en río revuelto y, dada su incapacidad de añadir algo relevante a la compleja y farragosa doctrina del derecho, habría utilizado sus recursos para convertir la justicia en un espectáculo morboso, repleto de historias de héroes y villanos, tan del gusto de buena parte de la prensa y de cierto público poco informado. De este modo, todos los procedimientos y garantías recogidos en nuestro ordenamiento jurídico habrían ido quedado en segundo plano, supeditados a la repercusión mediática de los procesos, a mayor gloria e interés del protagonista.

Sentado en el banquillo, Garzón no es más que un exponente, una figura de apariencia completamente vulgar, que refleja el deterioro de nuestro sistema constitucional. Su salida de la judicatura constituiría una buena noticia para la justicia. También para el propio interesado, que podría dedicarse a otra profesión más acorde con sus inclinaciones. Pero sería ingenuo creer que con la mera salida de don Baltasar puedan resolverse unos males que hunden sus raíces en causas mucho más profundas. Y es que, sin una adecuada reforma de nuestro sistema, permanecerán intactos unos fuertes incentivos, también presuntamente pecuniarios, para que otros decidan tomar el relevo de Baltasar Garzón.


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