En el límite

Autonomía absoluta para gastar y derrochar

A pocos habrá sorprendido la impresionante desviación del déficit de las Comunidades Autónomas tras haber asistido, en los últimos tiempos, a tan espectacular expansión de la administración, los servicios y el gasto mientras se creaban innumerables empresas públicas con el fin de ocultar la enorme deuda resultante. De ahí que el gobierno de Mariano Rajoy señale la necesidad de un plan de refinanciación y puesta en marcha de mecanismos adicionales de disciplina fiscal. Pero el interrogante queda en el aire ¿cuáles son los motivos que han llevado a semejante descontrol presupuestario en las autonomías y qué medidas pueden tomarse para corregirlo?

Conocida es la tendencia de los regímenes democráticos hacia el déficit estructural y la deuda, en la medida en que los políticos profesionales sienten la tentación de obtener popularidad y votos disparando con pólvora del rey. De ahí su natural inclinación a extender hasta el límite los beneficios “sociales”, a prestar “gratis” infinidad de servicios o a conceder graciosamente amplias subvenciones para ganarse el aplauso y la aprobación del respetable. Y en países como el nuestro, los dispendios obedecerían también a otros motivos: colocar a militantes, simpatizantes y amigos mediante la expansión de la administración y las empresas públicas o conseguir sustanciales ingresos para el partido invirtiendo en costosas y discutibles infraestructuras. Como quiera que la financiación de todo ese gasto mediante nuevos impuestos resulta impopular, algunos políticos prefieren el déficit y la deuda, con el mensaje implícito de que ya pagará quien venga detrás.  

Existen, no obstante, ciertos mecanismos de disciplina fiscal que afectan a los gobiernos nacionales ya que a) los mercados acaban castigando con una elevada prima de riesgo el déficit estructural y la acumulación de la deuda y b) los votantes pueden anticipar que mayor déficit hoy puede significar más impuestos en un mañana no muy lejano. Sin embargo, estos elementos correctores suelen actuar con cierto retardo, obligando a ajustes presupuestarios muy drásticos en los momentos más dolorosos, tal como empezamos a experimentar.

Pero estos mecanismos, aún con eficacia limitada, se muestran todavía más débiles e imperfectos en el caso de las Comunidades Autónomas. Dado que una buena parte de su financiación proviene de transferencias del gobierno central, la correlación entre impuestos recaudados en la región e ingresos del gobierno autonómico resulta finalmente muy débil, acabando de romper el ya endeble nexo entre gasto público y presión fiscal. Un colosal dispendio ya no se asocia ni siquiera con unos impuestos regionales más elevados en el futuro pues todos esperan que los ingresos se obtengan principalmente en la negociación con el Estado. A pesar de que en los últimos años se ha intentado impulsar un sistema de financiación objetivo, fomentando la responsabilidad fiscal de las regiones, en la práctica los ingresos de la mayor parte de las autonomías dependen poco de sus propias decisiones fiscales.

Además, la bastante fundada creencia de que el Estado responderá por las Comunidades Autónomas en caso de suspensión de pagos genera una suerte de riesgo moral, alentando todavía más el gasto descontrolado y la gestión dudosa de los recursos públicos. Se trata del mismo fenómeno observado en el caso de Grecia frente a la Unión Europea: la perspectiva de ser ayudada por otros países contribuyó a frenar los necesarios ajustes presupuestarios.  

Por otro lado, y en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, el control de los votantes suele ser menos eficaz cuando se trata de una región. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los electores atribuir la responsabilidad o los méritos a una administración o a otra, algo que aprovechan algunos jugadores de ventaja. Basta recordar a ciertos políticos regionales intentando desviar su responsabilidad, argumentando que los recursos que destina el Estado a su Comunidad Autónoma son insuficientes, que existe una deuda histórica o que el sistema expolia a su región, amén de otras excusas de mal pagador. La propaganda representa aquí un papel tan destacado que, por muy desesperada que sea la situación, ninguno se plantea el cierre de las ruinosas televisiones autonómicas.

Se ha barajado la supervisión directa de los presupuestos autonómicos por parte del gobierno nacional como uno de los remedios a todo este despilfarro. Sin embargo, ésta no parece una opción del todo fiable por la comprobada inclinación patria a apaños y componendas. Al fin y al cabo ¿quién vigila al vigilante? Sería interesante establecer, además, para todas las Comunidades Autónomas la obligación de mantener un presupuesto estructural equilibrado con ajuste automático de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF o del IVA cuando exista desviación de este objetivo. Así, cualquier dispendio adicional deliberado se trasladaría de forma bastante directa e inmediata al bolsillo del votante, que debería actuar en consecuencia. Aunque, a la larga, la solución deba pasar por una profunda remodelación de nuestro caótico sistema autonómico, existen pocas medidas tan sanas para las finanzas públicas como la toma de conciencia ciudadana de que ningún político, ni siquiera autonómico, provee servicios de manera gratuita. Más bien todo lo contrario.


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