En el límite

Artur Mas y las leyes de goma

28 de febrero de 1980, los electores de Andalucía votan en referéndum el acceso a la autonomía por la vía rápida, artículo 151 de la Constitución, frente a la vía lenta, artículo 143, ese camino reservado para las comunidades "no históricas". Según la Constitución, y la ley de referéndum, el acelerón competencial exige el voto afirmativo de la mayoría del censo electoral en cada provincia. Pero, hete aquí que, contadas y recontadas las papeletas, el voto afirmativo alcanza la mayoría de censados en todas las provincias... menos una, Almería. Atendiendo a la norma, justa o injusta, la propuesta queda rechazada. Sin embargo, ante la presión de las fuerzas vivas regionales, y el temor a perder popularidad, el gobierno de Adolfo Suarez cambia los términos para que, a pesar de la disposición constitucional y con efectos retroactivos, el referéndum se considere ganado para el artículo 151. Ninguna protesta.

Ya en 1980 los órganos fundamentales del Estado aceptaban con naturalidad que los partidos hicieran mangas y capirotes de las leyes, las retorciesen o se las saltaran a la torera

Visto con perspectiva, que Andalucía accediera a la autonomía por vía rápida o lenta resulta bastante irrelevante. Todos los caminos desembocaron, antes o después, en el mismo despropósito, en un océano de despilfarro, clientelismo y corrupción. La lección fundamental de ese episodio es que la componenda, el cambalache, la trapacería, no son fenómenos recientes en nuestro sistema político: eran ya moneda común en 1980. Los órganos fundamentales del Estado aceptaban con naturalidad que los partidos hicieran mangas y capirotes de las leyes, las retorciesen o se las saltaran a la torera. La prensa miraba hacia otro lado cuando los políticos cambiaban las reglas del juego finalizado el partido para alterar el resultado. La opinión pública ni se inmutaba mientras el capricho y la arbitrariedad sustituían a los criterios constitucionales. Según la machacona propaganda, eran los andaluces quienes salían ganando. Pero ni siquiera la excusa era cierta: los grandes beneficiarios de la alcaldada serían los nuevos señoritos, esos oligarcas y caciques que surgirían como setas por las tierras del sur. Y, desde luego, Suarez no poseía ese halo de santidad que muchos hoy le atribuyen.

Una marea de trampa, apaño y componenda

Una golondrina no hace verano pero, desgraciadamente, la trampa, el apaño y el enredo no eran la excepción en los comienzos del régimen del 78 sino la perversa regla de actuación. Estaban en el ADN de un sistema político que se fue deteriorando a ojos del público. Felonía tras felonía, enjuague tras enjuague, la credibilidad de los órganos del Estado fue sacrificada en el altar de inmediatos intereses partidistas. Los diputados, representantes del pueblo, se convirtieron en meros aprieta-botones, autómatas que votaban a una orden del jefe de grupo, frecuentemente sin saber siquiera de qué diablos se discutía. Los magistrados del Tribunal Constitucional, y los vocales del CGPJ, comenzaron a opinar, sospechosamente, según los criterios del partido que los había propuesto. Hasta el defensor del pueblo aceptó "sugerencias" para no recurrir alguna ley que rebasaba el marco constitucional.

Existía un pacto tácito para respetar el cortijo de cada cual, una costumbre de aplicar la ley con rigor sólo al ciudadano raso, muy raramente a ricos y poderosos

Personajes como los "Albertos" o Emilio Botín, comprobaron que, con suficiente influencia y cartera bien abultada, no era difícil obtener una doctrina jurídica que los librara de la cárcel, una nueva jurisprudencia cortada a medida por un sastre que concedía buenas condiciones de pago. Las autoridades catalanas aplicaban, o no, a conveniencia, las leyes españolas, ante la dejación y desidia del gobierno de turno y de los órganos jurisdiccionales. Al fin y al cabo, existía un pacto tácito para respetar el cortijo de cada cual, una costumbre de aplicar la ley con rigor sólo al ciudadano raso, muy raramente a ricos y poderosos. Trapisonda tras trapisonda, villanía tras villanía, el sistema institucional fue emponzoñándose hasta alcanzar extremos de envilecimiento tales que redujeron considerablemente la legitimidad a ojos del público.  

Un sistema gana credibilidad cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera correcta, limpia y justa, generándose esa conformidad que impulsa a la gente a cumplir las leyes, no por interés o temor al castigo, sino por convicción. Pero este capital social se disipa, dejando espacio a la desconfianza, cuando el ejercicio del poder resulta poco ejemplar, cuando el ciudadano observa demasiados apaños y componendas con la legalidad, cuando percibe constantes cambios en las reglas del juego para favorecer intereses particulares, cuando las leyes son de goma, se estiran o encogen a capricho de unos pocos.

Camino expedito para Artur Mas

De aquellos polvos... estos lodos. Los desmanes de décadas han allanado el camino a Artur Mas y sus adláteres independentistas. El argumento de Rajoy, según el cual el reto secesionista resulta intolerable porque está incumpliendo la ley, es correcto y jurídicamente impecable. Pero poco creíble para un público acostumbrado a que el retorcimiento de las leyes sea más la regla que la excepción. Ese "golpe de estado a cámara lenta", paso a paso, se oculta bien en el habitual desprecio por la legalidad, aunque ahora la felonía sea mucho más grave. Si se pasó por encima de la Constitución porque, supuestamente, el rápido traspaso de competencias a Andalucía beneficiaba a los ciudadanos, nada impide pensar a algunos que quizá no sea tan malo vulnerar la legalidad para que Cataluña asuma las pocas competencias que aun no tiene. La impunidad genera nuevos incumplimientos, con frecuencia mucho más graves.  

La desconfianza en el sistema puede empujar a muchas personas a embarcarse en la nefasta travesía aunque sospechen que la pretendida república sería todavía más corrupta y arbitraria de lo que ha sido la autonomía

Es más fácil vender una legitimidad política alternativa, manipular las emociones del público, cuando la vigente resulta dudosa; mucho más difícil es desplazar una legitimidad firmemente asentada en la conciencia de los ciudadanos. Alguna gente puede prestarse a comprar la fruta podrida de la secesión porque la mercancía actual también está caducada. Ello a pesar de que los vendedores hayan cometido numerosos desmanes en el pasado, acarreen una mochila repleta de trampa y fullería o se encuentren pringados hasta las cejas en episodios de latrocinio. La desconfianza en el sistema puede empujar a muchas personas a embarcarse en la nefasta travesía aunque sospechen que la pretendida república sería todavía más corrupta y arbitraria de lo que ha sido la autonomía.

Un sano funcionamiento democrático, una sólida legitimidad, requiere un sistema institucional fiable a ojos del público, sólidas salvaguardias contra el abuso y la arbitrariedad. La próxima reforma constitucional debe impulsar eficaces mecanismos que impidan a los poderosos vulnerar las leyes, garantizando la neutralidad e independencia de los órganos de vigilancia y control. Debe lanzar el mensaje inequívoco de que la ley será clara, sencilla y estable, evitando modificaciones caprichosas. Y que será aplicada de forma objetiva y universal. Ésta, y no otra, es la reforma que puede evitar fracturas, proteger contra iluminados y aventureros, mantener a la sociedad cohesionada, conforme, ilusionada por compartir un futuro común.


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