En el límite

Abocados a un cambio en las reglas del juego

En 1790, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y a la sazón Secretario del Tesoro, escribía: “Si el mantenimiento de la credibilidad pública es tan importante ¿cómo se consigue? La respuesta es inmediata: cumpliendo puntualmente los compromisos. Igual que los individuos, los Estados que cumplen los acuerdos son respetados y gozan de la confianza de los demás; los que se comportan de la manera opuesta carecen de respeto y confianza. (…) Cada vez que se rompen los compromisos públicos, sea por voluntad o necesidad, se daña en un grado u otro la credibilidad. Cuando realmente existe fuerza mayor, los perjuicios solo pueden ser paliados si el gobierno (…) manifiesta su disposición a reparar el mal cuando las circunstancias lo permitan. Aún así, la credibilidad se deteriora, acarreando muchos daños.”

El viernes pasado, Mariano Rajoy sorprendía, más a extraños que a propios, incrementando el objetivo del déficit público para 2012 desde el 4,4% al 5,8%, unos 15.000 millones de euros superior al comprometido. Y lo hacía, aparentemente, de manera unilateral, sin negociar con los socios, en un anuncio más bien dirigido al consumo interno y, quizá, poco acorde con su prudente estilo. Sin embargo, a pesar de que ciertamente existen motivos fundados para este cambio, y puede adivinarse algún acuerdo aún no explicito con algunos dirigentes europeos, es posible que el deterioro de nuestra credibilidad vaya a ser mayor de lo que en un principio parece preverse.  

La justificación: un crecimiento inferior al previsto

La decisión del ejecutivo español se justifica en que el déficit inicial se había calculado utilizando unas previsiones de crecimiento mucho más optimistas, que aportaban una mayor recaudación impositiva y menor gasto en prestaciones por desempleo. Tras conocerse los nuevos datos, mantener aquel déficit hubiese requerido un recorte deliberado del gasto muy superior al previsto. Por ello, Mariano Rajoy podría esgrimir el argumento de que su gobierno mantiene el compromiso en la parte de las cuentas públicas que puede controlar, esto es, el déficit estructural (aquella medida del déficit que se calcula descontando los efectos de la crisis sobre el presupuesto) si bien, debido a la recesión, ha tenido que cambiar su objetivo de déficit efectivo.

Aunque este año va a ser muy malo y no podemos cumplir lo prometido − explicaría Rajoy− el año que viene nos comprometemos a recuperar el terreno perdido. Pero estas razones, aún con cierta lógica y muy buenas intenciones, no pueden ocultar una dificultad: el año próximo aparecerán probablemente nuevos motivos que aconsejen minorar el tamaño del recorte previsto. Se trata de un fenómeno conocido como “inconsistencia temporal” por el que una buena estrategia de largo plazo tiende a verse truncada por perversos incentivos que aparecen en el corto. En el caso del déficit, los gobiernos se inclinarían a relajar su disciplina al aproximarse el momento de elaborar el presupuesto, a medida que la presión para evitar los recortes se acrecienta. Habiendo caído una vez en esta trampa, la credibilidad sufre gran menoscabo pues ya todos esperan que, aún con sinceros y loables propósitos para el futuro, volvamos a tropezar siempre en la misma piedra.  

Para vencer la inconsistencia temporal es necesario aferrarse a ciertos principios sólidos y establecer objetivos  coherentes y factibles. Nunca debió mencionar Rajoy el 4,4% a sabiendas de que no se encontraba dispuesto a cumplirlo: resulta más creíble fijar un objetivo en términos de déficit estructural.

Unas reformas, no sólo ambiciosas sino radicales

Por otro lado, la consolidación definitiva de las cuentas públicas requerirá, a medio plazo, un importante cambio estructural en la Administración y en el Estado del Bienestar, dos reformas tan imprescindibles como polémicas. Para sobrevivir, el Estado del Bienestar necesitará una profunda racionalización que le confiera más flexibilidad y eficiencia, una acrecentada gestión privada y una mayor responsabilidad y capacidad de decisión de los individuos. Por su parte, la Administración deberá acometer un proceso de simplificación y profesionalización, con especial incidencia en las autonomías y municipios. En este aspecto, el Presidente del Gobierno se verá obligado a decantarse entre lo que llamaríamos reformas ambiciosas, necesarias pero mantenedoras tanto del statu quo como de  las actuales reglas del juego, o las reformas radicales, aquellas que crean unas nuevas reglas, imprescindibles para que nuestra economía y nuestro sistema político puedan funcionar de manera mucho más eficiente. Hasta ahora, hemos visto rasgos de reformismo ambicioso, pero no radical.

En contra de lo que pudiera pensarse en círculos cercanos al poder, los extranjeros consideran la credibilidad de España en su conjunto: no ponen el contador a cero cuando cambia el ejecutivo. Por ello, continuamos arrastrando la mala imagen que consiguió, por méritos propios, José Luis Rodríguez Zapatero. Dado que resulta mucho más fácil perder credibilidad que ganarla, para el año próximo deberán establecerse unos objetivos de déficit factibles, prever que surgirán en su momento motivos o presiones para ajustar a la baja el recorte del gasto y, sobre todo, admitir que la salida definitiva de la crisis va a requerir a medio plazo unas reformas, no sólo ambiciosas, sino más bien radicales ¿Estará dispuesto Rajoy a acometerlas?


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