El tiempo recobrado

El tribunal inconstitucional

En las democracias constitucionales, es decir, aquellas cuyo cuerpo de leyes viene sometido a una Norma Suprema que inspira el conjunto del ordenamiento, surgen de vez en cuando, como es natural, posibles conflictos entre actos gubernativos o parlamentarios y la Ley Fundamental. Estas eventuales incompatibilidades entre disposiciones emanadas de las Cámaras o del Ejecutivo y la Constitución, se dirimen de acuerdo con dos posibles modelos, el americano, en el que es el Tribunal Supremo, como máxima instancia jurisdiccional del Estado, el que resuelve de manera inapelable, o el alemán, en el que existe un Tribunal específico, separado de la estructura jurisdiccional ordinaria, que tiene como cometido exclusivo este tipo de asuntos.

En España, el constituyente decidió en 1978 optar por el modelo alemán. Este órgano del Estado, definido en la propia Constitución, ha de estar formado, huelga decirlo, por juristas de máxima solvencia e inmaculada independencia. Si se produce la más tenue sospecha de que sus magistrados pueden caer bajo la influencia de agentes externos movidos por intereses ajenos a la pura y objetiva aplicación de los preceptos constitucionales, el Tribunal queda deslegitimado para su alta función. Pues bien, en nuestra amada patria los integrantes del egregio intérprete de la Constitución son nombrados por cuotas de partido de manera obscena y su composición aparece en los medios de comunicación en forma de pictograma con las correspondientes siglas junto a cada nombre. A partir de aquí, todo el reguero de sentencias escandalosas, cuando no indignantes, dictadas desde el panzudo cilindro de la calle Domenico Scarlatti queda perfectamente explicado. Rumasa, La Ley de Igualdad, la legalización del brazo político de ETA, el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, son ejemplos sangrantes, entro otros que se podrían citar, de doctrina constitucional disparatada y contraria a la razón y a la justicia.

Hoy el nivel de desprestigio de nuestro Tribunal Constitucional ha alcanzado ya una cota tan baja que nadie espera de sus deliberaciones y decisiones otra cosa que no sea un mejunje politizado sin relación alguna con el buen Derecho. El último ejemplo es la inaudita ponencia de su Vicepresidenta Adela Asúa que, saltándose a la torera las recomendaciones mayoritarias de sus colegas y la evidencia, considera que la flagrante violación de la Constitución perpetrada por los separatistas en el Parlamento de Cataluña en su Declaración de Soberanía de 24 de enero de 2013, carece de efectos jurídicos. O sea, que según esta genio de la ciencia constitucional, el hecho de que un parlamento autonómico se marque un pronunciamiento en el que se afirma que Cataluña es “un sujeto jurídico y político soberano” es perfectamente compatible con los artículos 1.2 y 2 de nuestra Carta Magna porque, de acuerdo con su docta visión, todas  las fechorías que la Generalitat separatista ha perpetrado como consecuencia de la Declaración , entre ellas fijar fecha y pregunta para un referendo inconstitucional e ilegal, no son relevantes.

La conclusión es sencilla: mientras no se suprima el Tribunal Constitucional y sus competencias sean asignadas a una Sala especializada del Supremo y no se garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, nuestro Estado de Derecho no será sino una partitocracia impresentable y corrupta.


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