El tiempo recobrado

La negociación imposible

En estos días de resaca del simulacro de referendo de autodeterminación organizado por los separatistas catalanes ignorando la prohibición del Tribunal Constitucional, se vuelve una y otra vez a hablar de salidas políticas al embrollo en el que se ha metido Artur Mas. El Presidente del Gobierno insiste en que se puede tratar de todo dentro del marco legal vigente y un cada día más liviano Pedro Sánchez cacarea una imprecisa reforma de la Carta Magna en sentido federal.

Sin embargo, ni es verdad que no haya límites a lo que es negociable sin desbordar la Constitución ni que una modificación de la misma inspirada por el federalismo arreglaría las cosas. ¿Estaría dispuesto Mariano Rajoy a pactar con el mesías nacionalista la transferencia de las aguas territoriales marítimas a la Generalitat? ¿O el derecho a organizar consultas como la recientemente prohibida y realizada en plan comedia? ¿O la recaudación y gestión de la totalidad de los impuestos a cambio de un simbólico cupo de retorno por los servicios generales del Estado? ¿O la oficialidad exclusiva del catalán en el territorio de Pujolandia con el español reducido a la condición de lengua extranjera? ¿O los aeropuertos? ¿O el control de fronteras? ¿O la necesidad del visto bueno de la Generalitat a los tratados internacionales suscritos por España como pretendía la primera versión del Estatuto de 2006?

La repetición de la tontería de que se puede chalanear todo sin desbordar nuestra Norma Fundamental revela ignorancia y falta de convicciones, características ambas de los sucesivos Gobiernos centrales que nos han llevado al punto de no retorno en el que nos encontramos. En cuanto al federalismo, si es simétrico, o sea, auténtico federalismo, chocará de frente con las pretensiones secesionistas, y si es asimétrico, es decir, si España es convertida en una confederación, estaríamos en el último paso antes de la disgregación definitiva, sin olvidar que Madrid, Andalucía, Baleares y Valencia jamás lo aceptarían.

No quiero sonar melancólicamente pesimista, sino crudamente realista: la patología separatista que se ha apoderado de Cataluña y amenaza con acabar con España no puede ser curada mediante la negociación entre el Estado y los nacionalistas. Esta posibilidad ya quedó atrás. Se intentó de buena fe en la Transición y la deslealtad de una parte y la inanidad de la otra la han dilapidado. El etno-nacionalismo que pone la identidad lingüística, cultural, religiosa, histórica o racial por encima de la libertad, la justicia o los derechos humanos, es una perversión moral y política que no puede ser neutralizada mediante pactos y arreglos ponderados. El pasado europeo de los últimos cien años así lo ha probado contundentemente y nuestra trayectoria colectiva en España desde la Transición lo ha vuelto a poner en evidencia en contra de la ingenuidad de los constituyentes de 1978.

El nacionalismo identitario es una doctrina deletérea, que no construye naciones, las destruye. Hay una única vía para su neutralización evitando los horrores que siempre comporta: si es sanguinario, debe ser derrotado por la fuerza legítima del Estado de Derecho, si es incruento, mediante la política, la aplicación rigurosa de las leyes, la batalla de las ideas, el Boletín Oficial y los Presupuestos Generales. Los dos grandes partidos españoles nunca lo han entendido y por eso nos encontramos al borde de la fragmentación de nuestra antigua y gran Nación, que hoy no se basa en ninguna identidad racial, religiosa o lingüística, sino en una larga historia compartida y en los valores de la sociedad abierta como guía de la convivencia civil en un Estado regido por el imperio de la ley al servicio de las personas y no de abstracciones supraindividuales opresivas.

La cuestión nacionalista ha llegado en España a un punto de incandescencia que no admite componendas. El nueve de noviembre pudimos comprobarlo. Siento decirlo, pero no nos queda siquiera la conllevanza orteguiana. Resignémonos, pues, al padecimiento expiatorio. 


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