El tiempo recobrado

El estado marioneta

La escabechina desatada en la Agencia Tributaria por el ministro del ramo está causando la lógica alarma en la ciudadanía y la natural indignación entre los funcionarios de este esencial organismo del Estado. Este inquietante episodio forma parte del mismo paisaje dibujado por el reparto por cuotas de partido de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional o por el escandaloso intervencionismo de los gobiernos autonómicos en sus televisiones públicas, por citar dos ejemplos notorios, aunque podemos encontrar muchos otros, de sometimiento de distintos poderes a las cúpulas de las principales fuerzas parlamentarias.

Un principio esencial del constitucionalismo liberal por el que se rigen o deberían regirse las sociedades abiertas es el de la vigilancia mutua y los contrapesos entre las distintas instancias, ejecutiva, legislativa y judicial, además por supuesto de la existencia de una prensa no mediatizada por el gobierno. Todas estas condiciones fallan lamentablemente en España treinta y cinco años después de la aprobación de la vigente Norma Fundamental. El Parlamento es un conjunto lanar de empleados de los jefes de partido, los altos estratos de la judicatura ventean ávidamente el aire que sopla desde las calles Génova y Ferraz en vistas a futuras promociones y prebendas y no pocos medios de comunicación escriben o emiten al dictado de pródigos amos que distribuyen o niegan, en función del grado de servidumbre, frecuencias y subvenciones.

Pero como complemento no menor de la indispensable separación de los tres poderes clásicos y de la presencia de una prensa libre, no hay que olvidar otro elemento crucial para la protección de los ciudadanos ante eventuales abusos de sus gobernantes. Me refiero, obviamente, a una Administración profesional, competente, políticamente neutral y articulada sobre el mérito, la experiencia, la honradez y la capacidad. Por desgracia, también este pilar del Estado constitucional y democrático flaquea tristemente en nuestro país. Al igual que los diputados deberían responder ante sus votantes y no ante el cacique de turno y los jueces tendrían que ceñirse a aplicar la ley sin bailarle el agua a ningún ministro o miembro de la realeza, todos los cargos de la Administración estatal, autonómica o local, hasta el nivel de director general incluido, habrían de ejercer sus cometidos de acuerdo con las saludables prescripciones de la jerarquía y la obediencia a sus superiores, pero dentro del respeto absoluto a las normas y procedimientos reglamentaria y legalmente establecidos, al abrigo de coacciones o premios procedentes de actores políticos.

La exposición de los funcionarios a las presiones y las arbitrariedades del gobierno del momento debilitan considerablemente el servicio público y representa una fragilidad más, y no precisamente marginal, de nuestro sistema institucional. Celebremos, pues, el trigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978, sin dejar de pensar en su ineludible reforma para que los españoles puedan vivir en el seno de un Estado fuerte y eficiente sin ser castigados todos los días por el lamentable espectáculo de los espasmódicos vaivenes de un Estado marioneta.


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