El tiempo recobrado

La crisis y la Constitución

En un reciente y atinado artículo, Joaquín Leguina advierte de los peligros del adanismo constitucional, ese deseo destructivo de poner a cero el contador que empezó a correr en 1978 y de revisarlo todo en el texto de nuestra Carta Magna, incluyendo capítulos tan sensibles como los referidos a derechos y libertades, unidad nacional, soberanía indivisible del pueblo español y forma de Estado. No le falta razón al docto ex-presidente de la Comunidad de Madrid en sus prudentes planteamientos y, desde luego, una mutación completa y radical de nuestro ordenamiento básico inspirado en los postulados separatistas o en el colectivismo totalitario equivaldría a destruir el legado entero de una generación que hace treinta y seis años, tanto desde la derecha como desde la izquierda, acometió el gigantesco y generoso esfuerzo de la reconciliación nacional tras una terrible guerra civil y cuatro décadas de dictadura.

Llama la atención su rotundo aserto de que “ni uno solo de los problemas económicos y sociales que hoy golpean a los españoles tiene nada que ver con el texto constitucional y su solución tampoco”

Reconocido pues el acierto de Joaquín Leguina en su crítica a los dinamiteros que pretenden la voladura de la Constitución vigente, hay que reflexionar, sin embargo, sobre algunos aspectos de su argumentación que pecan, en mi opinión, de un exceso de benevolencia sobre nuestra Ley de leyes. Llama la atención su rotundo aserto de que “ni uno solo de los problemas económicos y sociales que hoy golpean a los españoles tiene nada que ver con el texto constitucional y su solución tampoco”.  Esta afirmación sin matices se contradice con otras partes de su análisis en las que reconoce por una parte que el Título VIII fue “malparido” y, por otra, admite la conveniencia de realizar “enmiendas” a la Constitución, que él distingue de las “reformas” que rechaza.  Si he entendido bien su enfoque, Leguina distingue entre las modificaciones que requerirían la apelación al artículo 167, es decir, la mayoría cualificada -tres quintos- de las dos Cámaras nacionales, y las que implicarían el recurso al artículo 168, o sea, el procedimiento reforzado de mayorías parlamentarias, disolución de las Cortes, nuevas mayorías y referendo popular.  A las primeras, que entrarían en la categoría de “enmiendas” según su terminología, Leguina no se opone, mientras que las segundas son las que considera con absoluto fundamento altamente peligrosas. 

A partir de aquí, las opciones que se abren en la presente situación que atraviesa España son las siguientes: a) el golpe de Estado, cruento o incruento dependiendo de las circunstancias, a cargo de los independentistas catalanes mediante la declaración unilateral de independencia en el Parlamento autonómico o de la ultraizquierda de Podemos una vez obtenida la mayoría en el Congreso y el dominio de la calle b) la reforma constitucional por los cauces legales para afinar el Título VIII y algunos otros puntos que sustituyan la actual  partitocracia por una verdadera democracia gracias a un acuerdo entre PP, PSOE y las demás fuerzas que se quieran sumar y c) no hacer nada.

La puesta a punto y realización de “enmiendas” sensatas de la Constitución en ningún caso evitarían el enfrentamiento con los nacionalistas y con las huestes de Pablo Iglesias

A mí, obviamente, y creo que en esto coincido con Joaquín Leguina, el camino más adecuado me parece que es el b, porque los otros dos, la ruptura o el inmovilismo, nos condenan al desastre. Ahora bien, la puesta a punto y realización de “enmiendas” sensatas de la Constitución en ningún caso evitarían el enfrentamiento con los nacionalistas y con las huestes de Pablo Iglesias porque su sentido, si queremos de veras salir de la crisis, jamás podría ir en la dirección de confederalizar el Estado o transformarlo en un república popular de corte castrista, sino al contrario, en reforzar la unidad y la cohesión nacionales, en restaurar la separación de poderes y en garantizar al máximo los derechos y libertades de los ciudadanos frente al poder público. Por desgracia, no parece que las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales, absortas en sus miopes intereses parciales, estén por la labor de trabajar juntas para salvar la obra de la Transición. Sobre eso, Joaquín Leguina y yo algo sabemos y hemos sufrido y de ahí que, aunque situados en trincheras nominalmente distintas, siempre coincidamos en el diagnóstico y en las propuestas. Queda la esperanza de que un proyecto político incontaminado por el pasado, joven, entusiasta y pujante, haga suya la bandera de la regeneración dentro de los cauces legales y consiga un apoyo suficiente en las urnas. A buen entendedor…


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