El tiempo recobrado

Territorios contribuyentes

La publicación con carácter oficial de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas ha reavivado el agrio juego de agravios que tanto debilita la cohesión nacional al tiempo que alimenta las pulsiones separatistas en Cataluña. Como en otros aspectos del debate territorial en España, esta es una cuestión artificial, un problema fruto de un planteamiento constitucional erróneo apoyado en conceptos nocivos. Es innegable que los impuestos son pagados por los individuos y por las empresas, es decir, por las personas físicas y jurídicas, no por las montañas, los árboles y los ríos, cuya antropomorfización es propia de culturas animistas o de antiguas mitologías que no parece deban ser aplicadas a los temas tributarios. Por consiguiente, un ciudadano de Extremadura de renta elevada entrega más dinero al Estado que uno más modesto de Cataluña y viceversa y una compañía extremeña con sustanciosos beneficios aporta más a las arcas públicas que una catalana en dificultades y al revés. Ni Extremadura ni Cataluña hacen declaración para el IRPF ni para el Impuesto de Sociedades ni cargan con IVA alguno, son los extremeños y los catalanes los que se rascan el bolsillo para alimentar a Hacienda. A partir de este hecho incuestionable, toda la violenta y alambicada discusión sobre Comunidades perjudicadas y favorecidas aparece como lo que es, una polémica absurda e innecesaria construida sobre un invento. Tal como sucede en todas las democracias solidarias, los que más ganan y más tienen asisten a los menos prósperos a través de los mecanismos de protección social  y de esta forma se consigue una convivencia estable y humanitaria. Obviamente, si sumamos todo lo que sale de Extremadura hacia el Tesoro y lo comparamos con lo que llega, y hacemos un ejercicio análogo con Cataluña, ésta da más de lo que recibe y aquélla recibe más de lo que da, al igual que le sucede a un señor rico de Mérida en contraste con uno en precario de Cáceres o al distrito de Sarríá en Barcelona si lo confrontamos con el de Horta.

La situación actual es, por supuesto, injusta, además de caótica. Vascos y navarros gozan de privilegios injustificables  a la luz del principio constitucional de igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones, mientras que en el resto de Comunidades, las de régimen común, la cantidad por habitante disponible para servicios e inversiones dista de ser homogénea. La pretensión de los separatistas catalanes de solucionar su asunto particular introduciendo en el esquema general un trato diferenciado para la Generalitat en perjuicio de los demás, después de que sus responsables hayan robado y despilfarrado durante décadas lo que no está escrito, no sólo es inaceptable, sino que revela de nuevo su desfachatez. La solución, dentro de la Constitución vigente, es sencilla: una renegociación de los cupos vasco y navarro para que sostengan el Estado en idéntica medida que el conjunto de sus compatriotas y una reforma del sistema de financiación autonómica en vigor que uniformice los recursos per cápita procedentes del erario común sin excepciones ni singularidades que valgan. Nada de esto se hará porque la ejecución de un plan de racionalización semejante requeriría gobernantes y no la banda de politiquillos de partido al uso. Y así seguiremos, hasta que la realidad imponga su feroz ley y el castillo de naipes en el que vivimos se derrumbe con estrépito sembrando la consternación y la congoja.


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