El tiempo recobrado

Sociedades cautivas

El auto de imputación de los antiguos presidentes de la Junta de Andalucía y de algunos de sus más conspicuos consejeros por prevaricación y malversación es demoledor. La impecable prosa jurídica del magistrado Barreiro describe con frialdad de escalpelo una gigantesca trama para saquear el presupuesto autonómico andaluz concebida y realizada por el propio Gobierno de esa Comunidad. No se trata ya, como en tantos casos de corrupción del PSOE, del PP, de CiU o de los dos sindicatos mayoritarios, de que unos desaprensivos se valieran de sus cargos para robar descaradamente subvenciones, para beneficiarse de mordidas por conceder licencias de esto o de aquello o para resolver en favor de determinadas empresas sustanciosas licitaciones públicas a cambio de jugosas comisiones. El caso de los ERE andaluces da un paso más, introduce un salto cualitativo en el ámbito pútrido de la venalidad. Es el poder ejecutivo mismo en su totalidad y en ejercicio de su función el que organiza y lleva a cabo la tropelía de manera consciente, deliberada y perfectamente planificada.

Nos encontramos ante un ejemplo arquetípico de corrupción sistémica, es decir, de prácticas delictivas que no se limitan a aprovecharse del sistema, sino que forman parte esencial de los engranajes de la maquinaria política y administrativa

Nos encontramos ante un ejemplo arquetípico de corrupción sistémica, es decir, de prácticas delictivas que no se limitan a aprovecharse del sistema, sino que forman parte esencial de los engranajes de la maquinaria política y administrativa. El Partido Socialista de Andalucía se dedicó desde el palacio de San Telmo durante por lo menos diez años a emplear el dinero del contribuyente en la perpetuación de su hegemonía electoral y lo hizo de manera ilegal. Tanto por su volumen cuantitativo, más de ochocientos millones de euros, como por su significado en términos éticos e institucionales, el escándalo de los ERE de Andalucía marca la cumbre del deterioro moral de nuestra maltrecha democracia. Como en esas enfermedades infecciosas que cursan mostrando un progresivo empeoramiento de los síntomas hasta que alcanzan un punto máximo a partir del cual el paciente o muere o empieza a mejorar, la desviación masiva de fondos hacia el fondo de reptiles andaluz por parte de sus gobernantes ha señalado un antes y un después en esta feria de los horrores de nuestra enlodada partitocracia.

La pregunta que cabe hacerse a continuación, una vez constatada la magnitud del abuso, es por qué los ciudadanos andaluces han vuelto a respaldar con sus votos una mayoría socialista que ha permitido que la formación que ha controlado la tierra de María Santísima durante tres décadas largas conserve la presidencia de la Autonomía. Existe además la circunstancia agravante de que este prolongado período de gobierno ha desembocado en los niveles de paro y de fracaso escolar más altos de España. En otras palabras, los andaluces, a pesar de ser conocedores de que las siglas que han detentado la máxima responsabilidad política en su región de forma ininterrumpida desde la Transición albergan una pandilla de ladrones impenitentes e incompetentes manifiestos, siguen prestándole su apoyo en vez de correrlos a golpes de urna. La respuesta es obvia y el tema de los ERE su demostración irrefutable: los sucesivos gobiernos socialistas de Andalucía se han dedicado incansables no a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de sus administrados, sino a perpetuar su dominio gracias a la articulación de tupidas redes clientelares y de compra de voluntades que les garantizase el éxito en recurrentes convocatorias al sufragio. Surge entonces la duda de si no hubiese sido más higiénico que los partidos de la oposición se hubiesen negado a prolongar una situación insufrible y hubiesen forzado nuevas elecciones llamando a los votantes a reflexionar sobre la necesidad de un verdadero cambio que sanease un panorama tan contaminado.

La lección a extraer de esta historia es que la estructura institucional y jurídica de los sistemas políticos debe estar pensada para evitar las sociedades cautivas a las que un poder desaprensivo hace prisioneras sin posibilidad de redención democrática. Los partidos emergentes, si desean sinceramente regenerar y limpiar nuestro orden constitucional, han de aplicarse con firmeza y entusiasmo a esta tarea inaplazable.


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