El tiempo recobrado

Recaudar más o gastar menos

Los partidos políticos van desvelando sus programas económicos de cara a la cita con las urnas del próximo 20 de diciembre y los votantes intentan analizar las distintas propuestas desde la perspectiva de sus particulares intereses. En principio, los contribuyentes más acaudalados, jet set, clase alta y media alta, contemplan con agrado las promesas de bajada de impuestos directos por ser los más afectados en sus bolsillos     –bendita progresividad– a la hora de retratarse ante Hacienda; la clase media-media y la media-baja se mueven en una zona gris en la que por un lado agradecen que el dogal fiscal se afloje en torno a sus cuellos, pero por otro quieren recibir los beneficios sociales financiados por el erario por lo que también aprueban en cierta medida los anuncios de aumento de determinados tributos; las clases más vulnerables, parados, mileuristas, pensionistas modestos y contratados temporales con salarios cercanos al mínimo, quieren que “paguen los ricos” y aplauden las medidas de exigencia creciente por parte del Estado recaudador.

Los que abundan en promesas que implican incrementar el desequilibrio financiero del Estado son unos demagogos irresponsables y cada voto a su favor es un paso hacia el suicidio colectivo

Ahora bien, son muy pocos los ciudadanos que examinan este punto crucial para decidir el sentido de su sufragio con una visión a la vez global y de largo plazo. Urgidos por sus necesidades perentorias, incapaces de evaluar con rigor el presupuesto público o la estructura y funcionamiento de las diferentes Administraciones, sacudidos por sus emociones, sus simpatías o sus rencores, apuntan a bulto y apoyan o rechazan de acuerdo con análisis casi reflejos, sin reflexión sosegada basada en una información que no se les da o que les resulta demasiado laborioso obtener.

Hay un tema central en el ámbito de la política fiscal que conviene tener en cuenta y que debería ser el eje de la atención del ciudadano antes de seleccionar su papeleta en el colegio electoral. Se trata del camino escogido por el aspirante a gobernar para reducir el déficit, es decir, si pone el énfasis en engordar la recaudación exprimiendo aún más al sufrido declarante o se centra en reducir el gasto con medidas racionalizadoras y simplificadoras del aparato público. Me limito a este aspecto de la cuestión porque los que abundan en promesas que implican incrementar el desequilibrio financiero del Estado son unos demagogos irresponsables y cada voto a su favor es un paso hacia el suicidio colectivo.

España se caracteriza por un gasto público que se sitúa en torno a la mitad del PIB, netamente superior a su capacidad de crear la riqueza requerida para sufragarlo. Una estructura territorial disfuncional y onerosa, una nómina pública inflada, una corrupción galopante y unas Administraciones plagadas de duplicidades, clientelismo partidista e ineficiencias, dibujan un cuadro de despilfarro de los recursos de todos realmente alarmante. Por consiguiente, el nodo focal para someter a juicio el programa económico de los candidatos a La Moncloa es su compromiso con las reformas estructurales necesarias para rebajar esta factura desbordada y transformar el Estado en una máquina más pequeña, más ágil, más honrada y más productiva. Si un cabeza de lista detalla el conjunto de iniciativas que proyecta llevar a cabo para suprimir organismos inútiles, rebajar el número de enchufados a dedo, digitalizar la Administración y redistribuir competencias eliminando redundancias, y ese es el núcleo definidor de su esquema económico, ese es el que hay que votar. Si vocea subidas de impuestos, muy especialmente esas dos formas de robo que son el de patrimonio y el de sucesiones, y menciona sólo de pasada o ni siquiera la indispensable reestructuración del sector público para colocar su coste en un nivel que podamos pagar, a ese, ni agua.

Es una recomendación sencilla de seguir que, si es escuchada, hará un gran bien a España y a todos y cada uno de sus habitantes. Encantado de haberles sido útil.


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