El tiempo recobrado

Organismos inútiles

El Gobierno pretende haber puesto en marcha un ambicioso plan de reforma de la Administración que, según sus estimaciones, aportará a finales de 2015 un ahorro del orden de 35000 millones de euros, aproximadamente la mitad del déficit del año pasado. Si estas cifras fuesen reales, el cumplimiento de los objetivos de reducción del desequilibrio presupuestario se cumplirían con creces manteniendo constante el resto de gasto público.

Sin embargo, las previsiones son mucho menos favorables, lo que indica que el tal ahorro está sobrestimado o que las demás partidas no afectadas por la reforma van a seguir creciendo. Basta un solo ejemplo para demostrar que el problema del despilfarro de las Administraciones no se va a resolver sin una acción quirúrgica decidida, que ninguno de los dos grandes partidos del sistema está dispuesto a acometer. Me refiero a Radio Televisión Española, este monstruo audiovisual al servicio de la mayoría de turno cuyas cuentas son imposibles de cuadrar y cuyos presidentes van cayendo uno tras otro estrellados contra la muralla sindical que lo controla y la disminución continua de ingresos.

Una única cifra indica con elocuencia la causa de la quiebra de RTVE: su nómina es de 6500 empleados, es decir, superior a Telecinco y Antena Tres juntas, que ya la han sobrepasado en audiencia y en calidad. Es una clamorosa evidencia que en la televisión pública estatal sobra más de la mitad de la plantilla y que un ajuste de la misma liberaría su balance de los números rojos. Ahora bien, un ERE es imposible porque los sindicatos se oponen ferozmente y el Gobierno no tiene el coraje de llevarlo a cabo a pesar de que si no se hace la totalidad de la plantilla acabará en el paro, como ha sucedido con la televisión valenciana.

La situación es endiablada. Por una parte, el ministerio de Hacienda se niega a enjugar de nuevo el agujero de RTVE, pero por otra no se atreven ni a cerrarla ni a adelgazar sus efectivos. Frente a los que opinan que una televisión pública es necesaria, la racionalidad más elemental indica que con la amplísima y variada oferta privada existente, que cubre todo el arco ideológico y toda la gama temática, la existencia de canales públicos es un dispendio absurdo solamente justificado por los intereses electorales de los grandes partidos. La cobardía de nuestros gobernantes hará que al final RTVE fallezca por causa de disolución, lo que será una excelente noticia para los ciudadanos, que se habrán desprendido de un pesado fardo superfluo y que no deberán aguantar más adoctrinamiento. Quizá sea este el camino, la sucesiva desaparición de todos los pesebres municipales, autonómicos y estatales por inanición.

Es una lástima, en cualquier caso, que este proceso no sea fruto de una acción bien programada y bien comunicada a cargo del Gobierno en beneficio de los españoles porque el coste sería mucho menor y demostraría que el Gobierno alberga alguna convicción en su cabeza. La peripecia dolorosa de RTVE es la crónica de una muerte anunciada, consecuencia de que los decisores de nuestro país hace mucho tiempo que flotan en un lago estancado de ideas yertas.


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