Opinión

Golpe por correspondencia

Nos encontramos ante un golpe de Estado que pretende por la fuerza y en contra del ordenamiento legal vigente liquidar el marco democrático de derechos y libertades de todos los españoles y de los residentes en Cataluña en particular.

Golpe por correspondencia
Golpe por correspondencia EFE

Jamás en la historia de los golpes de Estado se ha visto uno realizado con mayor lentitud que el que los separatistas catalanes pusieron en marcha hace más de un año. En justa correspondencia, el Gobierno legítimo del Estado contra el que se perpetra la rebelión ha actuado y actúa para sofocarlo con la velocidad de una tortuga aquejada de reumatismo. La explicación de tanta parsimonia radica en que ni el alzado contra la legalidad, el ínclito Puigdemont, quiere en realidad declarar la independencia de Cataluña, ni al encargado de evitarla, el impávido Rajoy, le apetece demasiado cumplir con su deber de preservar la legalidad. El último episodio de este paso a dos interminable es un cruce de cartas en el que ambos practican un porfiado diálogo entre sordos.

Sin embargo, el cuadro tiene un dibujo claro. Un gobierno de una Comunidad Autónoma y una estrecha mayoría de su parlamento se han declarado en desobediencia al Estado y han proclamado la independencia del territorio sobre el que tienen competencias mediante la aprobación de una serie de leyes inconstitucionales, debidamente anuladas por el Supremo Intérprete de nuestra Ley de leyes. Este ataque a la autoridad legítima del Estado y a la existencia misma de la Nación está siendo acompañado de la movilización violenta de centenares de miles de personas encuadradas en partidos y asociaciones separatistas que impiden con su presencia masiva y levantisca en la calle el cumplimiento de las sentencias judiciales y coaccionan, insultan y amenazan a las fuerzas de seguridad nacionales que cumplen con su deber. Resumiendo, nos encontramos ante un golpe de Estado que pretende por la fuerza y en contra del ordenamiento legal vigente liquidar el marco democrático de derechos y libertades de todos los españoles y de los residentes en Cataluña en particular para reemplazarlo por un régimen supremacista, colectivista y totalitario.

Nos encontramos ante un golpe de Estado que pretende por la fuerza y en contra del ordenamiento legal vigente liquidar el marco democrático de derechos y libertades de todos los españoles"

A partir de aquí, se trata en el muy corto plazo de una cuestión básicamente técnica que se encuentra desarrollada en los manuales de lucha anti-subversiva que analizan cómo abortar un golpe de carácter revolucionario contra un Gobierno legítimo. Por si al equipo que en La Moncloa maneja este asunto le pudiese resultar de alguna utilidad, es procedente enunciar algunas obviedades que sorprendentemente nuestro poder ejecutivo parece desconocer.

Lo primero es proteger los medios y recursos propios del Estado y los centros neurálgicos en Cataluña. Las FCSE han de desplegarse blindando aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos, puestos fronterizos, centrales de generación de energía, sedes judiciales, oficinas de la Seguridad Social, dependencias de la Agenda Tributaria, Delegación y Subdelegaciones del Gobierno, para impedir que sean ocupadas por los separatistas, Desalojarlos una vez se hayan apoderado físicamente de estas instalaciones vitales es muy difícil, tal como quedó demostrado el 1 de octubre, por lo que la anticipación es clave.

Lo segundo, y en paralelo con lo anterior, es privar a los golpistas de los instrumentos que les faciliten la realización del golpe. Esta operación requiere la toma de control por parte del Estado de los órganos de gobierno y administración de la Generalitat y de los medios de comunicación de los que es titular en aplicación de la correspondiente previsión constitucional. Como el procedimiento a seguir puede durar días y dado que al enfrentarse a un golpe la velocidad es esencial y el dominio del territorio indispensable, es aconsejable activar sin demora por decreto la Ley de Seguridad Nacional y poner al frente de los 17.000 Mossos d´Esquadra a un alto cargo del Ministerio del Interior, especialmente si se tiene en cuenta que su mando de mayor rango está procesado y sujeto a medidas cautelares por la Audiencia Nacional.

Lo tercero, y simultáneo a las dos líneas de actuación anteriores, es que la Fiscalía presente acusación ante la jurisdicción correspondiente por los delitos de desobediencia, rebelión, sedición, malversación y prevaricación, contra los cabecillas del golpe, desde el Presidente de la Generalitat a la Presidenta del parlamento autonómico, pasando por el vicepresidente del Gobierno catalán y el consejero de Interior, tal como se ha llevado ya a cabo con los sediciosos presidentes del Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña. Obviamente, en el transcurso de la comparecencia de los golpistas ante el juez, la Fiscalía ha de pedir las medidas cautelares más severas previstas para los delitos que se hayan cometido en cada caso, sin excluir por supuesto la prisión preventiva.

Como es lógico en un golpe de carácter revolucionario impulsado por movimientos extremistas, todas las acciones de las autoridades legítimas del Estado para restablecer la legalidad tendrán como respuesta la algarada callejera"

Como es lógico y habitual en un golpe de carácter revolucionario impulsado por movimientos extremistas, todas las acciones de las autoridades legítimas del Estado para restablecer la legalidad conculcada tendrán como respuesta la algarada callejera -els carrers són nostres, es uno de los lemas de la CUP- y el enfrentamiento con las fuerzas del orden con un nivel de agresividad que puede ir desde la mera resistencia pasiva con bloqueo de vías de comunicación al lanzamiento de objetos contundentes, apaleamiento de policías y guardias civiles, destrucción de mobiliario urbano y de vehículos y recurso a los cócteles molotov. Si los muchos miles de catalanes que desean seguir siendo españoles se manifiestan a su vez en oposición a los golpistas no hay que descartar choques entre grupos de ciudadanos con contusionados o heridos de diversa gravedad, pudiendo producirse incluso víctimas mortales. El propósito de sumir a Cataluña en el caos es amedrentar al Gobierno, atemorizar a los catalanes defensores de la legalidad y provocar la intervención de instancias internacionales que medien entre dos partes, consagradas así como iguales.

En esta fase de la lucha contra el golpe, la ecuación es simple. Gana el que pone más fuerza, determinación, resistencia y coraje en el empeño, en otras palabras, el que recurre a mayor capacidad disuasoria y demuestra mayor voluntad de victoria. El que flaquee, busque negociar, se acompleje o se deje poseer por el miedo, perderá.

El tiempo juega a favor del Gobierno si sabe mantener la serenidad y la firmeza. La sociedad catalana disfruta de una elevada renta per cápita y, excepción hecha de cortos períodos de exaltación, no se distingue por su belicosidad. Tras unos días de fervor desatado, los niños han de ir al colegio, hay que levantar la persiana de la tienda, hay que atender a los clientes de la empresa, hay que acudir al trabajo para cobrar el sueldo y hay que garantizar la propiedad. Por consiguiente, si las autoridades legítimas del Estado aguantan el tirón, en una o dos semanas a lo sumo la tormenta amainará y volverá la calma. El punto álgido de la enfermedad habrá pasado y empezará la recuperación.

Como parece que la fase de intercambio epistolar ya está agotada y se va a iniciar la de la aplicación del artículo 155 con igual celeridad que la aplicada a todo lo que se ha hecho hasta hoy, las recomendaciones anteriores ayudarían, en el improbable caso de que fueran seguidas, a despejar de una vez el horizonte y proporcionar tranquilidad y certidumbre a los muchos miles de catalanes que viven angustiados ante un futuro que ni desean ni alcanzan a adivinar.


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