El tiempo recobrado

Esclavos de la ley

La unánime y contundente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consultas catalana y la convocatoria del referendo de autodeterminación en ella basada ha confirmado en irreprochables términos jurídicos lo que todo el mundo sabía, independentistas incluidos, desde un enfoque político: que la secesión de una parte del territorio nacional por decisión unilateral de una mayoría coyuntural en una Comunidad Autónoma es contraria a nuestro ordenamiento fundamental y, por consiguiente, flagrantemente ilegal.

Por mucho que Artur Mas y sus corifeos se empeñen y le den vueltas y revueltas, toparán siempre con el mismo muro. La soberanía nacional pertenece al pueblo español en su conjunto y ningún poder constituido está facultado para sustituir al poder constituyente. Su invocación al espíritu de la Transición y al gran pacto civil que alumbró, revela un cinismo ofensivo por su desfachatez. Aquí los únicos que pisotean aquel ejemplar acuerdo colectivo son los separatistas porque lo que entonces se suscribió fue la intensa y extensa descentralización política del Estado a cambio de que los nacionalistas no rompieran la baraja. Se les dijo que dispondrían de bandera, himno, parlamento, amplias competencias, lengua cooficial, coche con banderín, policía y bula para robar a mansalva -actividad ésta en la que han demostrado un escaso hecho diferencial-, pero que a cambio se comprometieran a no poner en cuestión la unidad de España. Y lo firmaron. Y no lo han cumplido.

La soberanía nacional pertenece al pueblo español en su conjunto y ningún poder constituido está facultado para sustituir al poder constituyente

Son felones probados además de corruptos hasta la médula. Ahora mismo, mientras claman contra la inflexibilidad del Gobierno central que lo único que hace, y sin excesiva firmeza, es intentar que se cumpla la normativa vigente, se disponen a recibir más de ocho mil millones de financiación extraordinaria para enjugar el déficit que arrastran como fruto de sus dispendios identitarios, de sus latrocinios y de su pésima administración.

El presidente de la Generalitat se ha quejado en el Círculo de Economía ante doscientos empresarios sobrecogidos por la ruina que se les viene encima si Cataluña si separa de España, de que a los catalanes se les condena a “trabajar, pagar y no molestar”. Pues bien, en eso consiste la responsabilidad cívica, en crear riqueza, cumplir las obligaciones tributarias y comportarse civilizadamente. Eso es exactamente lo que hacen la mayoría de españoles y de europeos todos los días, acudir a sus ocupaciones, ser solidarios con los que lo necesitan y procurar no incurrir en actuaciones que perturben la paz social. Las pretensiones rupturistas de Mas, Junqueras y compañía consisten en lo contrario, perder el tiempo en aventuras condenadas al fracaso en vez de producir, negarse a satisfacer sus compromisos con la Hacienda pública y provocar continuas perturbaciones que crean incertidumbre, angustian a mucha gente, frenan las inversiones y pueden degenerar en enfrentamientos violentos entre catalanes.

En el fondo, son una pandilla de cobardes porque no se atreven a ser consecuentes con el camino suicida que han emprendido. La independencia sólo será posible mediante una revolución y un choque frontal con la Constitución y la legalidad, lo que implica un altísimo riesgo de fracaso. Y como no les llega la camisa al cuerpo cuando se paran a pensar en el precio que tendrán que pagar si se lanzan a la subversión abierta, lloriquean, amagan y bailan una yenka patética que pone de relieve su mediocridad y su pusilanimidad. Cataluña no está sometida a la Constitución, los catalanes son libres gracias a sus previsiones. En los oídos paletos de Mas deberían sonar las definitivas palabras de Cicerón: hemos de ser esclavos de la ley para disfrutar de libertad.


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