El tiempo recobrado

Error de concepto

En la retórica de casi todos los partidos en estos días de gestación de pactos se encuentra como cuestión monótonamente repetida la preservación del Estado del bienestar y sus correspondientes políticas sociales. Evitar los desahucios, obligar a los bancos a alquilar sus pisos vacíos a precios muy bajos, parar las privatizaciones, acabar con la pobreza energética, castigar fiscalmente a las viviendas vacías, implantar una renta mínima con carácter general, crear más empleo público, destinar más recursos a educación, sanidad y atención a la dependencia, y así sucesivamente. Los recién elegidos concejales y diputados autonómicos de Podemos, del PSOE y de otras fuerzas de izquierda insisten en destinar un mayor esfuerzo financiero a redistribuir el producto interior bruto de tal forma que las capas de la población que generan valor añadido y riqueza se vean progresivamente privadas del fruto de su trabajo o de sus activos mobiliarios e inmobiliarios para destinarlo a los más débiles y desfavorecidos. Sin duda, esta filosofía presenta aspectos loables por su naturaleza solidaria, pero encierra un serio inconveniente: sólo pone el acento en el gasto y no dice una palabra sobre los mecanismos de producción de los excedentes que permitan satisfacer tantas necesidades.

Se puede caer en la paradoja de que el resultado final de políticas destinadas a apoyar y dignificar a los estratos más vulnerables de la sociedad sea extender e intensificar su precariedad

Aunque es lógico que las distintas opciones políticas, sobre todo las de orientación socialista, insistan en las medidas a tomar para corregir las desigualdades de renta, no deja de ser alarmante que en su discurso no aparezca para nada alguna alusión a asuntos como la mejora de la competitividad, el incremento de la productividad o el estímulo al ahorro y a la inversión. Por bolivariano que sea un proyecto, España está inserta en el marco de la Unión Europea y de la Constitución del 78, lo que implica que principios tales como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, una tributación no confiscatoria y la economía de mercado, son referentes inevitables y, por tanto, una gestión pública exclusivamente centrada en dar y repartir, olvidando la imprescindible tarea de procurar que los beneficios empresariales permitan a través de los impuestos la generosidad del Estado, está condenada a la frustración y al fracaso. Es más, se puede caer en la paradoja de que el resultado final de políticas destinadas a apoyar y dignificar a los estratos más vulnerables de la sociedad sea extender e intensificar su precariedad.

Esta verdad evidente ha sido objeto de abundante estudio por la ciencia económica y existe ya una dilatada experiencia acumulada sobre las nefastas consecuencias de muñir con entusiasmo a la vaca presupuestaria sin proporcionarle al mismo tiempo el pienso que garantice su supervivencia. Este flagrante error de enfoque en gentes a las que se supone por sus biografías suficientemente formadas y dotadas de la capacidad de análisis adecuada para administrar municipios y Comunidades Autónomas, despierta alarma e incluso pánico en determinadas elites. Por otra parte se ha dicho, y me parece acertado, que los dirigentes de Podemos experimentarán en los próximos meses un baño de realidad y que comprobarán que una cosa es elucubrar en los conciliábulos teóricos de un departamento de ciencia política y otra tomar decisiones con efectos tangibles. Este proceso de aprendizaje calmará sus ánimos rupturistas y diluirá sus utopías, añaden los optimistas, y terminarán siendo una socialdemocracia que por mucha coleta y camisa arremangada que exhiba, se integrará pacíficamente en el sistema. Ojalá esta perspectiva consoladora sea correcta y la domesticación intelectual de los líderes surgidos de las tumultuosas asambleas del 15-M no nos salga demasiado cara.


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