El tiempo recobrado

Domadores de serpientes

Se atribuye a José Antonio Griñán la ingeniosa apreciación de que en el escándalo de los ERE de Andalucía no hubo un fondo de reptiles, sino unos reptiles que se aprovecharon de un fondo. El problema surge cuando los reptiles son consejeros, directores generales y numerosos cargos intermedios. Entonces cabe la pregunta de dónde estaban los domadores de serpientes mientras los ofidios hacían su agosto saqueando el erario. Ahora la fiscalía pide para los faquires de la flauta distraídos penas de prisión y de inhabilitación por haber mirado hacia otro lado o haber consentido el festín de sus sinuosas mascotas a costa del sufrido contribuyente.

La corrupción es tan antigua como el mundo y ya en la antigua Asiria, en el Egipto faraónico o en el Imperio Romano gobernantes o funcionarios desaprensivos llenaban sus arcas mediante la defraudación, la mordida o la información privilegiada. La política siempre va acompañada del latrocinio y se trata de mantenerlo dentro de límites inocuos. Por ejemplo, se calcula que en España las trapisondas de nuestros alcaldes, concejales, presidentes autonómicos, consejeros, ministros y demás tropa con mando en boletín oficial municipal, provincial, regional o estatal nos ha costado algo así como cuarenta mil millones de euros, casi el total del déficit público que Bruselas nos insta a doblegar. Si en vez de cuarenta mil hubiesen sido cuatro mil o mil o cuatrocientos, pues mucho mejor estaríamos.

Un país en el que todos los periódicos de una Comunidad Autónoma rica y plena publican un editorial conjunto al dictado del palacio del sátrapa de turno ha de revisar seriamente la potencia de fuego de su cuarto poder

Los instrumentos para poner coto a la venalidad congénita de los gestores públicos son conocidos: la prensa libre, la justicia independiente, los órganos de supervisión y control, la transparencia de la Administración, el castigo severo de los abusos y un Estado eficiente de tamaño moderado. Un somero repaso a cada uno de esos factores en España conduce a la melancolía.

La prensa, pese al meritorio esfuerzo de algunos profesionales valerosos por descubrir a los miembros más destacados de la cuadrilla de Alí Babá, ejerce su noble cometido sometida a la servidumbre de que los jerifaltes de los partidos alivien sus penurias financieras y presa de los halagos y presiones de las altas esferas. Un país en el que todos los periódicos de una Comunidad Autónoma rica y plena publican un editorial conjunto al dictado del palacio del sátrapa de turno ha de revisar seriamente la potencia de fuego de su cuarto poder.

Los jueces, sobre todo en los estratos superiores de su selecto estamento, están regidos en sus nombramientos, promociones y régimen disciplinario por un Consejo designado por los partidos mediante cuotas. A partir de aquí la sospecha de que sus sentencias no sean todo lo imparciales y ajustadas a derecho que se espera de ellas queda irremisiblemente abierta. Todavía aletea en nuestra memoria la sutil observación de un Presidente de Gobierno al líder de la oposición recordándole que había colocado en la cúspide del sistema judicial a un magistrado políticamente afín a su rival, algo así como “no te quejes, que he puesto a la cabeza del Tribunal Supremo a uno de los vuestros”. Inaudito, pero cierto.

En cuanto a la posibilidad de que un interventor o un secretario municipal puedan parar una maniobra ilegal de un mandatario codicioso pertenece al reino de la fantasía. Sus protestas caen en el vacío y carecen de los mecanismos coercitivos que les permitirían poner coto a los desmanes de aquellos a los que teóricamente vigilan.

El ocultamiento, el sigilo y la simulación son las armas habituales de una Administración que evita a toda costa ser escrutada por los medios y por los ciudadanos. Nuestro ordenamiento no incorpora las normas de obligado cumplimiento que fuercen a los poderes públicos a mostrar de forma completa a la luz pública sus cuentas, sus adjudicaciones y la base jurídica de sus decisiones.

Un Estado más simple, más funcional y más operativo que el galimatías autonómico que padecemos contribuiría eficazmente a una drástica reducción de la corrupción

Una vez descubierto el mangante y llevado ante un Tribunal comienza un proceso interminable plagado de pausas y meandros que culmina muchos años después en una sentencia casi siempre de una sorprendente benevolencia. Acabamos de ver como uno de los más conspicuos profesionales de meter la mano en la caja de las últimas dos décadas ha alcanzado un pacto con la fiscalía en virtud del cual tras reconocer sus fechorías y realizar algunas delaciones se librará de entrar en la cárcel. Justicia escasamente ejemplar.

La proliferación de niveles administrativos, de centros de toma de decisiones, de leyes y reglamentos y de focos de gasto, multiplica obviamente las probabilidades de que alguien caiga en la tentación de la recalificación irregular, el concurso amañado, el cobro de la suculenta comisión, el abultamiento de la caja B o la subvención clientelar. Un Estado más simple, más funcional y más operativo que el galimatías autonómico que padecemos contribuiría eficazmente a una drástica reducción de la corrupción.

A partir de aquí emerge la urgencia y la perentoriedad de una profunda reforma constitucional e institucional que corrija los defectos señalados, aunque semejante pretensión frente una clase política que ni siquiera puede cumplir el mínimo cometido que se le ha encomendado, que es formar un Gobierno, no es que sea pedir peras al olmo, es instar a la luna a que baje a la tierra.


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