El tiempo recobrado

Daños por corrupción

La corrupción es uno de los obstáculos más grandes para el correcto funcionamiento de la economía de mercado y sus efectos deletéreos pueden ser incluso peores que los del intervencionismo. En España, la proliferación de casos en los diversos niveles de la Administración, sobre todo en los ámbitos municipal y autonómico, han alcanzado un volumen y una gravedad que nos han situado muy próximos a la categoría vergonzosa de los países latinoamericanos o africanos en los que este condenable fenómeno ha adquirido la condición de sistémico, es decir, de engranaje indispensable para el funcionamiento del sistema. Hay perjuicios obvios que dimanan de la corrupción, como su capacidad de detraer ingentes recursos del circuito productivo con la consiguiente pérdida de potencia inversora generadora de valor añadido y de empleo. Se ha estimado que a los españoles las prácticas venales de nuestros concejales, alcaldes, consejeros autonómicos, sindicalistas, y demás fauna amorrada al erario nos ha costado la friolera de unos cuarenta mil millones de euros, más de la mitad de nuestro déficit público actual.

Hay perjuicios obvios que dimanan de la corrupción, como su capacidad de detraer ingentes recursos del circuito productivo con la consiguiente pérdida de potencia inversora generadora de valor añadido y de empleo

Asimismo, la generalización de la corrupción genera desconfianza en los mercados internacionales aumentando el riesgo-país y paralizando la inversión extranjera. Otra secuela enormemente dañina es la inestabilidad política, tal como se verá en las inminentes elecciones locales y regionales y posteriormente en las generales, fechas en las que asistiremos a un trastoque completo del mapa parlamentario, que se fragmentará y se desplazará hacia su extremo izquierdo, dificultando así la formación de gobiernos sólidos, tan necesarios para salir de la crisis.

Las soluciones para evitar tales desastres vendrán por supuesto de reformas institucionales que los hagan imposibles o por lo menos altamente improbables. Si en Dinamarca, Finlandia, Suecia u Holanda, los gestores públicos guardan en su inmensa mayoría un comportamiento moralmente correcto es porque los procedimientos de toma de decisión, el control y vigilancia sobre los políticos, la libertad de los medios de comunicación y la independencia y la celeridad de la justicia, son netamente mejores que los nuestros. No pesa sobre nosotros, los españoles, una maldición divina que nos condene irremisiblemente a la corrupción, las causas de sus estragos están perfectamente identificadas: la politización  de los tribunales, la sumisión de periódicos, radios y televisiones al poder de turno, el debilitamiento de la separación de poderes, la multiplicación de niveles administrativos, un sistema electoral que elimina la relación entre representante y representado y la larga mano de los partidos en todas las palancas del Estado.

La generalización de la corrupción genera desconfianza en los mercados internacionales aumentando el riesgo-país y paralizando la inversión extranjera

En estos días se discute sobre las incompatibilidades de los diputados a raíz de revelaciones sobre determinadas labores de asesoría por parte de algunas señorías. No se necesita ser un severo puritano, sino que basta disponer de un mínimo sentido del decoro, para comprender que los ocupantes de escaños en las Cortes no deben realizar trabajos de consultoría para empresas o empresarios que se presenten a licitaciones públicas. El hecho de que el Reglamento de las Cortes permita semejantes actividades demuestra que hace tiempo que hemos perdido el norte.

Las nuevas formaciones que serán decisivas muy pronto han de comprender que su tarea principal y urgente es la transformación ordenada de nuestra partitocracia podrida e insostenible de hoy en una democracia constitucional saludable y eficiente que nos abra las puertas del mañana.


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