El tiempo recobrado

Autonomías y déficit: un problema insoluble

El ministro de Hacienda ha encargado a la Autoridad Presupuestaria Independiente un informe sobre la situación financiera de las diecisiete Comunidades Autónomas y sus posibilidades de cumplir los objetivos de déficit fijados para los próximos tres años con vistas a satisfacer los criterios establecidos en la Eurozona respecto al necesario saneamiento de las cuentas públicas. En particular, el ministro quiere saber si es mejor fijar un techo común para todas o si resulta más realista permitir una cierta flexibilidad, de forma que unas Autonomías obedezcan a unas exigencias más severas que otras en cuanto a calendario y reducción sucesiva. Al final, todas han de alcanzar el déficit cero en 2018 y se trata de establecer el camino más efectivo para tal fin. En el pasado se han ensayado los dos métodos, el de los déficits a la carta y el de la uniformidad y ninguno ha funcionado. Sistemáticamente, año tras año, las Comunidades han sido incapaces de ajustarse a sus compromisos, mientras que, en paralelo, la Administración central y los Ayuntamientos sí se han comportado de acuerdo a lo programado. No pocas de ellas, además, han visto como su deuda se hundía en la calificación hasta el ignominioso nivel de bono basura. La consecuencia de este desastre ha sido que la Hacienda estatal se ha convertido en su prestamista a través del Fondo de Liquidez Autonómica y del Fondo para el Pago a Proveedores. La paradoja que surge imparable es que Autonomías dominadas por partidos independentistas claman por separarse de la ubre que las alimenta, un absurdo más de los muchos que impregnan los proyectos secesionistas. Inmersos en esta contradicción, los españoles hemos contemplado asustados como la deuda total del Estado trepaba hasta la irrespirable cota del 100% del PIB.

Las Autonomías representan un añadido artificial que se ha incorporado a la estructura del Estado por razones políticas y no para responder a necesidades auténticas

El motivo por el cual el Estado central y los Ayuntamientos han podido domeñar su gasto y no así las Comunidades Autónomas es fácilmente identificable, aunque nadie se atreve a señalarlo porque es políticamente incorrecto. De hecho, la causa verdadera por la que las Autonomías se estrellan ante la incontrolable diferencia entre sus ingresos y sus dispendios apunta a uno de los dogmas sagrados de la Transición: la bondad y el éxito del Estado de las Autonomías. Las instancias centrales de gobierno y los poderes locales son estratos de la gestión pública que podríamos llamar "naturales" y cuya función se justifica desde un enfoque racional. Las Autonomías, en cambio, representan un añadido artificial que se ha incorporado a la estructura del Estado por razones políticas y no para responder a necesidades auténticas.

Un país del tamaño de España se puede manejar perfectamente mediante un Gobierno central fuerte acompañado de una intensa descentralización administrativa que suministre eficacia y unos municipios de dimensión adecuada que atiendan a los servicios obligadamente más cercanos al ciudadano. Esta es la fórmula que proporciona el máximo de eficiencia y de funcionalidad. Las Autonomías responden a otra óptica, la de satisfacer diferencias culturales y lingüísticas que podrían respetarse igual sin su despilfarradora presencia, la de frenar a unos separatismos por otra parte irrefrenables y a la de proporcionar abundantes puestos, pesebres e instrumentos de influencia a una clase política inflada en número y atribuciones. La imposibilidad de cuadrar las cuentas de las Comunidades Autónomas es pues una cuestión estructural, un defecto profundo de la arquitectura del Estado, que por mucho que se legisle y se ensaye un sistema de financiación autonómica tras otro jamás encontrará solución sencillamente porque tal solución no existe.

Se verifica por tanto una vez más el hecho conocido de que frecuentemente la política no sólo no ayuda a salir de las dificultades, sino que las crea, las mantiene contra la evidencia y las incrementa. Sigamos sufriendo el espectáculo de un presupuesto desbocado no por las demandas del Estado del Bienestar o por los efectos deletéreos de la crisis, sino por el empecinamiento de nuestros partidos en imponernos un modelo territorial disfuncional, carísimo e irracional.


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