El rincón austriaco

La lógica de reclamar más impuestos

Titula el Wall Street Journal que Suecia se enfrenta a un “enigma fiscal”: sus ciudadanos demandan… más impuestos. De acuerdo con el rotativo estadounidense, el primer ministro sueco, Fredik Reinfeldt, no está despuntando en las encuestas para las generales de este año porque la mayoría de electores, tras dos legislaturas de rebajas fiscales, reclama más impuestos para que así el Estado pueda costear mejores servicios públicos. El Wall Street Journal se muestra sorprendido de que los suecos quieran pagar mayores tributos, pero no debería hacerlo.

En general, los motivos que pueden impulsar a una persona a reclamar impuestos más elevados son de dos tipos. El primero, esa persona puede buscar que sean otros los que le financien el gasto público que directamente le beneficia; el segundo, ese persona puede valorar en mayor medida los servicios que le provee el Estado que aquellos impuestos que ha de abonar a cambio de esos servicios.

El primero de estos motivos podríamos calificarlo de “parasitismo”: una persona defiende más impuestos para así apropiarse de la riqueza de otras personas, esto es, para disfrutar del gasto público externalizando (socializando) sus costes. Es una forma muy evidente de maximizar la utilidad personal a costa de los demás: gozo yo, pagan otros. Dado que amplios sectores de la sociedad han terminado legitimando el expolio que se canaliza a través del Estado, constituye una estrategia racional la de intentar robarle al vecino por los circuitos estatalmente habilitados a tal efecto, autoengañándose de que no hay nada malo en ello. Nadie debería, por tanto, sorprenderse de que muchas personas justifiquen mayores impuestos con semejante propósito: la tentación antisocial de asaltar al prójimo en lugar de cooperar con él siempre está presente y, si el Estado la incentiva y la legitima moralmente, todavía más.

Cuando se demandan mejores servicios estatales

Más llamativo, empero, es el segundo motivo: que un ciudadano quiera pagar más impuestos porque desea recibir mejores servicios del Estado. No se trata de que esa persona desee que otros le costeen el gasto del que él se beneficia, sino que quiere recibir un mayor gasto a cambio de ser él quien lo costee íntegramente con sus impuestos. Diría que éste es, además, el caso en el que se encuentran la mayoría de ciudadanos suecos y que, por consiguiente, resulta más interesante de analizar.

¿Es racional querer soportar más impuestos a cambio de recibir mejores servicios públicos? Allí donde el Estado se arroga el monopolio de facto de esos servicios públicos (como, por ejemplo, la sanidad, la educación o las pensiones) puede serlo. Cada uno de nosotros deseamos consumir determinados niveles de esos servicios y un ciudadano bien puede considerar que el nivel de provisión establecido unilateralmente por el Estado es insuficiente en relación con sus necesidades. Imaginemos que el Estado monopolizara la oferta de restaurantes, cubriera íntegramente sus gastos recaudando impuestos y le concediera a cada ciudadano el derecho a comer en ellos una vez por semana: habría personas que se sentirían insatisfechas con ese nivel de provisión (por ejemplo, aquellas que desearan comer dos o tres veces por semana en restaurantes) y reclamarían un mayor gasto aunque ello implicara pagar un mayor IRPF. En el caso de la educación o la sanidad, tiene sentido que muchos individuos deseen contar con mejores escuelas y hospitales (sobre todo, conforme más rica se va volviendo una sociedad), aun cuando ello suponga hacer frente a su coste por la vía tributaria.

Racional, pero no legítimo

Ahora bien, que en muchos casos pueda ser racional reclamar mayores impuestos no significa que sea legítimo. A la postre, mientras los impuestos sean figuras tributarias generales y no particulares, mi deseo de mayores impuestos implica que otros también estarán forzados a abonar mayores impuestos, aun cuando esos otros no deseen efectuar un mayor consumo de los servicios estatales costeados con el nuevo régimen tributario. Dicho de otra manera, que yo desee comer dos veces por semana en un restaurante y esté dispuesto a pagar por ello no legitima que yo pueda obligar a otros a que coman dos veces por semana fuera de casa ni a que paguen como si lo hicieran. Al igual que para mí es racional reclamar mayores impuestos si valoro más los servicios recibidos que su coste fiscal, para otros es racional no hacerlo si valoran más los usos alternativos que pueden darle a ese dinero: y nada legitima que yo pueda coaccionar a los demás a hacer con su propiedad un uso que consideren inadecuado (ni siquiera aunque seamos muchos quienes así lo pensemos: las mayorías no tienen derecho a laminar a las minorías, ni viceversa).

El problema es que, dentro de un sistema estatista, mis preferencias sobre los servicios públicos sólo pueden materializarse mediante su universalización coactiva: dado que todos debemos costear un servicio que tenemos derecho a consumir todos por igual, la modificación de una de las partes de ese sistema necesita de la modificación del todo. En este sentido, la prestación de servicios a través del Estado se convierte en una guerra entre partes canalizada a través de la autoridad política: aquella coalición electoral con unas preferencias homogéneas mayoritarias se impone por la fuerza sobre las minorías con unas preferencias divergencias (no sólo en materia de gasto, sino también, por ejemplo, en los planes de estudio de la educación estatal). Como reconocía William Beveridge, el intelectual detrás del Estado de Bienestar inglés: “En un Estado totalitario o en un campo donde el Estado haya logrado un monopolio, aquellos que estén insatisfechos y quieran modificar el marco institucional vigente, sólo podrán hacerlo llegando al Gobierno. En una sociedad libre, tienen una alternativa: los individuos insatisfechos y con ideas novedosas pueden crear nuevas instituciones que satisfagan sus necesidades. Los más diversos aspectos de la vida social están abiertos a la experimentación, al éxito o al fracaso; la secesión es la comadrona de la innovación”.

La alternativa liberal

El sistema estatal, pues, dista de ser óptimo (lo óptimo sería que cada cual pueda obtener el tipo de servicio que mejor encaje con sus preferencias personales) y abre la puerta a plantearse la existencia de alternativas preferibles. Y sí las hay: tal como explico en mi próximo libro, Una revolución liberal para España, no hay en general ninguna actividad económica o social que los seres humanos no podamos realizar mejor y a un menor coste en ausencia de violencia (cooperación voluntaria) que en presencia de violencia (coacción estatal generalizada). En tal caso, si una mayoría de ciudadanos desean gastar un mayor porcentaje de su renta en mejorar la educación que reciben sus hijos —como sucede aparentemente en Suecia— podrán hacerlo sin que el resto de ciudadanos que no desean hacerlo tengan la obligación de hacerlo. La ventaja de una sociedad y de un mercado libre es justamente ésa: que cada cual puede lograr sus fines sin necesidad de impedir que otras personas consigan los suyos.

Que los ciudadanos suecos deseen pagar más impuestos, por consiguiente, no modifica un ápice la conclusión de que las sociedades libres son superiores a las sociedades estatalizadas. Al contrario, ilustra por qué son superiores: porque cada cual no necesita pedirle permiso al resto para alcanzar sus fines vitales, incluyendo entre esos fines vitales el gastar más en educación, en sanidad, en pensiones o en ayudar al resto de personas con una menor renta (en otras palabras: aquellas personas que deseen montarse un Estado pueden hacerlo sin extenderlo imperialistamente sobre los demás disidentes). La posición liberal no es que sea bueno para el ser humano que gastemos menos en todas estas rúbricas, sino que es bueno para el ser humano que cada cual pueda decidir libremente qué parte de su renta decide destinar a cada una de ellas sin ejercer la coacción sobre sus vecinos. Que los suecos se aferren al Estado como proveedor monopolístico no prueba ni que sea la única ni la mejor vía para recibir más y mejores servicios al menor coste: en la mayoría de los casos significa que es la única vía que han conocido (sesgo del statu quo). Pero, afortunadamente, es posible demostrar que existen alternativas voluntarias muy superiores.


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