El rincón austriaco

Los liberales y el Estado

La relación entre el Estado y los liberales es una relación inevitablemente complicada. El objetivo del liberalismo es reducir el Estado a su mínima expresión, ya sea por motivos éticos o consecuencialistas. Muchos liberales, de hecho, llegan a equiparar impuesto y robo, con lo que aparentemente también equiparan gasto público con disposición del atraco.

A raíz de mi colaboración en el programa La Mañana de TVE, se ha suscitado una comprensible polémica sobre si los liberales pueden participar del gasto público toda vez que denuncian su coactivo origen. Se trata de un debate recurrente que resulta extensible a muchos otros campos: ¿Puede un liberal que quiere privatizar la educación ser profesor de una universidad pública? ¿Puede un liberal que quiere privatizar Renfe hacer uso del AVE? ¿Puede un liberal que quiere privatizar la sanidad hacer uso de la sanidad estatal?, etc. Es decir, ¿puede un liberal recibir directa o indirectamente alguna renta (monetaria o en especie) que proceda de la coacción estatal que él mismo denuncia? En este artículo voy a tratar de desarrollar la cuestión.

¿Puede un liberal colaborar con un organismo estatal?

¿Cuáles son los problemas para un liberal de un organismo estatal? Básicamente tres: su cometido (espionaje, represión, adoctrinamiento antiliberal…), su financiación (impuestos) y sus privilegios regulatorios en perjuicio de terceros (por ejemplo, ese organismo opera gracias a una restricción legal de la competencia). Los problemas son esos tres y no otros: si el Estado promoviera la creación de un organismo financiado voluntariamente, sin privilegios regulatorios y con un cometido lícito, los liberales no criticarían su existencia (de hecho, eso es una empresa o fundación privada).

¿En qué sentido, pues, resulta incoherente que un liberal se relacione con un organismo público? Por su cometido, el liberal sería incoherente si ejecutara acciones antiliberales: por ejemplo, un liberal no puede coherentemente formar parte de un servicio de espionaje estatal; por su financiación, un liberal podría ser incoherente si se lucrara desproporcionadamente de ese organismo público (luego trataremos con más detalle la cuestión); por sus privilegios regulatorios, un liberal podrá ser incoherente usara esos privilegios para obtener ciertas prebendas de las que no gozaría en ausencia de Estado. Tomemos el caso de colaborar con medios de comunicación estatales o con las universidades públicas.

Por su objeto: ¿el cometido de estos organismos es antiliberal? Informar y educar no es antiliberal. Informar y educar contra el liberalismo es lícito en una sociedad libre pero, evidentemente, sí es antiliberal. Por tanto, mientras el liberal no adopte una postura antiliberal en los medios y en la universidad pública no hay ninguna incoherencia en este campo por el hecho de mezclarse con ellos. O dicho de otra manera: lo incoherente no es que un liberal participe en una televisión o una universidad pública que desea cerrar o privatizar, sino que, justamente por participar en ellas, deje de defender su cierre o participación (o que adopte discursos antiliberales para participar en ellas).

Por su financiación: al relacionarse con ellos, ¿el liberal se lucra desproporcionadamente? Para ello determinarlo podemos emplear dos criterios que más adelante desarrollaremos: uno al que llamaría “criterio fuerte” (que el liberal no obtenga cobros del Estado, en metálico o en especie, superiores a los impuestos que abona) y otro al que llamaría “criterio débil” (que el liberal no perciba por sus servicios remuneraciones ampliamente por encima de las que se logran en el mercado por servicios asimilables).

Por sus privilegios: ¿el liberal se aprovecha de algún privilegio regulatorio que detenten universidades y televisiones públicas? En España no están prohibidas ni las televisiones ni las universidades privadas. Tampoco las televisiones o universidades públicas se han constituido para uso exclusivo de los liberales. Por tanto, por participar en ellas no se hace uso de ningún privilegio: la presencia no-liberal en ambas es infinitamente superior a la liberal, lo que prueba que el liberal no se aprovecha de ningún trato de favor del Estado.

Por consiguiente, bajo estas condiciones y siempre que el liberal siga defendiendo la supresión de ese organismo público, no debería observarse ninguna profunda incoherencia en que un liberal colabore con él. Pero, sin ninguna duda, que un liberal cobre del Estado resulta un asunto harto espinoso. Si los impuestos son dinero robado, ¿no está el liberal tomando parte del botín cuando cobra del Estado? ¿Puede un liberal lucrarse del sector público?

El criterio fuerte: el saldo fiscal con el Estado

Lo primero de todo es aclarar a qué nos referimos cuando se dice que un liberal se lucra del sector público (o incluso que “vive del” Estado). Todo ciudadano, también los liberales, paga una determinada suma de dinero de impuestos y recibe unos determinados servicios del Estado: la diferencia entre ambas magnitudes es su saldo o balanza fiscal individual. Así, si su balanza fiscal es negativa (el valor de todos los impuestos pagados supera el valor de todos los servicios estatales recibidos), ¿puede decirse que ese ciudadano se lucre del Estado? Evidentemente no: ese ciudadano no sería un beneficiario neto de su relación con el Estado sino un perjudicado neto.

La cuestión, entonces, pasa a ser: sin perjuicio de sus principios liberales (ejecutar acciones antiliberales o aprovecharse de privilegios estatales), ¿puede un liberal tratar de reducir su saldo fiscal negativo con el Estado cobrando rentas monetarias o en especie del Estado? Muchos se escandalizan con semejante pregunta, por cuanto optan por observar sólo un lado de la relación liberal-Estado (en concreto, el de los cobros que el liberal recibe del Estado), obviando por entero el otro lado (el de los pagos que el liberal efectúa al Estado). A mi entender, los siguientes cuatro casos son perfectamente asimilables: 

1º Supongamos que el Estado aprueba una nueva deducción en el IRPF por cada hijo que tenga el declarante. Si un ciudadano se acoge a ella, ¿podríamos decir que no paga impuestos o que incluso vive del Estado? No, diríamos que paga menos impuestos y que el Estado le quita un menor porcentaje de su renta.

2º Supongamos que el Estado le arrebata mensualmente a un liberal un 40% de su salario y, a cambio de ello, el ciudadano puede optar dentro de 35 años por cobrar una pensión pagada por el Estado que no llega a cubrir la totalidad de todo lo que se le quitó. Remarco que el ciudadano tiene la opción (pero no la obligación) de percibirla. Si finalmente escoge cobrarla, ¿podríamos decir que ese ciudadano está viviendo del Estado o que sólo está recuperando lo que previamente le arrebataron? Más bien la segunda opción.

3º Supongamos que una familia paga 60.000 euros anuales en impuestos y que sus hijos consiguen una beca estatal de 3.000 euros. ¿Diríamos que esa familia se lucra del Estado? En realidad, está recuperando un 5% de los impuestos que ha abonado. Desde luego, mucha gente puede pensar que esos 3.000 euros que recupera no proceden de los 60.000 euros que previamente les han arrebatado, sino de los impuestos abonados por otros ciudadanos. Pero el dinero es un bien fungible, es decir, un bien no identificable por su individualidad: una vez pagados los impuestos, es imposible conocer qué saldos concretos de la administración pública pertenecen a qué ciudadanos. Lo único que podemos saber es cuántos impuestos le ha pagado cada uno al Estado: y, en este sentido, ser receptor de gasto público es una forma equivalente a las deducciones fiscales de reducir la carga tributaria (siempre, insisto, que se paguen más impuestos del gasto público percibido).

4º Una buena analogía con lo anterior es plantearse qué sucede en la más celebérrima de las formas de presunta explotación: la explotación del capital sobre el trabajo denunciada por Marx. Según el alemán, el capitalista explota al trabajador cuando no le remunera plenamente su jornada laboral: es decir, cuando el precio de venta de las mercancías que han producido los trabajadores superan los salarios abonados a los trabajadores que directa o indirectamente las han fabricado. ¿Deberíamos decir en tal caso que el trabajador “vive del capitalista” por percibir un salario? No creo que ningún marxista concluyera tal cosa: desde su óptica, el salario es sólo aquella parte de la producción del trabajador que retiene el trabajador (que no le arrebata el capitalista). Si el trabajador logra una subida salarial, ¿significa que está incrementando su tasa de explotación sobre el capitalista? No, según Marx la estaría reduciendo. Si un liberal denuncia los impuestos como una forma de explotación, ¿acogerse a más deducciones o percibir gasto público es una forma de explotar a los demás o de reducir la explotación propia?

En definitiva, no veo incoherencia alguna en que un liberal cobre del Estado menos de lo que paga al Estado: ese debería ser un criterio fuerte de que no se está lucrando del Estado. En caso contrario, estaríamos equiparando coherencia liberal con maximizar los impuestos pagados al Estado: algo que no parece demasiado coherente (ni inteligente) desde un punto de vista liberal.

Dado que mi relación con el Estado es marcadamente deficitaria para mí y dado que sigo defendiendo el cierre/privatización de todos los organismos públicos con los que he colaborado, podría detenerme aquí si mi propósito fuera tratar mi caso personal. Pero como quiero reflexionar de manera general sobre el asunto, demos un paso más allá: ¿pueden los liberales coherentemente recibir más gasto público de los impuestos que abonan? ¿Se están lucrando del sector público en tal caso? El caso paradigmático sería el del liberal que se convierte en funcionario y sólo en funcionario (su única fuente de renta son los salarios públicos que proceden de los impuestos ajenos). Aquí es cuando habría que utilizar el criterio débil.

El criterio débil: el precio de mercado

Entiendo perfectamente que ésta es la zona más gris dentro de la posible incoherencia de un liberal: si los impuestos son un robo, recibir transferencias netas del resto de contribuyentes debería ser equivalente a robarles. Me parece una postura perfectamente defendible dentro del liberalismo, pero me gustaría complementarla con otra en principio igualmente válida.

Los impuestos no se perciben como coactivos por parte de todos los ciudadanos. Ni siquiera, por desgracia, por un gran número de ellos. La mayoría de las personas paga gustosamente impuestos al Estado a cambio de que éste le preste ciertos servicios. Si los impuestos son objetivamente coactivos no es porque nadie los pague de manera voluntaria, sino porque algunos —por ejemplo, los liberales— preferiríamos no pagarlos a cambio de, por supuesto, no recibir servicios estatales. Sin embargo, los liberales no disfrutamos de esta opción: hemos de pagarlos obligatoriamente.

En este sentido, el mensaje liberal es doble: ante todo, los liberales reclaman el derecho de que cualquier ciudadano puedan individualmente desprenderse o separarse del Estado (o de la mayor parte de los servicios que hoy presta). Por añadidura, los liberales también proclaman que la inmensa mayoría de ciudadanos, sin ser consciente de ello, sale perjudicada con el Estado. Pero, en general, la inmensa mayoría de la sociedad acepta el statu quo (por eso el statu quo puede mantenerse): es decir, acepta que el Estado goza de autoridad política para cobrarles impuestos y gastar esos impuestos.

En este sentido, un liberal que trabaje exclusivamente para el Estado percibe un salario que para la gran mayoría de la población no es ilegítimo: un salario que la gran mayoría de la población entiende como una parte de los servicios que acepta que el Estado le preste. ¿Puede decirse que el liberal coaccione a esa mayoría de la población que legitima al Estado y a su sistema tributario? No: el liberal podrá pensar que esas personas se están equivocando al legitimar el Estado, e intentará convencerlas de lo contrario, pero sobre esas personas no estará ejerciendo coacción alguna por cobrar una parte de sus impuestos.

Justamente, a quien podría entenderse que está “robando” o “coaccionando” el liberal que cobra netamente del Estado es a los liberales que contribuyen netamente con el Estado: es decir, a todos aquellos que querrían pagar menos impuestos a cambio de recibir menos servicios del Estado. Pero en muchos casos esos mismos liberales que son contribuyentes netos aceptarán que parte de sus impuestos vaya a parar a la contratación de un liberal siempre que ese liberal utilice su posición para promover las ideas liberales, para reducir el nivel de coacción del Estado o para bajar impuestos (sobre todo, si la alternativa a su contratación no es bajar los impuestos, sino gastarlos en otras actividades). Por supuesto, no todos los liberales verán con buenos ojos que el Estado use sus impuestos en contratar a un liberal, pero no olvidemos que los liberales contratados por el Estado también pagan impuestos y que la mordida tributaria que sufren sobre sus remuneraciones bien podría compensar con creces la porción de impuestos pagados por los liberales descontentos que integraban su salario (sobre todo, cuando el porcentaje de “liberales descontentos” sobre el conjunto de la población es tan reducido).

Por consiguiente, mientras la inmensa mayoría de la población acepte la legitimidad del Estado y del pago de impuestos; mientras muchos liberales acepten que sus impuestos se destinen a sufragar gastos que contribuyan marginalmente a reducir el peso del Estado; y mientras los liberales contratados por la Administración paguen cuantiosos impuestos, resulta bastante discutible que, incluso cuando la única fuente de renta de un liberal sea su empleo público, éste esté recibiendo netamente transferencias coactivas del resto de ciudadanos.

Eso no significa, por sí solo, que el liberal no se esté lucrando del sector público. Si los ciudadanos aceptaran por desconocimiento o por mero Síndrome de Estocolmo que el Estado preste un servicio pagando precios absolutamente descabellados a sus proveedores, entonces sí podría decirse que esos proveedores están capturando rentas y aprovechándose de los ciudadanos. Y si el liberal fuera uno de ellos evidentemente también. Para conocer si los precios que paga el Estado por la provisión de sus servicios son “absolutamente descabellados” o no, habrá que atender a los precios de mercado de servicios análogos: si la diferencia entre uno y otro no es muy grande y si el servicio público es uno que convalidan buena parte de los ciudadanos (y no una canonjía creada ad hoc para el liberal), entonces difícilmente podrá hablarse de lucro. Omitir este criterio débil de determinación del lucro debería llevarnos a considerar que un profesor universitario de la pública que cobre la mitad del salario mínimo por hora y que no obtenga ninguna renta del sector privado se estaría “lucrando” del Estado, cuando obviamente no parece ser el caso.

Bajo este segundo criterio débil, pues, los liberales que prestaran servicios no antiliberales a través del Estado no se estarían lucrando, lo cual no significa que el mantenimiento de su puesto de trabajo dentro del sector público esté justificado: tan sólo que no hay un aprovechamiento personal del Estado en contra de sus principios.

Conclusión

Los liberales que presten servicios a través del Estado que no tengan un contenido antiliberal, sin usar los privilegios regulatorios en perjuicio de terceros y sin percibir más rentas del Estado de las que pagan al Estado no parece que puedan ser calificados de incoherentes. Los liberales que, en cambio, cobren más del Estado de lo que pagan se hallan en una situación más cuestionable, pero en tanto en cuanto presten servicios justificados por la mayoría de los contribuyentes y no perciban rentas absurdamente por encima de las que podría estar logrando en el mercado por actividades análogas, tampoco cabría entender que son incoherentes.

En suma: lo que el liberal jamás puede hacer es promover el crecimiento del Estado u obstaculizar la reducción del mismo en beneficio propio. Interactuar con el Estado realmente existente sin dejar de defender su continua reducción parece ser la vara de medir exigible y razonable de su coherencia.


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