El rincón austriaco

Por fin, el bail-in

Algunos lo veníamos reclamando desde hace tiempo como una herramienta para evitar la socialización de pérdidas de la banca; otros lo vinieron desdeñando desde ese mismo momento precisamente para consolidar el descarado atraco a los ciudadanos. Al final, Europa, por primera vez y sin que sirva de precedente, se ha puesto del lado de los contribuyentes… al menos, a partir de 2018.

En efecto, el Consejo Europeo aprobó el pasado 28 de junio una propuesta de directiva donde se detallaba el plan de actuación ante la insolvencia sobrevenida de una entidad financiera. El documento parte del principio general de que no puede haber entidades demasiado grandes para caer, por cuanto ello sólo contribuye a extender el riesgo moral entre sus gestores y acreedores: si todos ellos son conscientes de que serán rescatados con independencia del grado de imprudencia de sus decisiones, obviamente tenderán a asumir muchísimos más riesgos de los que deberían.

Ahora bien, el documento también es consciente de que una liquidación desordenada de las entidades quebradas podría acarrear consecuencias devastadoras sobre el conjunto del sistema financiero. No olvidemos que, debido a los enormes privilegios que los distintos gobiernos han ido concediendo a los bancos desde hace décadas (abandono del patrón oro y acceso a la refinanciación de un pródigo banco central monopolístico), el sistema bancario no sólo se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema de cobros y pagos de cualquier sociedad, sino que lo ha hecho a pesar de exhibir un insoportable nivel de iliquidez en sus activos y pasivos (los bancos se endeudan a corto plazo e invierten a largo, hallándose siempre a un paso de la suspensión de pagos que sólo los privilegios estatales consiguen evitar). La bancarrota de una entidad bien podría terminar arrastrando a las otras y colapsar el sistema de cobros y pagos, paralizando por entero la economía.

La necesidad del bail-in

Por eso, el bail-in (a saber: la conversión de pasivos de la entidad quebrada en fondos propios) es una solución sensata: el banco insolvente no es liquidado, sino recapitalizado. Pero no es recapitalizado, como hasta la fecha, a costa de los contribuyentes (bail-out), sino con la transformación en acciones de parte del capital que la entidad adeuda a sus acreedores. Al fin y al cabo, cualquier empresa está quebrada en el momento en que sus pasivos superen sus activos: si el diferencial entre pasivos y activos puede convertirse en fondos propios, la empresa por definición no puede quebrar.

Así las cosas, y a partir de 2018, las primeras pérdidas derivadas de las malas inversiones de un banco serán asumidas por los accionistas. Si con éstos no basta –como ha sido habitual durante esta crisis–, los siguientes en asumir los destrozos serán los acreedores subordinados –por ejemplo, los tenedores de participaciones preferentes–, que o bien se transformarían en accionistas o bien perderían todo su capital. Hasta aquí no hay demasiadas novedades: en España ya hemos experimentado las quitas a accionistas y acreedores subordinados. La importante novedad radica en que, si con el bail-in a los acreedores subordinados no es suficiente, se acude a los acreedores senior, aquellos que, salvo en Chipre, se han ido de rositas durante esta crisis. Aclaremos, por cierto, que dentro de la categoría de acreedores senior no sólo se incluyen los bonos no garantizados, sino también los depósitos a la vista no avalados por los Estados (aquellos que superen los 100.000 euros), si bien se atacarán con preferencia los depósitos de grandes empresas sobre los de familias y pymes.

Es verdad que cada Estado miembro tendrá un amplio margen de actuación a la hora de aplicar el bail-in: la normativa solo exige que, como mínimo, éste equivalga al 8% del total de pasivos. Para el resto de necesidades de capital, y con varias importantes restricciones, los distintos Estados podrán seguir insuflando dinero del contribuyente para minimizar las quitas sobre los acreedores. Sin embargo, por negativa que pueda parecernos está discrecionalidad, tampoco cabe desear que Bruselas suplante por completo a los gobiernos de los Estados miembros: lo realmente importante del asunto es que, a partir de 2018, existirá una cobertura jurídica para que los políticos europeos puedan tomar la decisión correcta, esto es, no socializar las pérdidas de los inversiones a los contribuyentes. Por supuesto, si luego somos gobernados por un Rajoy o por un Zapatero que prefieren optar por el socialismo para ricos del rescate indiscriminado de acreedores, los contribuyentes seguiremos siendo oprimidos por nuestra oligarquía política. Pero, ya digo, al menos no tendrán excusas para negarse a seguir el camino correcto: el del bail-in.

Sólo una medida transitoria

En suma, los liberales podemos estar de enhorabuena con esta resolución del Consejo Europeo, ¿no? Sí, aunque sólo de manera parcial. Primero, porque resulta escandaloso que la aplicación del bail-in se haya retrasado a 2018 en lugar de haberse aplicado desde un primer momento para evitar el despojo actual contra el contribuyente europeo y, en especial, contra el contribuyente español. Y segundo porque el bail-in, tal como lo ha configurado Bruselas, confiere un poder absoluto al Estado para intervenir y reorganizar la propiedad de las entidades concursadas. Un poder que no debería corresponder a los gobiernos, sino a los accionistas y a los acreedores. Sucede que, como hemos expuesto, accionistas y acreedores lo son de unas entidades que han sido previamente privilegiadas por los Estados y de ahí que pueda justificarse que se vean despojados de su capacidad para decidir el futuro de la entidad, tratando de minimizar los daños sobre terceros que implica la insolvencia. Pero aquí llegamos a la auténtica madre del cordero: el problema de fondo es que los Estados siguen privilegiando a la banca.

Para los liberales, el bail-in instrumentado a través del gobierno sólo es una solución de transición para un problema generado y agravado por los propios gobiernos: los privilegios concedidos a la banca. Pero, evidentemente, no se trata del remedio ideal y definitivo para los sistemas financieros en bancarrota, pues en circunstancias normales –en circunstancias que no deriven de la manipulación estatal del comportamiento de la banca– la suerte de cada compañía deben decidirla sus accionistas y acreedores. Por consiguiente, bien está que Bruselas se haya decidido, por fin, a descargar a los contribuyentes del coste de rescatar a los acreedores: pero no perdamos de vista que se trata solo de un paso intermedio e insuficiente. El objetivo final ha de ser un sistema monetario y financiero libre: en tal caso, el riesgo sistémico se reducirá a su mínima expresión y serán los acreedores y accionistas quienes sí podrán decidir sin perjuicios si prefieren liquidar su entidad insolvente o recapitalizarla a costa de sus derechos de crédito contra la misma.


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