El rincón austriaco

No censuren las nuevas universidades

Existe la muy generalizada percepción de que la deficiente formación proporcionada por el sistema educativo superior se debe a la elevada cantidad de universidades españolas, tanto públicas como privadas. “No necesitamos más universidades; al contrario, nos sobran universidades”, suele escucharse. Acaso por ello nadie se haya escandalizado por algunas propuestas como las del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, consistentes en no a autorizar la apertura de ningún nuevo centro universitario en la región por considerar que ya “existen suficientes, tanto públicos como privados”. El sistema, aclara el ex rector de la Autónoma, deberá mantenerse con las que ya se hallan instaladas.

Dejando de lado errores habituales a propósito de la sobreabundancia universitaria —el problema no es tanto la existencia de muchos centros, cuanto que todos sean clónicos y no se produzca ninguna tendencia hacia la especialización—, los principales problemas de la censora propuesta de Gabilondo son dos: uno económico y otro ético.

El error económico es creer que la posible existencia de un exceso de universidades de mala calidad hace necesario cerrar el acceso a nuevos competidores

El problema económico de la censura universitaria

El error económico es creer que la posible existencia de un exceso de universidades de mala calidad hace necesario cerrar el acceso a nuevos competidores. Más bien al contrario: si existen empresarios que, tras observar el panorama de la educación superior en España (o en Madrid), se consideran capaces de lanzar una universidad mejor que todas las existentes y, además, se muestran dispuestos a invertir sus ahorros en ello, todos deberíamos celebrar que lo intenten. Si triunfan, contribuirán a barrer a las malas actuales; si fracasan, concentrarán en su patrimonio personal las pérdidas de tan arriesgado pero necesario envite.

La manera de reestructurar un sector económico que no satisface las necesidades de los usuarios no es impedir que entren nuevos competidores con mejores ideas. Al contrario, cerrar el acceso a nuevos rivales sólo es una manera proteger a los ineficientes oferentes actuales. No es una forma de racionalizar el sector, sino de entregárselo en bandeja a las torpes élites que lo controlan y se lucran con él actualmente: ya sean las burocracias funcionariales de los centros públicos o los stakeholders de los privados.

Imaginemos que toda la prensa de papel española se halla en un proceso de imparable declive, que la calidad del periodismo escrito es lamentable, que el público está migrando masivamente hacia los diarios online, que el sector está reinventándose desde cero y que, en definitiva, existe un mayor número de cabeceras que aquellas que terminarán sobreviviendo. ¿Tendría algún sentido que el gobierno prohibiera la creación de nuevos medios escritos o digitales bajo el argumento de que ya existen suficientes y de que el periodismo tendrá que mantenerse “con los que ya hay”? No sólo se trataría de un inaceptable atentado contra la libertad de expresión, sino de una torpeza manifiesta que impediría el reajuste sectorial y, simétricamente, permitiría a sus anquilosados dinosaurios seguir beneficiándose meced a la licencia oligopolística recién recibida.

Uno no puede dejar de apreciar una flagrante corrupción moral en que el ex rector de una de las universidades favorecidas por la prohibición de la irrupción de nuevos competidores

En este sentido, uno no puede dejar de apreciar una flagrante corrupción moral en que el ex rector de una de las universidades favorecidas por la prohibición de la irrupción de nuevos competidores sea justamente quien impulse esa prohibición. No cabe si no plantearse en quién está pensando Gabilondo cuando promete vetar a sus potenciales rivales: ¿Está pensando en unos ciudadanos a quienes se les limitan las opciones entre las que elegir o, por el contrario, lo está haciendo en unos ex compañeros de trabajo, amigos y correligionarios a quienes se les garantiza el cargo participando del oligopolio de la tarta de estudios universitarios?

El problema ético de la censura universitaria

He ahí, pues, el segundo problema de la propuesta de Gabilondo: el ético. Al igual que impedir la apertura de nuevos periódicos sería indudablemente visto como un ataque censor contra la libertad de expresión, bloquear la apertura de nuevas universidades —incluso de las totalmente financiadas por inversores privados— debería ser caracterizado como un atentado contra la libertad educativa: unos poderes absolutistas que ni Gabilondo ni nadie debería detentar. Y, sin embargo, esa es la amenaza que impunemente está lanzando el ex ministro de Educación: censurar cualquier nuevo proyecto universitario que intente mejorar el panorama educativo español y madrileño.

Con todo, lo más deplorable del asunto es que, para hacerlo, Gabilondo no necesitaría arrogarse ningún poder dictatorial: le bastaría con tomar el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid y hacer uso de sus potestades actuales. A la postre, en España es ilegal crear una universidad sin la vinculante autorización de gobiernos y parlamentos autonómicos. ¿Se imaginan semejante grado de censura previa en la prensa o en las editoriales? Pues ése es el grado de censura que existe en la constitución de nuevas universidades. Y no, no se trata de que la autorización estatal sea consustancial al reconocimiento público de los títulos expedidos por universidades privadas: semejante rol —el del cotejo de los títulos universitarios y de los currículos de los profesores atendiendo a las omniabarcantes directrices y regulaciones estatales— ya lo desempeña la ANECA, un organismo público engendrado con tal misión.

Las potestades gubernamentales de vetar la creación de nuevos centros universitarios constituyen un abuso de poder en toda regla

Las potestades gubernamentales de vetar la creación de nuevos centros universitarios constituyen un abuso de poder en toda regla que, acaso por ello, Gabilondo se muestra entusiasmado de utilizar en toda su extensión. Su objetivo declarado es garantizar la calidad de la educación española, pero sus verdaderos incentivos resultan mucho menos honorables: proteger a los centros actuales de las amenazas que constituyen nuevos proyectos educativos más asequibles en precio y más excelentes en calidad. La amenaza de la libre competencia.

Si Gabilondo quisiera verdaderamente mejorar la calidad de los estudios, no abominaría de esa libre competencia sino que la abrazaría como marco institucional que permite experimentar descentralizadamente hasta hallar la clave del éxito. La universidad española no necesita de más privilegios, protecciones y órdenes estatales, sino de mucha mayor libertad y flexibilidad para poder readaptarse al siglo XXI fuera de los estrechos moldes mentales de nuestra nomenklatura educativa. Del control educativo a la libertad educativa. Anatema.


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