El rincón austriaco

El FMI se equivoca; sus críticos mienten

Se atribuye a Arquímedes la famosa frase de “denme un punto de apoyo y moveré el mundo”, pero tuvo que llegar Jean François Revel para revelarnos que el principal de esos puntos de apoyo que mueven el mundo era la mentira; o todavía mejor que la mentira, las retorcidas, tergiversadas e interesadas medias verdades. No otra cosa ha sucedido con el ya celebérrimo informe del FMI donde, según reza el pensamiento único pro-despilfarro, el organismo internacional ha claudicado de su machacona obsesión con la austeridad. Según se nos cuenta, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, ha demostrado en este paper que los efectos depresivos de la austeridad son mucho mayores de los inicialmente esperados y, por tanto, que han sido negativos para Europa. Y, ciertamente, la noticia posee los dos ingredientes esenciales para convertirse en todo un bombazo: el reconocimiento de que la austeridad es un fracaso por parte de esa maligna institución que representa lo peor de las esencias neoliberales, el FMI.

Pero hasta aquí la impostada realidad, ahora vayamos a los hechos. Comencemos por el final, por las conclusiones de este redentor informe que supuestamente admite entre súplicas de misericordia el error de haber impulsado las políticas de austeridad: “Para concluir, merece la pena que a la hora de decidir la política fiscal adecuada es necesario muchos otros factores aparte de los multiplicadores fiscales a corto plazo. Por consiguiente, no hay que interpretar nuestros resultados como una oposición a la política fiscal de ningún país en concreto. Prácticamente todas las economías desarrolladas se enfrentan al reto de tener que ajustar sus presupuestos en respuesta a unos elevados niveles de deuda pública y a la presión que el cambio demográfico ejercerá sobre las finanzas públicas. Los efectos a corto plazo de la política fiscal son sólo uno de los muchos factores que hay que considerar a la hora de determinar el ritmo adecuado de consolidación fiscal en cada país”.

Cáspita, parece que la cosa no está tan clara. Mejor analizamos las distintas mentiras que orbitan en torno a esta historia.

El FMI no tiene nada que ver con el liberalismo

El FMI es una burocracia política internacional creada hace tres cuartos de siglo por dos personas profundamente antiliberales: Harry Dexter White (agente soviético infiltrado en la Administración estadounidense) y John Maynard Keynes (el más conocido promotor intelectual de las políticas inflacionistas, neomercantilistas y deficitarias en el s. XX). Su propósito original era proporcionar financiación a los gobiernos de aquellos países con déficits exteriores extraordinarios (es decir, retrasar los ajustes automáticos propios del patrón oro) y, tras el abandono de Bretton Woods, se ha dedicado a conceder créditos a tipos blandos a aquellos gobiernos con déficits públicos gigantescos para que, a cambio de planes de consolidación fiscal consistentes predominantemente en sangrantes subidas de impuestos, permitirles estirar durante más años la acumulación de deuda y el gasto público sobredimensionado.

Los liberales no chicaguenses siempre hemos defendido que lo mejor que puede hacerse con el FMI es cerrarlo ipso facto. Un prestamista privilegiado de gobiernos extranjeros financiado merced a miles de millones de exacciones fiscales que además promueve sucesivos sablazos tributarios es una institución nada liberal. Nunca lo fue y nunca lo será.

Ni el PIB ni el empleo son sacrosantos

El informe del economista jefe del FMI Olivier Blanchard (que no el informe del FMI) llega a la conclusión de que, como media, cada punto de consolidación presupuestaria (de subida de impuestos o de reducción de gastos) se traduce en una caída del PIB de, aproximadamente, 1,5 puntos (es lo que se conoce como “multiplicador del gasto”); un punto más de lo que originalmente el FMI había esperado. Dicho de otro modo y haciendo un ejercicio meramente ilustrativo de trasladar estos resultados al caso español: si nuestro país quiere reducir su déficit de 100.000 millones de euros tendrá que asumir una contracción del PIB de 150.000 millones. Luego matizaremos el alcance de estos resultados incluso dentro de los parámetros del informe; antes, sin embargo, es necesario efectuar una digresión sobre la relevancia del PIB y el empleo.

El problema fundamental al cual se enfrenta todo sistema económico es cómo dirigir unos recursos escasos (entre ellos el factor trabajo) a satisfacer los fines, presentes y futuros, más importantes de las personas que cooperan pacíficamente en ese sistema. Si no tuviéramos que economizar los recursos, podríamos emplearlos de manera aleatoria en cualquier actividad, ya sea en seguir construyendo pisos en España o en cavar agujeros por el mero placer de roturar la Tierra. Pero como emplear los recursos de un modo implica no poder utilizarlos de otro modo (coste de oportunidad, sobre todo en aquellos factores complementarios que exhiben cuellos de botella), es menester organizarlos de tal forma que generen patrones productivos útiles para los consumidores presentes y futuros.

El PIB, para bien o para mal, no mide la calidad del gasto o de los patrones productivos. La burbuja inmobiliaria sumaba PIB de manera muy considerable (directa pero también indirectamente, es decir, tenía efectos multiplicadores) y creaba cantidades ingentes de empleo, pero empobrecía enormemente a los españoles (gasto improductivo financiado con deuda que deberá saldarse con gasto productivo futuro); las guerras o los servicios de represión de una dictadura también suman PIB y no por ello son deseables; incluso un aumento del déficit para multiplicar por 100 las remuneraciones de nuestros políticos incrementaría el PIB y el empleo, pero sólo constituiría un expolio a los españoles.

La cuestión, por tanto, no es si a corto plazo un mayor gasto público permite producir ciertas cosas y contratar a ciertas personas, sino si esas cosas que se producen son más útiles que lo que cuesta producirlas y si, por tanto, el empleo se dirige a crear riqueza. A nadie debería sorprenderle que si el Estado mantiene un déficit de 100.000 millones de euros anuales, el PIB aumente en, al menos, 100.000 millones de euros anuales, y probablemente en algo más (los 150.000 millones recogidos en el informe). Pero nada de esto nos informa de si gastamos bien o fatal; de si dilapidamos los recursos en placeres fugaces que hipotecan nuestro futuro o pavimentamos un camino de prosperidad.

De hecho, el propio informe recoge que la influencia más contractiva de los programas de austeridad se da sobre la inversión privada (que se reduce más de tres veces lo esperado que el consumo). Por un lado, es lógico que subiendo impuestos muchas inversiones que eran rentables dejen de serlo (¡por eso no hay que subirlos!). Pero, por otro, si la inversión se reduce por la falta de gasto público, en realidad sucede que esos desembolsos estatales estaban promoviendo inversiones dependientes del presupuesto: no inversiones rentables por sus propios méritos, sino rentables en función de la renta que coactivamente pudieran rapiñar a los contribuyentes. ¿De verdad queremos un país donde se invierta pensando en el cacique de turno y no en el consumidor? ¿Un país con rentabilidades garantizadas para que se lucren los grupos de presión de turno? Si las inversiones que caen son las inversiones de la plutocracia político-empresarial-lobbyista, bienvenidas sean esas caídas. Lo contrario sería convalidar económicamente los buenos resultados de fenómenos como el pelotazo promotor en la burbuja inmobiliaria.

Las limitaciones del informe

Al margen de las cualificaciones anteriores, el paper tiene otras tres limitaciones de las que conviene dejar constancia. La primera es que, como mucho, sus conclusiones son válidas para economías sumergidas en una depresión deflacionaria: los propios autores han realizado el mismo análisis para países emergentes y no encuentran relación significativa alguna. Segundo, en buena medida los resultados están sesgados por la inclusión de casos excepcionales como el griego, cuya debacle económica no es extrapolable al resto de países (de hecho, excluyendo a Grecia y Alemania, el multiplicador se reduce a 1,2). Y tercero, la principal conclusión del informe se refiere al período 2009-2010: si tomamos el período 2009-2012, el multiplicador giró en torno a 1 (¿a alguien le sorprende que bajando 100 el gasto público el PIB a corto plazo baje en 100?); de hecho, para 2011 y 2012, el multiplicador muy probablemente fuera inferior a 1 y, en todo caso, estuvo en línea con las previsiones originales del Fondo. Aquellos interesados en atribuir la recesión actual a los errores del FMI a la hora de valorar los efectos contractivos de la austeridad tendrán, pues, que buscarse otro informe. Éste no les sirve.

Conclusión

El paper de Blanchard y Leigh no modifica ni un ápice los términos del debate. Quienes entienden la verdadera problemática de los ciclos económicos son conscientes de que hay que gastar más por gastar más no sirve de nada y que hay que concentrarse en reorganizar en una dirección sostenible los patrones de producción; asimismo son conscientes de que la austeridad puede tener efectos contractivos del gasto a corto plazo, o incluso que puede ser devastadora a largo plazo si consiste en subidas de impuestos y no en reducciones del tamaño del Estado. Pero pinchar la burbuja inmobiliaria en 2005 también habría sido contractivo y no por ello indeseable; lo mismo sucede ahora con la burbuja estatal sostenida con un sobreendeudamiento que amenaza con llevarse por delante a toda la economía.

El FMI es una burocracia internacional parida por el keynesianismo que debería cerrarse de inmediato, pero por detestable que resulte no conviene ni ocultar su liberticida discurso para hacerlo pasar por organismo ‘liberal’ (“hay que subir los impuestos”) ni tampoco tergiversar sus declaraciones (“la austeridad es un error y debe ser rectificada”). Ni los liberales merecemos cargar con la tacha de sus antiliberales recomendaciones económicas ni la sociedad merece padecer la política económica de quienes, incluso, se sienten necesitados de manipular el intervencionista mensaje del Fondo, o de sus economistas, para justificar un Estado todavía más mastodóntico. 


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