El Precio de la Civilización

Una verdad incómoda: la única política posible

“La política económica del Gobierno es la única posible”: seguro que al lector le suena la frase. Esta afirmación, literalmente, no es de ningún miembro del actual gobierno, ni del anterior, sino del antiguo ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y representa la quintaesencia del fracaso de la política. Si no se puede elegir, ¿para qué se paga a un Gobierno si un ordenador es mucho más barato? La realidad siempre impone restricciones, pero casi siempre se puede elegir una política u otra, con resultados distintos.

Esto viene a cuento del debate actual de los impuestos. En estos momentos, España se enfrenta a un objetivo de déficit de aproximadamente el 6,3% del PIB (pendiente de confirmar, aunque no se alejará mucho), frente al objetivo anteriormente vigente del 4,4% del PIB. Como este ejercicio ha concluido con un déficit público del 7%, según los datos corregidos por Eurostat, esto significa un ajuste de algo más de 7.000 millones de euros, en lugar de los más de 26.000 millones de euros previstos. Además de este significativo alivio, en el momento de escribir estas líneas, la prima de riesgo está en 290 puntos básicos, lejos de los más de 400 en los que estuvo prácticamente todo el año 2012 (llegando a alcanzar entre 500 y 550 puntos en el verano del año pasado). Esto supone una reducción muy importante del coste de financiación del Estado, aunque habrá que esperar a ver si estos niveles se mantienen todo el ejercicio.

Ante una situación así, la pregunta obvia es: ¿se pueden bajar los impuestos? El Gobierno está respondiendo con una negativa cerrada a esta cuestión. Probablemente, la más clara haya sido la secretaria de Estado de Presupuestos que ha señalado, que “de ninguna de las maneras” se van a bajar los impuestos, puesto que esto obligaría a “tocar pensiones y desempleo”; lo que no deja de ser una variante de “esta política es la única posible”. Curiosamente, la afirmación se realizó en una comparecencia donde se admitió flexibilizar el déficit de las comunidades autónomas hasta un “tope del 2%”, recordemos aquí que el déficit de las comunidades autónomas en 2012 fue del 1,7% del PIB y que el objetivo de 2013 estaba en el 0,7% del PIB. En 2012, el gasto corriente, excluyendo inversiones de las CC AA ascendió, según la contabilidad nacional (IGAE) a más de 175.000 millones de euros, http://hayderecho.com/2013/05/09/mitos-y-leyendas-de-la-crisis/ aunque hay que advertir que la cifra real puede ser ligeramente inferior por la contabilización del sistema de financiación de las CCAA.

Siendo realistas, algún margen existe, pero no todo el que nos gustaría. La concesión de una rebaja en el objetivo de déficit está basada en la absoluta imposibilidad de cumplir un 4,4% con las oscuras perspectivas de crecimiento económico. En primer lugar, los elevados niveles de desempleo que estamos sufriendo, y que padeceremos durante mucho tiempo si no hay un cambio radical de política, nos llevarán a un mayor gasto en prestaciones por desempleo y, sobre todo a una caída recaudatoria en las cuotas a la Seguridad Social. Según la actualización del programa de estabilidad, aprobada el 26 de abril por el Gobierno, esto supondrá 4 décimas más de déficit de la Seguridad Social, hasta alcanzar casi 15.000 millones de euros http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/20130426_PE.pdf. Por otra parte, la recaudación de impuestos se resentirá del menor crecimiento económico.

El Estado debe rebajar su déficit en algo más de 4.000 millones de euros para cumplir el nuevo objetivo de 2013, pero no será fácil. Hay que tener en cuenta que en 2012, la recaudación fiscal fue extraordinaria por tres factores, que no se repetirán en 2013: en primer lugar, porque la amnistía fiscal recaudó 1.200 millones de euros con los que no contaremos este año. El destrozo de esta medida a la conciencia fiscal y a la credibilidad del sistema fiscal excedió con creces esta cifra, pero las cuentas son las cuentas y en 2013 no contaremos con esta ‘ayuda’.

Por otra parte, el incremento de pagos fraccionados en el impuesto de sociedades sobre cuantías que finalmente no tributan, supusieron unos 2.800 millones de euros que habrá que devolver este año. Naturalmente, este año se volverán a cobrar, con lo que el efecto neto será cero, frente a los ­+ 2.800 millones de 2012. Por último, en 2012 las devoluciones acordadas fueron de unos 5.000 millones de euros inferiores a los de un año normal. Eurostat corrigió en parte la contabilización, pero el hecho es que recaudamos menos de lo que aparecía en las cuentas. Si a todos estos efectos, que son 9.000 millones de euros, le sumamos que la caída del PIB va a ser muy superior al -0,5% del PIB, la previsión de recaudar 6.000 millones de euros más que en 2012 parece una quimera.

Ante esto, hay varias opciones de política fiscal. La primera es volver a subir los impuestos para permitir un mayor déficit a las CCAA. Ésta parece la opción que se ha adoptado. Tiene un inconveniente: no partimos de cero. En 2012 se produjo la mayor subida de impuestos de la democracia, y sobre todo, se tomaron medidas coyunturales de emergencia, que no deberían mantenerse a medio plazo. Los tipos marginales de renta son elevadísimos y sólo comparables a los de los países nórdicos: esto provoca unos efectos devastadores sobre la oferta de trabajo, la productividad y la eficiencia. Por otra parte, la enorme subida del IVA provocó una retracción del consumo sin precedentes en el cuarto trimestre de 2012 de la que todavía no hemos salido. Por último, España es casi el único país civilizado donde hay restricciones a la amortización de inversiones, imposibilidad de compensar todas las pérdidas y que, además, tiene el límite más severo en la deducción de gastos financieros en el impuesto de sociedades. Todo esto afecta casi exclusivamente a las grandes empresas, pero la restricción de su inversión nos afecta a todos tanto en empleo como en crecimiento económico.

Siempre hay alternativas: la menos recomendable es prescindir de cualquier objetivo de déficit y bajar los impuestos a la vez que flexibilizamos el objetivo de déficit de las CCAA. Esto puede conducir a un crack por cierre de los mercados financieros. Sin embargo, el recorte del gasto para compensar el levantamiento de las “medidas de excepción fiscales”, que están lastrando nuestras posibilidades de crecimiento y generando muchísimo paro, no sólo puede realizarse en pensiones y desempleo, sino también en el recorte del gasto autonómico. Hace unos días, Antonio Maqueda informaba en estas páginas que las CCAA apenas habían reducido su gasto http://www.vozpopuli.com/economia/24407-las-comunidades-dispusieron-en-2012-de-mas-ingresos-que-nunca-un-aumento-de-34-000-millones-en-plena-crisis . Que las CCAA hayan empleado en gasto corriente 175.000 millones de euros y no lo reduzcan, sí es incompatible con una bajada de impuestos que devuelva algo de normalidad al sistema fiscal. Cuando se habla de rebajar los impuestos no se puede pretender, a la vez, flexibilizar el objetivo de déficit autonómico: es imposible, salvo que acabemos con el Estado Social (o lo que queda de él). Es una verdad incómoda, la política económica no es la única posible para los ciudadanos… sino para salvar un hipertrofiado Estado autonómico.


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