El Precio de la Civilización

El coste de la ruptura de Cataluña (II). Conceptos y números

Antes de continuar la serie sobre el "coste de la ruptura", creo que sería bueno aclarar algún concepto. Una de las ventajas de un blog sobre un artículo de opinión en papel es la posibilidad de leer comentarios y poder, en consecuencia, responder a algunas inquietudes de los lectores.

Como era previsible, hay quien considera que no existe un "derecho a separarse" de España de una parte de la población que forma parte del Estado. Creo que es una opinión respetable, pero poco realista. Es decir, si me he puesto a escribir, y hay quien se ha tomado la molestia de leer, es porque, con derecho o sin él, hay quien se quiere separar. Además, esa separación no es imposible y, en consecuencia habría que ver qué costes tiene. Ambas cuestiones son simplemente hechos. Lo que es una opinión, la mía, es que si la voluntad de separación es mayoritaria, lo mejor que se puede hacer es admitirlo. Naturalmente, hay ejemplos históricos de dominación por la fuerza. Lo que ocurre es que suelen acabar muy mal y yo no soy nada partidario. En cualquier caso, para imponer por la fuerza tampoco hay que argumentar nada.

Ahora bien, que si esa voluntad existe, o existiese, habría que tenerla en cuenta, no significa estar de acuerdo con el referéndum, y las preguntas y respuestas, que ha pergeñado Artur Mas. Entre las atribuciones del Govern de la Generalitat no está la de convocar un referéndum; pero, sobre todo, no se puede tomar una decisión de este tipo sin reflexión, información previa y sin pactar la pregunta con aquéllos que defienden la unidad de España. Además, un referéndum puramente consultivo sobre el papel, con resultados interpretables a gusto del consumidor, debido a la doble pregunta, sólo puede tener un ganador, el caos.

Si me he puesto a escribir, y hay quien se ha tomado la molestia de leer, es porque, con derecho o sin él, hay quien se quiere separar

La idea de esta serie de posts es brindar alguna información; y un enfoque diferente. Por ejemplo, algún comentario anterior hace referencia al coste de las autopistas que soportan los catalanes, a diferencia de otros españoles que disfrutan de autovías gratuitas. Por supuesto, hay quien ha respondido con que en otras regiones las infraestructuras llegaron más tarde y/o siguen siendo peores. Creo que, en un debate sobre la situación actual, traer a colación la situación histórica no conduce a nada. Por otra parte, evidentemente, cualquiera prefiere tener autopistas de pago a no tener autovías o autopistas. Sin embargo, también cualquiera prefiere tener autovías que no tiene que pagar directamente que autopistas de pago. Todo esto no aclara gran cosa, porque la pregunta clave en mi opinión es otra: ¿de quién es la responsabilidad de que los catalanes paguen las autopistas?

Bien, si las autopistas son competencia de la Generalitat, ha sido la Generalitat la que ha ido prorrogando la concesión. Incluso si la concesión es estatal, hay que tener en cuenta que la "minoría catalana" ha sido el grupo más influyente en los últimos 20 años. Desde 1993 con la excepción de la mayoría absoluta de Aznar entre 2000 y 2004, el Gobierno de España hasta 2011 siempre ha dependido de un grupo minoritario catalán, frecuentemente CiU, pero también Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Si estos grupos de verdad querían acabar con los peajes en Cataluña, entonces han fracasado, porque en este periodo se han renovado prácticamente todas las concesiones de autopistas, muchas de las cuáles están en manos de capital catalán. No creo que la política de infraestructuras en Cataluña haya sido la más disparatada, ni mucho menos, pero con sus pros y sus contras, los grupos políticos catalanes han tenido mucho que ver. Eso significa que lo razonable es que no cambiasen las decisiones, que de momento han ido tomando, aunque Cataluña fuese independiente.

Para concluir este artículo, también se me acusa de no dar cifras. Cuando hablo del gasto de las "estructuras de Estado", esto es de lo que hablo: el sector público catalán prevé gastar en 2014 más de 36.000 millones de euros, lo que se puede comprobar aquí. Para comparar, el gasto total de todos los ministerios para toda España es inferior, concretamente 34.581 millones de euros, como se puede ver en la página 13 de la presentación oficial de los presupuestos. Por supuesto, ningún sector público autonómico tiene un gasto como el de Cataluña.

El gasto total de todos los ministerios para toda España es 34.581 millones inferior al de Cataluña

Sí, es cierto que la comparación entre el Estado y las CCAA tiene el inconveniente de que la Sanidad y la Educación son grandes partidas de gasto que corren a cargo de las CCAA. En este punto, también hay datos reveladores en el presupuesto que han pactado CiU y ERC para 2014: los mayores recortes tanto en Sanidad (545 millones de euros menos, un 6,1% menos que en el último presupuesto aprobado) como en Educación (620 millones de euros menos, un 11,33% menos que en el último presupuesto) que va a realizar ninguna comunidad autónoma en 2014. Éstas son las prioridades de ambos grupos, plasmadas en los presupuestos que han aprobado para el mayor presupuesto de una Comunidad Autónoma. El lector puede consultar aquí los diversos datos del presupuesto 2014 de la Generalitat.

Dejo dos preguntas. La primera es si esta escala de prioridades, marcada por los números de los presupuestos, cambiaría por el resultado de un referéndum o si no sería mejor preguntarle a los catalanes si ésta es la distribución qué quieren del gasto público en Cataluña. La segunda es probablemente más dramática: ¿una Agència Tributaria de Catalunya sería capaz de recaudar estos importes o se produciría una explosión del fraude como el primer coste de la ruptura de Cataluña? A la segunda pregunta, trataré de dar respuesta en el próximo post.


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