El Precio de la Civilización

La gangrena

Existe una creencia generalizada en muchos ámbitos de que las empresas, especialmente las grandes, pagan pocos impuestos por sus beneficios. Esto, que tiene bastante de cierto en muchos casos, no justifica cualquier tipo de subida fiscal. Probablemente, muchos de los beneficios fiscales existentes en el impuesto de sociedades ya no tienen sentido, si es que alguna vez lo tuvieron. Por ejemplo, la libertad de amortización, sin obligación de mantenimiento del empleo era el típico caso de beneficio fiscal injustificable, que fue suprimido siguiendo las recomendaciones de los inspectores de hacienda en marzo de 2012.

La otra gran demanda de los inspectores era la limitación de los gastos financieros. Esto era una cuestión mucho más delicada. Una empresa que está muy endeudada, y en consecuencia tiene que pagar muchos intereses, tiene menos capacidad económica que otra, que en igualdad de las demás circunstancias tiene menos deuda, paga menos intereses y tiene más beneficio. Estamos hablando de limitar un gasto perfectamente deducible y no de un beneficio fiscal.

La demanda estaba justificada en la evasión fiscal que practicaban los grupos multinacionales. En algunos países, y no sólo paraísos fiscales, los ingresos financieros apenas tributan. En consecuencia, es muy fácil que un grupo multinacional localice en ese país una empresa que se dedique, directa o indirectamente, a prestar a otras sociedades del grupo. Las empresas españolas no pagan impuesto de sociedades porque tienen gastos financieros, y las perceptoras tampoco lo hacen por tener un régimen fiscal privilegiado. El resultado es que no paga nadie en ninguna parte.

Incluso, sin llegar a estos extremos, el hecho es que España tiene uno de los tipos del impuesto de sociedades más elevados, y hasta marzo del año pasado no tenía limitaciones en la deducibilidad de los gastos financieros en el impuesto de sociedades. Esto hacía que los grupos multinacionales españoles realizasen inversiones en el exterior pero que toda la deuda se concentrase en la matriz española. ¿Por qué? Porque la matriz pagaba los intereses de los préstamos con los dividendos percibidos de sus filiales. Sin embargo, los dividendos exteriores de las empresas españolas están exentos de nuestro impuesto de sociedades, puesto que ya han tributado en el país donde se han obtenido los beneficios, normalmente a un tipo inferior al español. Esta asimetría de ingresos exentos y gastos que sí deducían hacía un daño terrible a la recaudación del impuesto. Además, la normativa fiscal hacía que la inversión exterior fuese más rentable artificialmente. En román paladino, estábamos fomentando fiscalmente la creación de empleo en el extranjero a costa de la inversión en España.

Un régimen de limitación de los gastos financieros debe tener como objetivos impedir el fraude, la concentración artificial de endeudamiento en España y  también que no se altere artificialmente la localización de inversiones. El límite obvio es que no debería hacer pagar a empresas en pérdidas por beneficios que no tienen, al no permitir la deducción de gastos financieros. En este sentido, la regla existente en otros países como Alemania es que, cualquiera que sea el grado de endeudamiento de una empresa, se admite la deducibilidad de intereses, siempre que el endeudamiento en Alemania sea igual o inferior al del grupo a nivel mundial. Esto impide la concentración del gasto financiero en Alemania, pero no hace tributar a las empresas por beneficios que no tienen, y por lo tanto se recauda menos.

En España se optó por limitar la deducibilidad de los gastos financieros de todas las empresas salvo los bancos y las aseguradoras. Los límites son muy estrictos: un 30% del beneficio operativo, con un mínimo de un millón de euros, lo que deja fuera a las pymes. En una situación de emergencia recaudatoria, se optó por parar la sangría, por lo que no existen cláusulas de escape como en Alemania. Esto quiere decir que, a mitad del ejercicio 2012, la norma hizo tributar a grandes empresas endeudadas como si tuviesen beneficios, al limitar la deducción de gastos financieros. Además, las grandes empresas sólo pudieron compensarse parcialmente las pérdidas de años anteriores. Esta última medida era puramente temporal para 2012 y 2013, pero, según fuentes oficiales, la medida se va a prorrogar para 2014. A todas estas medidas, hay que unir la limitación de la amortización vigente en España, que parece que también se prorroga para el año que viene.

Aún más preocupante era la información que circulaba hace unos días: el gobierno estudiaba la limitación de la deducibilidad de gastos financieros iba a ser del 15% del beneficio operativo e iba a desaparecer el mínimo de un millón de euros. Esto no sólo supone un régimen draconiano, sino fundamentalmente la extensión indiscriminada a las pymes. Esto es algo más que una subida de impuestos, además, difícilmente compatible con el principio de capacidad económica: es exigir impuestos sobre beneficios a empresas que realmente pierden dinero o que lo han perdido y las que no se les deja compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. El efecto sobre unas empresas, ya muy debilitadas por la crisis, podía ser devastador, sobre todo para las pymes que no podrían acceder al crédito, para pagar por unos beneficios que no tienen. No está de más recordar que las pymes son las principales creadoras de empleo en España.

Esta semana, el ministro Montoro, pese a mostrarse favorable a que los grandes contribuyentes paguen más, desmentía que se fuese a tocar el límite del 30% en la deducibilidad de los gastos financieros. Aún así, en el impuesto de sociedades tenemos un conjunto de normas de excepción que no deberían prorrogarse indefinidamente por muchas razones.

En primer lugar, por su efecto en la salud financiera de las empresas, pero sobre todo por su muy negativo efecto en la inversión empresarial y consecuentemente en el empleo, por dos factores: en primer lugar por la inseguridad jurídica de exigir más impuestos en medio del ejercicio, pero, sobre todo, el terrible efecto disuasorio que supone la previsión de pagar por impuesto de sociedades aunque se tengan pérdidas. En conclusión, aunque se obtiene algo de recaudación, los efectos negativos de todo esto hacen que no merezca la pena. Necesitamos una reforma global del impuesto de sociedades y no seguir apretando un torniquete que dificulta la circulación del crédito y encarece enormemente la inversión productiva. Estas medidas puramente recaudatorias pudieron parar una sangría, pero prorrogarlas ahora, por comodidad, únicamente para evitar el recorte del gasto superfluo, sólo conducirían a una gangrena del crecimiento.


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