El Precio de la Civilización

El coste de la ruptura: Antecedentes (I)

Soy de los que creen que ni las naciones ni los Estados son eternos. De hecho, una nación está basada en la voluntad de vivir juntos. Si esta voluntad mayoritaria desaparece, lo mejor que se puede hacer es separarse civilizadamente. Esto podría estar pasando en Cataluña, aunque no está nada claro que la voluntad sea mayoritaria. Sin embargo, como señala brillantemente Ángel de la Fuente: “Cuando el divorcio es inevitable, lo mejor para ambas partes es que sea civilizado, pero acusar falsamente al otro de maltrato y amenazar con no pagar la hipoteca conjunta no contribuyen al buen desenlace”. En este sentido, las continuas acusaciones del buena parte del establishment catalán de que “Espanya ens roba” y del “espoli fiscal” (expolio fiscal) no dejan de ser acusaciones muy graves, aunque no hayan tenido respuesta, de momento, por parte del Gobierno español.

Mi opinión personal después de haber pasado 16 años de mi vida en Cataluña es que lo que ocurre en Cataluña es un reflejo de la crisis general de España. La crisis ha golpeado el modo de vida de los catalanes, y también algunos privilegios de la élite nacionalista. Probablemente, uno de los factores que ha hecho aún más grave la crisis económica en Cataluña es precisamente el nacionalismo. En la medida en que se ha deteriorado la unidad de mercado y se han establecido infinitas regulaciones, todos hemos perdido, pero los habitantes de los territorios más sobrerregulados, aún más. Por otra parte, utilizar una lengua para separar, proteger el mercado de trabajo, y no para comunicar siempre tiene un efecto económico perverso a largo plazo.

Por ejemplo, durante varios años estuve destinado en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, ahora la unidad de moda en la Agencia Tributaria, en Barcelona. Mi equipo estaba encargado del sector de las telecomunicaciones y la electrónica. Entre los años 2004 y 2007 fui testigo de cómo se desmantelaba el sector en Cataluña. Por una parte, las empresas dedicadas a la electrónica iban cerrando para trasladarse a China o a Europa del Este: era un problema de coste. A la vez, las empresas de telecomunicaciones también se iban, pero a Madrid. Sin embargo, todo el ruido lo hizo el traslado forzoso de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona. No es ningún secreto que fueron los propios directivos lo que impusieron el traslado, y no sólo porque hubiese mayores impuestos en Cataluña, sino sobre todo huyendo de la educación en inmersión lingüística. El desmantelamiento del tejido industrial nunca es gratis, aunque lo pareciese en la época burbujística de vacas gordas.

Además, el volumen de gasto público en Cataluña fue el más elevado de todas las CCAA, con la excepción de las comunidades forales, pero sin sus privilegios de financiación que ya hemos comentado en este blog. Esto no sólo se debió al despilfarro y a las malas políticas, que eran comunes con otras Comunidades, sino a los elevados costes tanto de la política lingüística como de establecer estructuras de Estado, que como cualquiera se puede imaginar no son precisamente baratas. Esto ha hecho que los recortes hayan sido particularmente dolorosos en Cataluña, agravados por el hecho de que los sucesivos gobiernos han preferido cerrar centros de salud o colegios antes que reducir, por ejemplo, la televisión autonómica más gigantesca de España.

Cuando llegó la crisis, y con ella las protestas, comenzó la huida hacia adelante. La culpa de todo no la tenía la gestión de los gobiernos de la Generalitat sino “Madrit”, ente que, como todo el mundo, sabe es el culpable de todos los males. Además de lo cómodo que puede ser echar a otro la culpa de todos los problemas, esto tiene un resultado adicional, permite evitar el control de los organismos estatales. Así, presentarse como víctima de la agresión exterior fue la carta que jugó Jordi Pujol para salir finalmente absuelto del 'caso Banca Catalana'. Sin embargo, con la proliferación de casos de corrupción, este juego no podía salir bien siempre. Una forma seguir huyendo hacia adelante era anular las instituciones de control que seguían dependiendo, de una forma o de otra, del Estado: la Policía, la Fiscalía, los Tribunales o la Agencia Tributaria, que parece el próximo objetivo.

Entre otras cuestiones, la Agencia Tributaria gestiona más información que ninguna otra institución. El trabajo de análisis de esta información está en el origen de la persecución de algunos graves escándalos económico-financieros, como por ejemplo, el 'caso Palau'.

En consecuencia, uno de los objetivos fundamentales de esta ofensiva es obtener, en palabras de Artur Mas, “les claus de la plaça Letamendi” (sede la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria), el traspaso, por las buenas o por las malas, de la Agencia Tributaria, la recaudación de los impuestos de los catalanes, y también el control de toda esa información. En este informe del Consell Assessor de la Transició Nacional (a la independencia, se entiende), la Generalitat considera que está preparada para ese reto, aunque esta cuestión clave no está nada clara. Lo comentamos en el próximo artículo de esta serie.


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