El Precio de la Civilización

Surrealismo foral en el Congreso

La financiación autonómica es uno de los temas más polémicos y debatidos en España. De hecho, el disgusto con esta financiación de la clase política, y buena parte de la sociedad, en Cataluña, es el principal argumento del independentismo: “Espanya ens roba”. De hecho, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, propone un pacto fiscal para desactivar esta reivindicación. La condición de este “Pacto Fiscal” es que produzca unos resultados equivalentes al concierto vasco y al convenio navarro.

Por lo que parece, los sistemas de concierto y convenio producen un resultado distinto, y mucho más favorable para sus intereses, al sistema normal de financiación autonómica. Ambas comunidades, que son la primera (País Vasco) y la tercera (Navarra) en renta per cápita, son las grandes beneficiarias del sistema de financiación autonómico. Ésta es la conclusión a la que llegaban el BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación económica, según informaba Antonio Maqueda. Ésta es la conclusión también del que se considera el máximo experto en la cuestión (al menos en mi opinión), el investigador del CSIC Ángel de la Fuente, que ha señalado reiteradamente que ambas comunidades tienen una sobrefinanciación de alrededor del 60% en sus servicios públicos.

Siendo honesto, a mí el sistema de concierto/convenio no me convence. El sistema está basado en que cada Administración, es decir, las tres diputaciones forales en el caso vasco y la Comunidad en el navarro, cobren todos los impuestos y paguen una compensación, denominada cupo (País Vasco) o aportación (Navarra) para pagar los costes no asumidos por la Comunidad Autonóma correspondiente. Esto supone que haya cinco administraciones tributarias, la del Estado y las cuatro forales, en un territorio muy pequeño. Esto no es barato ni eficiente. Además, un sistema gestionado aparte por dos comunidades que son un 28% (Navarra) y un 31% (País Vasco) más ricas que la media da lugar a que tengan más dinero para financiar los servicios públicos. Por ambas razones, aunque no hubiese otros factores, que los hay, el sistema sería un privilegio.

Lo primero que resulta sorprendente es que el resultado del sistema sea una sobrefinanciación del 60% y no del 30%. Esto significa no sólo que los ciudadanos de  dos de las comunidades más ricas no contribuyan, en la práctica, a la solidaridad interregional, sino que reciban dinero de los que residen en comunidades más pobres. Esto se debe a dos razones: en primer lugar, los costes de las cargas no asumidas por ambas comunidades no están bien calculados y dan lugar a un cupo y a una aportación demasiado bajas --en 2012, 546 millones de cupo vasco y 534 de aportación navarra--. Además, ambas comunidades, venden más que compran al resto de España, puesto que están más industrializadas y desarrolladas. Sin embargo, recaudan los impuestos indirectos (IVA y Especiales) que pagan las empresas. Aún así, la Agencia Tributaria paga todos los años a ambas comunidades un “ajuste”. Este ajuste ascendió a 1.100 millones en el País Vasco y a 600 millones en Navarra. Esto supone, en la práctica, un cupo y una aportación negativas. El resto de contribuyentes de España están financiando, parcialmente, los servicios públicos de comunidades más ricas.

Esta cuestión, por increíble que parezca, no se había discutido hasta ahora en el Congreso de los Diputados. La semana pasada, el portavoz adjunto de UPyD, el diputado Carlos Martínez Gorriarán, preguntaba al ministro Montoro qué medidas pensaba tomar el Gobierno para equilibrar y hacer más justo el sistema. Por supuesto, Montoro rechazó de plano realizar cualquier cambio, tanto porque podría enfrentar a los españoles como también porque “La igualdad de los ciudadanos no estriba únicamente en la financiación de los servicios públicos”. Efectivamente, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos"; pero pese a esa afirmación, en el mundo hay muchas desigualdades. Precisamente, el artículo 31 de la Constitución establece precisamente la igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Si esto parece surrealista, todavía más lo ha sido el resultado de la votación de la moción que volvió a presentar UDyD sobre el tema el pasado miércoles: “… 1.1. - Se estimen con objetividad los costes de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco y Navarra, trasladándolos al cupo vasco y a la aportación navarra. 1.2. - El ajuste por IVA se calcule mediante coeficientes actualizados que recojan el peso del País Vasco y de Navarra en el consumo nacional y en la base del impuesto. 2 - Se hagan públicos todos los datos fiscales y la metodología detallada de cálculo empleados en el establecimiento de la cuantía del Cupo y la Aportación.”

Por increíble que parezca, todos los grupos desde el PP hasta Amaiur, pasando por los socialistas, Izquierda Unidad y los nacionalistas, votaron en contra. Es decir, para todos los grupos políticos del Congreso (salvo obviamente UPyD), los costes de las cargas estatales no asumidos NO deben calcularse con objetividad (evidentemente, el sistema bueno es calcularlo a ojo). En segundo lugar, el reparto de un impuesto sobre el consumo (el IVA) NO hay que hacerlo en base al consumo. Que este sea el sistema universalmente utilizado, por ejemplo, en la Unión Europea y en la Organización Mundial de Aduanas (con los ajustes fiscales en frontera) es un indicativo de que todo el mundo se equivoca. De hecho, que un impuesto al consumo se reparta en función del consumo es lo que se hace en el sistema común de financiación de las CCAA. Por último, y siguiendo la lógica, que se haga público y transparente el reparto de dinero NO es de recibo. Seguramente, hay muchos políticos que prefieren el reparto del dinero público en la oscuridad, pero sería un detalle que no lo votasen abiertamente.

Lo que por primera vez se ha votado en el Congreso de los Diputados no era instar al Gobierno a eliminar los privilegios forales, era una proposición de mínimos, que “oficialmente” ya se cumplía, según decían sus partidarios. Casi todos los expertos y muchos ciudadanos consideran que estos sistemas son un privilegio y una fuente de problemas. Ahora bien, no conozco a nadie que abogue abiertamente porque los cálculos se realicen mal.

Repasando la cuestión, he visto que varios dirigentes socialistas como Pere Navarro, primer secretari del PSC, o Ximo Puig, líder de los socialistas valencianos, entre otros, abogaban hace poco por eliminar los privilegios forales vascos y navarros. Más recientemente, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, también abogaba por el fin de las “ventajas fiscales” de vascos y navarros.

Podría seguir, porque hay más dirigentes políticos que, por lo menos, defienden un cálculo racional de los costes y ajustes. No puede ser que en cuestiones importantes, y ésta lo es, en el Congreso no sólo no se sientan representados muchos ciudadanos, es que por no estar, no parecen estar representados ni los líderes políticos.

Ante esto, parece que no sólo tenemos un problema de financiación autonómica e independentismo, sino también un problema institucional. O a lo mejor, tenemos estos problemas territoriales, precisamente porque tenemos un problema institucional.


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