El Precio de la Civilización

Preferentes: ¿fracaso o estafa?

El término participación preferente es engañoso. A primera vista, parece un producto exclusivo con mayores derechos que un producto financiero ordinario. Sin embargo, su denominación debería haber sido deuda perpetua ultrasubordinada: el lenguaje nunca es neutral, pero en este caso menos que nunca. Es decir, se da dinero a una entidad, que no tiene obligación de devolverlo, o al menos no hasta el año 3.000, según el calendario occidental, y que pagará intereses, si tiene beneficios. En algunos casos, sólo se pagarán intereses si el deudor quiere, literalmente, o mejor dicho si lo aprueban el Banco de España, y… el propio consejo de administración de la entidad financiera emisora.

Que esto plantea problemas jurídicos parece evidente. El Código Civil, sin ir más lejos señala, taxativamente en su artículo 1256 que "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Es una lástima que ninguna autoridad supervisora tuviese a mano un ejemplar del Código Civil, porque dar dinero a una entidad que no tiene obligación ni de devolverlo ni, incluso, en algunos supuestos, de dar rentabilidad al capital invertido parece estar ligeramente en contradicción con el precepto; como poco puede parecer una cláusula abusiva.

Aún así, que se pueda vender este producto financiero híbrido y complejo a un inversor institucional no es grave y pasa en países de nuestro entorno. Esto se compensa con rentabilidades muy elevadas, de dos dígitos, que hacen que el emisor intente cuanto antes amortizar la participación preferente. España es el único país occidental donde se han vendido preferentes a inversores minoristas, y no precisamente al 15% de interés. Según contaba en este medio Javier Ruiz, citando fuentes de Oliver Wyman, hay 70.000 inversores atrapados en este producto, que han 'contribuido' con 13.000 millones de euros al rescate bancario; 10.500 de ellos en Bankia. Esto significa que, traduciendo, estos inversores habían perdido 13.000 millones de los 30.000 millones que invirtieron, más del 40% de su inversión, con los que las entidades financieras habían “fortalecido sus recursos propios”, según el Banco de España.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ahora mismo, hasta el Gobierno señala que todo esto no debía haber ocurrido y que es un fracaso. El origen del problema está en que las cajas de ahorro no podían emitir capital. La famosa Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro (LORCA) estableció el control por parte de los ayuntamientos y comunidades autónomas de las cajas de ahorro, e impidió la entrada de inversores en su capital, con derechos políticos y económicos. Uno de sus grandes impulsores fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), entonces secretario de Estado de Economía, que ha tenido un papel protagonista en todas estas cuestiones durante dos décadas. Posteriormente, las sentencias 48 y 49/1988 del Tribunal Constitucional reforzaron los poderes de las CCAA en las cajas de ahorro, de las que eran la vez los poderes autonómicos, partícipes y controladores. Los resultados están a la vista, ya sólo quedan dos cajas, Pollensa y Ontinyent, que suponen menos del 0,3% del sistema financiero, hace cinco años, eran la mitad del sistema financiero…

Volviendo a las preferentes, las antiguas cajas sólo podían expandirse y crecer si daban más créditos y abrían más oficinas. Esto sólo se puede hacer, si tienes suficientes recursos propios. Las cajas sólo podían hacerlo obteniendo beneficios que no se destinasen a la obra social, o emitiendo participaciones preferentes. Esto hubiese sido un límite en la expansión de las cajas al calor de la burbuja inmobiliaria y crediticia, pero entre 1999 y 2005 se emitieron 17.000 millones de euros en participaciones preferentes, colocadas masivamente a inversores minoristas que desconocían los riesgos en los que estaban incurriendo. Hay que señalar que el 90% de las preferentes las emitieron entidades financieras, directamente o a través de filiales en paraísos fiscales, la mayor parte cajas de ahorro.

Que las antiguas cajas, entre otras entidades, tenían graves deficiencias de funcionamiento interno, politización y una inadecuada política de control de riesgos se podía saber antes de la crisis. De hecho, los inspectores del Banco de España se lo comunicaron al ministro Pedro Solbes en 2006. Sorprendentemente, o no tanto, el nuevo gobernador, MAFO, no atendió las peticiones de los inspectores del Banco de España de mayor control y rigor. De hecho, en el año 2009, en medio del peor ejercicio económico de España en más de medio siglo, se emitieron más de 13.000 millones de euros en participaciones preferentes. Entonces los balances de las cajas no reflejaban pérdidas, pero la morosidad y las adjudicaciones de inmuebles se habían disparado. Si los balances de las antiguas cajas hubiesen reflejado estas pérdidas, hubiese sido imposible colocar estas preferentes. Esto volvió a ocurrir en las salidas a bolsa de 2011. Cuando finalmente se ha regularizado la situación, en 2012, las pérdidas que hemos tenido que soportar los contribuyentes excedieron de los 38.000 millones de euros. Además, los accionistas de la 'nueva banca' han perdido casi toda su inversión y los preferentistas, buena parte de ella.

Que todo esto es un fracaso brutal del sistema financiero español y de su supervisión no es una duda, es una gran certeza, por lo menos para mí. Sin embargo, queda la duda de si estas colocaciones, en particular, las realizadas en 2009, en plena crisis y cuando los balances de las antiguas cajas, por las razones que fuera, no reflejaban la realidad, fueron en realidad una estafa. Eso no es una certeza, pero la duda está impidiendo exigir responsabilidades, si las hubo. Sobre todo, está impidiendo que el sistema financiero no se pueda recapitalizar sin acudir a unos fondos públicos, que no tenemos y que han obligado a pedir un rescate. Ante el riesgo de perderlo todo porque los balances no son reales y poder ser estafado, sin consecuencias, nadie acudirá a comprar acciones de un banco. Esto puede hacer imposible una recapitalización que España y sus entidades financieras necesitan como agua de mayo.

Por eso, la admisión a trámite de la querella de UPyD por la cuestión de las preferentes es una gran noticia. Andrés Herzog, el letrado de UPyD se está mostrando mucho más incisivo en cuestiones claves, como esta que comentamos o la salida a bolsa de Bankia, que la Fiscalía Anticorrupción. Todos sabemos que hubo malas prácticas, pero hay que resolver la duda de si se trasladaron riesgos y pérdidas a los preferentistas para no reconocer la situación de las entidades financieras. Esto hubiese supuesto el despido a muchos directivos y altos cargos. Queda la terrible duda de si algunos decidieron tapar ese agujero que todavía no estaba en balances, pero que, inevitablemente se reflejaría, a sabiendas de que se les iban a infligir graves pérdidas a los incautos que comprasen. Negarse a investigar, como señala brillantemente el juez Andreu, es simplemente garantizar la impunidad. 

¿Fue sólo un fracaso o también fue una monumental estafa, que necesitó de la cooperación de algunas autoridades? Yo no tengo la respuesta y, en un Estado de Derecho, sólo una investigación judicial independiente puede aportar luz sobre una cuestión esencial para la economía, el derecho y la justicia en la España del siglo XXI.


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