El Precio de la Civilización

Europa, Europa

Dentro de la "literatura" sobre la crisis en España, existen dos mitos contrapuestos: "Europa, y sobre todo Alemania, tienen la culpa de todos nuestros problemas" y "Europa es LA SOLUCIÓN". En realidad, hemos tenido problemas en Europa, que básicamente nos hemos creado nosotros solos, y previsiblemente, los solucionaremos en algún momento, quizás con ayuda, pero tendremos que ser nosotros. Las instituciones europeas pueden ser un buen marco de convivencia para facilitar los intercambios comerciales y culturales en época de bonanza, pero no son la solución a una grave crisis estructural como la que padecemos. Hace unas semanas, comentamos el papelón de la Unión Europea en la cuestión chipriota, hoy comentaremos las "recomendaciones" que ha emitido la Comisión Europea sobre los programas de reforma y estabilidad.

Estas "recomendaciones" son una forma de presión al Gobierno de España para que adopte determinadas reformas. Los comisarios europeos señalan que son obligaciones, aunque el mero hecho de que las "recomendaciones" recojan varias obligaciones impuestas por el Memorándum de Entendimiento (MoU) a España, y que se han incumplido, hacen dudar de la realidad de las obligaciones. De hecho, la principal concesión a España es el nuevo límite de déficit del 6,5% del PIB para 2013, lo que es un completo incumplimiento de todos los compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos españoles. Tristemente, la realidad se impone y el objetivo fundamental de toda la política económica, a lo que se había sacrificado todo lo demás, sigue sin cumplirse. Este problema tiene, como es obvio, dos causas fundamentales: el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos.

El año pasado, el gasto público alcanzó el record histórico del 47,5% del PIB, 493.600 millones de euros. España, nunca, ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria fue capaz de recaudar más de 434.000 millones de euros. Esto quiere decir que, con los niveles de gasto público del año pasado, obteniendo la máxima recaudación de la historia, tendríamos un déficit de cerca del 6% del PIB, lo que es insostenible, y que incluso lo seguiría siendo de no haber tenido que emplear a fondo perdido 38.343 millones de euros en rescatar a las antiguas cajas de ahorros. Ante esta situación, cualquiera hubiera esperado que la Comisión Europea hubiese señalado, clara y abiertamente, que nuestro nivel de gasto público no es sostenible, y que debíamos realizar un profundo y urgente recorte. Por otra parte, la Administración que más gasta es la de las comunidades autónomas y, para hacer un recorte importante, obviamente, hay que recortar más donde más se gasta: en estas condiciones, que las CCAA hayan empleado en gasto corriente la friolera de 164.361 millones de euros en 2012, con un aumento de casi 5.000 millones de euros, parece un hecho reseñable.

Todo esto no lo busquen aquí, en las recomendaciones, porque no está. Hay diversas propuestas de racionalización, pero la Comisión Europea es mucho más clara en medidas de ingreso, y en otras como "Adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social", que son más bien buenos deseos, más propios de una carta a los Reyes Magos, que de una recomendación (o imposición) de política económica. Resulta muy revelador que una institución que, además de velar por los intereses de todos los europeos, de alguna forma representa los intereses de los países acreedores de España, no sea clara y terminante en señalarnos que estamos sobrepasando los límites de gasto que podemos pagar. Como en muchas ocasiones, es casi más importante lo que no se dice, que tenemos una Administración que no podemos pagar, que lo que sí aparece finalmente en los documentos oficiales.

Lo que sí se afirma es que recaudamos muy poco, lo que es cierto. En este sentido, se nos "exige" una revisión sistemática de nuestros sistema fiscal, para marzo de 2014. Esto es positivo y correcto. Sin embargo, de lo que se vuelve a olvidar la Comisión Europea es de que España dedica menos recursos que ningún país europeo comparable a la lucha contra el fraude fiscal. Esto es al menos lo que señalan los informes de la OCDE: España invierte en lucha contra el fraude fiscal menos de la mitad que Alemania, o un tercio que Francia, como porcentaje del PIB. Si España invierte en lucha contra el fraude un euro por cada 5,70 Euros que invierte Alemania, no podemos esperar resultados similares.

Por otra parte, si el lector espera precisión técnica, es preferible que busque otros documentos. La Comisión Europea insta a España a eliminar el "sesgo favorable al endeudamiento del impuesto de sociedades". Esto es imposible, una sociedad que está endeudada paga intereses y tiene menos capacidad de pago que otra que no los paga porque se ha financiado con capital. Si no se cree que deber dinero al banco implica pagar intereses, y supone menor capacidad económica, le sugiero que lo consulte con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En consecuencia, la única forma de eliminar "el sesgo favorable al endeudamiento" es suprimir el impuesto de sociedades. España tiene, como explicábamos la semana pasada, la norma de limitación de gastos financieros más dura de Europa, mucho más que la alemana. Seguramente, España se merece muchas críticas pero no que una norma de 2012 no elimine de forma mágica el endeudamiento que han acumulado nuestras empresas en una década, aunque le guste a nuestros acreedores.

En fin, parece que la Comisión Europea pierde la paciencia con España y exige reformas, pero muchas cosas quedan, intencionadamente, o no, que diría un gallego, en el tintero, probablemente, las más importantes. Esto no es una buena noticia para España, pero en una crisis económica, política y estructural cada vez más dura, lo que no podamos o queramos hacer en España, ni lo hará Europa, ni obligará a hacerlo, ni, en algunos casos, sabrá cómo hacerlo. Europa, Europa: tan lejos y tan cerca.


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