El Precio de la Civilización

Críticas fáciles a la reforma fiscal

Estos días todos estamos oyendo hablar mucho de la propuesta de reforma fiscal del comité de expertos. La propuesta es muy extensa y ocupa 440 folios. De hecho hay nada menos que 125 propuestas de cambio. En 440 folios es imposible tanto acertar en todo, como no tener ni una sola buena idea. En consecuencia, y empezando por la parte positiva, las ideas de poner orden en el caótico sistema autonómico de impuestos supuestamente medioambientales merecen un aplauso. Otro planteamiento que es una exigencia de puro sentido común es establecer unos mínimos en el impuesto de sucesiones. España no puede tener 20 impuestos distintos de sucesiones, que van desde la bonificación del 99% en Madrid (entre padres e hijos), a más de un 80% de tributación que puede tener que pagar una persona al heredar de un no familiar, en función del patrimonio que tuviese antes. Estos 20 sistemas no son un impuesto, sino 20 formas distintas de equivocarse.

Ahora bien, el núcleo de la reforma es una rebaja del IRPF, tanto de las rentas del trabajo, como de las del capital, financiada con una "reclasificación" de productos en el IVA. Lo de la reclasificación es una subida del IVA de un 110% a múltiples productos que, en el siglo XXI se consideran de primera necesidad. Por ejemplo, si por una pieza de carne antes se pagaban 10 euros y un 10% de IVA -total 11 euros-, ahora pasarían a pagarse 10 euros y un 21% de IVA, 12,1 euros. Esto supone encarecer buena parte de la cesta de la compra a cualquier familia de clase media o baja en un 11%.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el IRPF es tremendamente progresivo nominalmente, probablemente demasiado progresivo. Esto quiere decir que las rentas elevadas del trabajo pagan unos tipos elevadísimos, pero también que los ciudadanos que menos ganan, los que no son ni mileuristas, o no pagan IRPF o lo hacen en una cuantía simbólica. Por consiguiente, estos ciudadanos, a menudo sin empleo o con empleos temporales, no se beneficiarían de la rebaja del IRPF, pero su cesta de la compra sí se encarecería. Por esta razón, resulta evidente que estos ciudadanos serían los claros perdedores de esta reforma fiscal.

Lógicamente, los ciudadanos de rentas más elevadas, que pueden ahorrar y que gastan en productos alimenticios menos porcentaje de su renta (porque pueden ahorrar más por tener más ingresos) serían los beneficiarios de una rebaja del IRPF que podría llegar en el último tramo a ocho puntos.

Subir el IVA cuando el consumo está muy débil puede ser contraproducente

Incluso, habría algunos que todavía se beneficiarían aún más. La comisión Lagares propone ampliar el régimen de "impatriados", más conocido como 'ley Beckham'. Mediante este régimen especial, algunos extranjeros que vienen a España tributan como no residentes. Ahora existe un límite de 600.000 euros de ingresos al año para acogerse por un máximo de cinco años. Con la reforma que propone el comité de expertos, se eliminaría el límite de 600.000 euros, el plazo pasaría a diez años, y además, como habría que reducir el tipo del impuesto sobre la renta de no residentes al mínimo del IRPF, los afortunados "impatriados" sólo pagarían el 20%. En fin, todo el mundo sabe que este sistema no ha servido para atraer brillantes científicos ni premios Nobel, sino básicamente futbolistas de élite.

El resumen de todo esto no parece muy equitativo. Subir los impuestos a la carne, las bebidas o el pescado debería ser el último cartucho recaudatorio y no una forma 'fácil' de financiar una reducción del IRPF. Ésta es, según el ministro Montoro una crítica fácil a la propuesta del comité de expertos. Existe una crítica aún más fácil, que fue reiterada hasta la saciedad en la presentación de mi libro ¿Hacienda somos todos? Impuestos y fraude en España (editorial Debate) hace unos días: para financiar una bajada de impuestos no habría que subir otros impuestos, sino disminuir el gasto público. Como señalaba en este acto Jesús Cacho, citando la propuesta fiscal de UPyD (que recojo, como la de los demás partidos en mi libro): "Sólo una radical disminución del gasto superfluo y de la 'burbuja administrativa' especialmente la territorial, legitimaría realmente el esfuerzo fiscal de los españoles".

Que ambas críticas sean fáciles no significa que dejen de ser ciertas. De todas formas, hay una tercera crítica, algo menos fácil pero que merece la pena reseñar. Dejando aparte consideraciones de justicia, una condición básica de esta reforma es que no cueste dinero a la Hacienda Pública, dado que tenemos un grave problema recaudatorio. Sin embargo, subir el IVA cuando el consumo está muy débil puede ser contraproducente. Si no hay mucha demanda, muchos empresarios no podrán subir los precios de sus productos, porque si no, no venderán. En estas condiciones, el IVA pasaría a ser simplemente un coste más. Ante esto, algunos empresarios defraudarán y otros realizarán un ajuste de costes, normalmente despidiendo personal o bajando salarios.

Esto no es teoría. Cuando a finales de 2012 se subió el IVA, se esperaba mucha más recaudación en 2013. Sin embargo, en el primer semestre de 2013 el consumo, en términos nominales, sin inflación cayó más de un 3%, el peor registro de toda la crisis. Además, las bases imponibles se cayeron un 9,3%. Esto implicaba que el fraude se disparaba y, en consecuencia, el incremento de recaudación fue muy inferior al esperado. Ya ha pasado y podría volver a ocurrir. No es el momento de volver a subir el IVA; y esta realidad no va a cambiar porque a esta medida se le cambie el nombre y se le llame reclasificación.

Con este panorama parece claro que esto no va a ser precisamente lo que haga el Gobierno en materia de impuestos pero, como diría Michael Ende en La historia interminable: "Ésa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión".


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