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¿Un estado solvente sin unas pensiones sostenibles?

Si el Estado español fuese una empresa cotizada, sujeta a la normativa contable internacional (IFRS), y tuviera por tanto que recoger en su balance el valor de sus compromisos por pensiones como los recoge cualquier multinacional acogida a esta normativa, sus estados contables pondrían muy en duda la solvencia, no ya la del propio sistema de pensiones, sino la del propio Estado.

Si el Estado español fuese una empresa cotizada, debería reflejar que el valor presente de sus compromisos por pensiones, entre las actuales pensiones en curso de pago, y las devengadas no causadas todavía (por los actuales cotizantes en activo), se sitúa entre 2,32 y 2,76 billones (sí, billones europeos) de euros.

Como contrapartida, si el Estado español fuese una empresa cotizada, a estas obligaciones podría oponer, restando, el fondo que tiene acumulado para hacerles frente, es decir, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que acumulaba un saldo estimado a 30 de septiembre de 0,04 billones de euros.

Por tanto, en neto, y solo en el caso de que el Estado español fuese una empresa cotizada, tendría que poner sobre la mesa (provisionar) un déficit por pensiones, en valor presente, de al menos 2,28 billones de euros (lo que supone 2,2 veces el PIB anual y unas 6,5 veces el montante total de los Presupuestos Generales del Estado para 2016).

¿Sería entonces señalado por gravísimos problemas de solvencia y deberían tomarse medidas urgentes de recapitalización al estilo de las sufridas por las entidades financieras en España en los últimos años (rescate incluido)? Seguramente sí, si no fuera porque las cifras mencionadas son difícilmente rescatables (imposibles) por ninguna entidad o asociación de entidades, europeas o internacionales (Troikas incluidas).

Afortunadamente el Estado español no es una empresa, ni cotiza en un mercado ni tiene que reportar de esta forma sus estados financieros ni, por supuesto, dar explicaciones a ningún accionista.

No tiene obligación de provisionar sus compromisos por pensiones y le basta con gestionar una caja donde “solo” (nada más y nada menos) tiene que procurar que cada año los ingresos que recibe de los cotizantes (empleo) sean mayores que los pagos que tiene que hacer a los pensionistas, ayudándose del Fondo de Reserva los años que aparecen pequeños descuadres (como los últimos).

Queríamos sin embargo hacer este ejercicio teórico para aportar otra dimensión al debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y su problemática, y dar otra perspectiva, llamando la atención sobre la necesidad de retomar foros de consenso (¿Pacto de Toledo?) y de buscar acuerdos que faciliten nuevas reformas y nuevas alternativas de financiación del sistema público de pensiones (¿nuevos impuestos?), en los próximos (inmediatos) meses.

Porque si la problemática no se retoma en el corto plazo, y no se aborda con seriedad y rigor, manteniéndose al margen de disputas políticas, y con un amplio consenso social que permita tomar las medidas de planificación necesarias y adecuadas, acabará siendo un problema de tal magnitud que irremediablemente lastrará a la totalidad del Estado, afectando finalmente a ciudadanos (pensionistas o no), empresas, e instituciones, comprometiendo su solvencia, con todo lo que esto implica.


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