El Blog de Rubén Osuna

El aborto, la irracionalidad y la hipocresía

El ministro Gallardón ha planteado una reforma de la Ley del aborto de 2010, reintroduciendo la prohibición general con la excepcionalidad de unos pocos casos. Justifica el, a su juicio, “ultraprogresista” proyecto de reforma con el argumento central de proveer de protección al más débil, al que no tiene voz para manifestarse.

En 1985 el Gobierno socialista aprobó una ley de supuestos. Toda ley de supuestos incorpora además plazos. A uno de los supuestos, riesgo para la salud psíquica de la embarazada, se podía acoger la mujer sin control efectivo para abortar dentro de la ley. Por ello, en la práctica, la ley de 1985 era una ley de plazos.

En 2010 otro Gobierno socialista decide reformar el texto anterior eliminando la hipocresía de los supuestos, y revisando razonablemente los plazos. En esencia apenas cambió nada, pues puede decirse que en España, desde 1985, el aborto es libre dentro de unos plazos, al igual que en la gran mayoría de los países de nuestro entorno europeo.

El actual Gobierno asegura que con su reforma se vuelve a la situación de 1985, lo cual es manifiestamente falso. La falsedad reside no tanto en la diferencia en los casos que despenalizarían el aborto, sino en la declarada voluntad de introducir controles efectivos que imposibiliten en la práctica un aborto libre dentro de ciertos plazos establecidos.

Se equipara de alguna forma el aborto con una suerte de asesinato. De ahí que se prohíba en general y se reduzcan las excepciones a muy contados supuestos, supeditados siempre al albur de un dictamen médico profesional. El Estado por tanto, y en cumplimiento de su deber con los más débiles, se erige en acérrimo defensor del nasciturus, convirtiendo en sacrosanto su derecho a vivir, e imponiendo indefectiblemente al resto de seres humanos la obligación inapelable de sostener esa incipiente vida “a sus expensas”, incluso en contra de su voluntad.

No le importa al ministro y a quienes le apoyan demoler el principio de inviolabilidad del cuerpo humano “noli me tangere”, por el cual nadie puede quedar obligado a soportar sometimiento o violencia alguna contra su cuerpo aun cuando se encuentre justificado por el interés de un semejante. El corolario relativo al aborto es, en efecto, que una mujer está obligada a gestar y dar a luz si ha quedado embarazada.

Muchas son las situaciones aberrantes a las que puede conducir este inusitado “ultraprogresismo”, especialmente en los casos de malformación del feto, que en la nueva ley, y a diferencia de la de 1985, ya no sería un supuesto despenalizador. Pero con ser llamativas, no son el tema central. Pensemos por un momento a dónde nos conduciría la demolición del principio de inviolabilidad -en virtud del cual se impide por ejemplo a los médicos proceder a una intervención, ya sea útil o necesaria, sin el consentimiento del paciente-, en otros ámbitos nada baladíes, como son las donaciones de órganos entre humanos.

Cuesta mucho imaginar un gobierno, que en aras de un bien pretendidamente superior, promueva normas que obliguen a donar en vida órganos no indispensables para el donante (un pulmón, un riñón, parte de un hígado, sangre), si con ello salváramos la vida de otra persona. Curiosamente, la Iglesia Católica considera en el apartado 2296 de su Catecismo que incluso la donación de órganos después de la muerte, y no digamos ya en vida, “es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento.”

Pero aceptado que una embarazada está obligada a sostener la vida de otro ser no viable por sí mismo, “a sus expensas”, sin importar su consentimiento, habría que extender el principio y aceptar también, por ejemplo, que el Estado pueda obligar a cualquier ciudadano a someterse a la extirpación o extracción de una parte de su cuerpo que no le resulte vital con el fin de salvar la vida de otro.

¿Cuál sería la reacción de quienes defienden la prohibición del aborto ante una norma como esa? Antepondrían sin duda la libertad del individuo y el derecho a la inviolabilidad de su propio cuerpo, incluso si ello implica la muerte no ya de un feto, sino de cualquier persona con derecho a la vida.

El principio general de que estamos obligados a sostener la vida de otro “a nuestras expensas” o a cambio de la propia no es aceptable en ningún caso.

La defensa de la libertad –regulada- sobre este tema se ha planteado mal, poniendo el énfasis en los derechos adquiridos de la mujer, cuando en realidad se trata de algo aún más violento que eso, pues se introduce de forma totalmente injustificada una excepción especial a un principio general. Esto se hace además aprovechando un momento político propicio, y con el impulso decidido de grupos religiosos. 


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