El Blog de J. de Mendizábal

¿Por dónde empezamos?

A diario se puede escuchar o leer a comentaristas, articulistas y tertulianos citar a la sociedad civil y empresarial como co-partícipes de la debacle en la que estamos inmersos. Debacle moral, económica y social. Pues bien, no se puede estar de acuerdo con semejantes afirmaciones. La sociedad y el empresariado, en todo caso, tratan de adaptarse al entorno que les ha tocado vivir. Y, en muchas ocasiones, más que adaptarse, sólo de defenderse.

Hace ya muchos años, época de la mayoría absoluta del PSOE, un ministro dio en el clavo: "Ellos podrán tener razón, pero yo tengo el B.O.E.". Y, tan cierto. Con un simple decreto podían cambiar las reglas del juego sobre cualquier tema, en un visto y no visto. Por si no había quedado claro quién mandaba aquí, se cambiaron las leyes que hacían posible que la independencia de los jueces fuera el último garante de que, frente al poder público/político, siempre cabría la posibilidad de recurrir, demandar, exigir justicia, en definitiva. Es decir, en mitad de un partido de fútbol, resultó que un equipo podía cogerla con la mano y el otro no, claro. El otro equipo éramos todos los ciudadanos y, por supuesto, todos los empresarios. Ahí empezaron los males que, hoy, han explotado todos a la vez.

Ciertamente, muchos años después, estamos en las mismas. O peor. Las garantías en un sistema democrático son las leyes -mejor dicho, el cumplimiento de las mismas-, los jueces independientes y, en último caso, los medios de comunicación que pueden ejercer de denunciantes. Pero el sistema se corrompe cuando el incumplimiento de las leyes no es penado en consecuencia o cuando puedes cambiar esas leyes porque no te convienen o, llegado el caso, puedes utilizar al Tribunal Constitucional (no sé por qué se llama así, si en el mismo no todos son jueces) o, finalmente, la vía de los indultos gubernamentales. El sistema se corrompe cuando puedes, desde el Gobierno (amparado en el poder legislativo), cambiar, quitar y poner, elegir el Consejo General del Poder Judicial y, en consecuencia, parte del Supremo. El sistema se corrompe cuando puedes mediatizar a los medios. Y se corrompe absolutamente cuando un proceso judicial puede durar 15 años o más.

En estas circunstancias, pedir a un empresario importante, a un bufete de prestigio o a cualquier persona medianamente relevante que eleve su voz y denuncie a aquellos que tienen el poder de cambiar las leyes que les afectan a sus negocios o incluso personalmente, es pedir peras al olmo. Por ello, la mayoría tienen que escudarse en asociaciones, fundaciones, patronales o en movimientos sociales para decir lo que piensan, pero no lo pueden decir en primera persona. Y no pueden porque el B.O.E. sigue estando ahí y la Justicia, en sus últimas instancias, no es independiente del poder político.

Entre todos los temas que hay que cambiar en este país subvencionado, educativamente desastroso, de un estatismo intervencionista insoportable, donde reina la inseguridad jurídica, lo primero que habría que acometer es la recuperación de la independencia del Poder Judicial. Dado que tenemos que volver a hacer un Estado viable –ahora no lo es- empecemos por los cimientos y volvamos a Montesquieu y la separación de poderes. Hay que decir que, por el momento, vamos exactamente en la dirección contraria.


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