El Blog de J. de Mendizábal

Y si no se cumple ¿qué?

El Gobierno y, en general, sus delegaciones en las comunidades autónomas, recuerdan cada dos por tres que hay que cumplir la Ley y acatar las sentencias de los tribunales... pero dirigiéndose, no a la población en general, ¡sino a otras instituciones y cargos del Estado! ¿Cómo es posible que haya que repetir lo obvio? Evidentemente porque se incumplen ambas cosas sistemáticamente desde los propios poderes públicos. Si a los cargos y representantes políticos hay que recordarles, desde el Gobierno, que sería conveniente cumplir la Ley ¿en qué fase del proceso prerevolucionario nos encontramos exactamente? Y, sobre todo, ¿por qué hemos llegado hasta aquí?

Empezando por la segunda cuestión: hemos llegado hasta aquí porque en España saltarse la ley a la torera en el ámbito público no tiene coste alguno (en el privado, las cosas cambian sustancialmente). Hace un par de meses escuchaba una entrevista de Carlos Herrera a Luis Garicano -profesor economista de la London School of Economics- en la que comentaba que "la corrupción afecta gravemente a la imagen de España en el exterior, pero no porque no haya probablemente la misma en otras partes del mundo desarrollado, sino porque en España, aun conociendo a los culpables, los procesos se eternizan y, al final, no pasa nada. No hay nadie en la cárcel". Y ponía ejemplos concretos. Cierto, pero es que, además, el asunto ni mucho menos se queda en la corrupción. Se amplía a la protección de la propiedad privada (Gordillo, aforado, asaltando fincas...), al derecho a la intimidad, al honor, a la privacidad (escraches, extorsión...), a educarse o rotular en español... pongan el derecho privado que les plazca, vulnerado por personajes pagados por todos. Hay casos para aburrir.

Volviendo a la primera cuestión (la fase exacta del proceso prerevolucionario en el que nos encontramos) hemos de concluir que progresamos adecuadamente. Presidentes de comunidades autónomas declaran abiertamente que no piensan cumplir sentencias firmes, que no piensan aplicar tal o cual tasa o impuesto estatal, que van a hacer lo que les venga en gana, en definitiva. Esto es perfectamente ampliable a ayuntamientos sin banderas, por poner sólo un ejemplo.

¿Y qué? ¿Qué pasa en las diferentes comunidades, ayuntamientos, países y naciones que conforman lo que se viene denominando Estado español si los distintos poderes públicos no cumplen la Ley o las sentencias condenatorias? NADA. No pasa nada. Este es el problema. No hay miedo a la sanción, caso de haberla. Les sale gratis incumplir. Nadie es inhabilitado, ni apartado de la vida pública de inmediato, ni mucho menos, detenido.

Las sanciones, multas, penas las inventaron los romanos para poder vivir en sociedad (antes, directamente, te cortaba la cabeza el de al lado). Nuestro Derecho proviene en un porcentaje altísimo de su Derecho. Deberíamos volver a lo más básico, dado que se han traspasado los fundamentos mínimos de lo razonablemente admisible.

Y, desde luego, no vale que la señora vicepresidenta les/nos recuerde que España es un Estado de Derecho, que hay que cumplir la Ley y acatar y cumplir las sentencias ¿No me diga? ¿Seguro? ¿Y si no, qué pasa?

Pregunta final: Caso de no ir ciego como un piojo o huyendo de la policía ¿por qué no va usted a 180 km/h por la carretera? Por miedo a la sanción. Pues eso.


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